Cada mañana España despierta con una nueva discusión política. Una declaración, una investigación judicial, una negociación parlamentaria o una encuesta monopolizan la conversación durante unas horas. Al día siguiente llega otro asunto que desplaza al anterior. En ese ciclo casi permanente resulta llamativo lo poco que hablamos del país que tendremos dentro de diez años.
¿Quién está pensando cómo será España en 2036?
El ruido del presente produce la ilusión de una política muy activa, aunque buena parte de las transformaciones decisivas avanza fuera del foco y sin una deliberación pública a su altura.
Ese futuro ya tiene fecha.
Para entonces habrá cambiado la estructura de la población, millones de empleos habrán sido redefinidos por la automatización y la inteligencia artificial, el sistema eléctrico será todavía más renovable, la escasez de agua condicionará nuevos territorios y los servicios públicos deberán atender a una sociedad más longeva y diversa.
Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística anticipan que España ganará más de cuatro millones de habitantes durante los próximos quince años, fundamentalmente gracias a la inmigración. Al mismo tiempo, el porcentaje de mayores de 65 años continuará creciendo y el saldo entre nacimientos y defunciones seguirá siendo negativo. El futuro español será más poblado, más envejecido y más plural.
Nada de ello constituye una amenaza inevitable. Una sociedad longeva expresa avances sanitarios y sociales extraordinarios, y la inmigración aporta población, trabajo, cotizaciones y vitalidad cultural a un país con apenas 1,10 hijos por mujer. Lo verdaderamente irresponsable sería actuar como si estos cambios pudieran administrarse con instituciones y políticas concebidas para la España de finales del siglo XX.
Habrá que decidir cómo se financian las pensiones, cómo se organiza el sistema de cuidados, qué ciudades pueden absorber el crecimiento de población, cómo se garantiza una vivienda asequible y qué políticas de integración convierten la diversidad en ciudadanía compartida. La AIReF lleva años advirtiendo de que el envejecimiento ejercerá una presión creciente sobre las cuentas públicas y reclama abordar esa realidad desde una perspectiva global, no mediante ajustes aislados ni alarmismos interesados.
También habrá que decidir qué posición aspira a ocupar España en la transformación tecnológica. La inteligencia artificial no modificará únicamente los empleos más mecánicos. Alterará la medicina, la educación, la justicia, la administración pública y las industrias culturales. La cuestión relevante no consiste en adivinar cuántos puestos desaparecerán, sino en determinar quién controlará esa tecnología, cómo se repartirán sus beneficios y qué formación permitirá a la mayoría participar en la nueva economía.
El futuro nunca es neutral y tampoco llega repartido de forma equitativa. Cuando la política renuncia a orientarlo, lo diseñan quienes disponen de más capital, información y poder.
Durante los últimos años han reaparecido instrumentos de planificación que parecían desterrados del debate público. Los fondos europeos, la política industrial, la planificación energética o la estrategia España 2050 apuntan en esa dirección. La cuestión ya no consiste únicamente en poner en marcha esas herramientas, sino en lograr que sobrevivan a cada cambio de mayoría y dejen de depender del calendario electoral.
El problema, en realidad, no pertenece solo a un partido. La política española dedica enormes esfuerzos a discutir el presente y muy pocos a construir consensos sobre el país que existirá cuando quienes hoy gobiernan y quienes hoy hacen oposición ya no ocupen esos escaños.
Pensar España a diez años exige incorporar la ciencia a la decisión política, evaluar las leyes más allá de su impacto inmediato y aceptar que algunas inversiones no ofrecen rendimiento electoral rápido. Exige también grandes acuerdos sobre agua, educación, energía, vivienda, cuidados e investigación, materias que no pueden comenzar de nuevo cada cuatro años.
España dispone de diagnósticos, universidades, empresas y servidores públicos capaces de diseñar ese horizonte. Lo verdaderamente difícil no es imaginar el futuro. Es encontrar un espacio político dispuesto a discutirlo antes de que se convierta en una urgencia.
Quizá el verdadero indicador de madurez de un país no sea únicamente cómo resuelve sus problemas inmediatos. También importa cuánto tiempo es capaz de pensar antes de que esos problemas lleguen.
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