El 2025 es un punto de inflexión en el debate sanitario. La combinación de escándalos de gestión, datos oficiales y resistencias políticas ha hecho visibles los efectos de un modelo de colaboración público-privada que llevaba años operando sin un escrutinio real.
La negativa del Partido Popular a abrir una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre lo ocurrido en el Hospital de Torrejón cerró el año con un gesto político elocuente. No se trataba solo de evitar una comparecencia incómoda, sino de blindar un modelo que, por primera vez, había quedado expuesto con pruebas directas. Las grabaciones atribuidas a la dirección del centro —en las que se instaba a priorizar tratamientos rentables frente a pacientes costosos— condensaron en unos minutos lo que durante años había sido una denuncia abstracta: cuando la gestión sanitaria responde a incentivos de beneficio, la atención deja de ser neutral.
Lo relevante no fue únicamente el contenido de los audios, sino la reacción institucional posterior. Frente a la gravedad de lo escuchado, la respuesta política optó por cerrar filas y desplazar el foco. Esa decisión convirtió un caso concreto en un síntoma estructural: el problema ya no era Torrejón, sino la ausencia de mecanismos de control efectivos sobre centros financiados con dinero público y gestionados por empresas privadas.
Un modelo antiguo, una polémica tardía
El esquema no es nuevo. El llamado modelo Alzira se implantó a finales de los noventa bajo la promesa de eficiencia y ahorro. La administración cedía suelo, financiaba la infraestructura y garantizaba pacientes; la empresa gestionaba el hospital y obtenía un canon por cada ciudadano asignado. La teoría hablaba de innovación. La práctica, con el paso del tiempo, mostró incentivos perversos: reducir plantillas, derivar casos complejos y maximizar pruebas rentables.
En la Comunidad Valenciana, la reversión de varias concesiones permitió contrastar resultados. Los hospitales recuperados por la gestión pública no colapsaron ni dispararon el gasto, como se auguraba, y sí mejoraron indicadores de estabilidad laboral y continuidad asistencial. Ese precedente explica en parte por qué el debate ha sido incómodo en otros territorios donde el modelo sigue vigente.
Madrid es el ejemplo más acabado. La expansión de hospitales gestionados bajo fórmulas privadas se convirtió durante años en un emblema político. Torrejón, inaugurado en 2011, fue uno más dentro de esa estrategia. Las prácticas descritas por profesionales que pasaron por el centro —clasificación de pacientes según su rentabilidad, presión para incrementar pruebas a quienes no pertenecían al área— encajan con una lógica empresarial coherente, pero difícilmente compatible con los principios de un sistema público.
Datos que ya no admiten ambigüedad
En paralelo a los escándalos, las cifras han terminado de cerrar el círculo. Uno de cada tres hospitales integrados en el Sistema Nacional de Salud está hoy en manos privadas. El número ha crecido de forma sostenida en la última década y el peso de las camas privadas dentro del sistema público se acerca ya al 18%. El gasto asociado a estos centros se ha disparado muy por encima del conjunto del sistema, con incrementos cercanos al 85% desde 2011.
No se trata solo de volumen, sino de desigualdad territorial. Comunidades como Madrid, Canarias, Baleares o Cataluña concentran los niveles más altos de privatización, mientras otras avanzan por una senda distinta. El resultado es un mapa sanitario fragmentado, donde el acceso, los tiempos de espera y la continuidad asistencial dependen cada vez más del código postal.
España, además, se sitúa claramente por encima de la media de la OCDE en gasto sanitario privado, tanto en porcentaje del total como en relación con el PIB. Ese dato cuestiona el relato de la excepcionalidad: no es una tendencia inevitable, sino una opción política sostenida en el tiempo.
Las reformas pendientes y sus límites
El anuncio de una futura Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud intenta responder a este escenario. La propuesta incluye la derogación de la norma de 1997 que abrió la puerta a las nuevas formas de gestión y pretende acotar la colaboración público-privada. Pero el enfoque genera dudas. Limitar no es revertir, y cualquier cláusula de excepcionalidad puede convertirse en una grieta por la que se cuele de nuevo el negocio.
El debate legislativo que se avecina no será técnico, sino político. La aritmética parlamentaria es frágil y la resistencia de quienes han hecho de la privatización un eje identitario será fuerte. Mientras tanto, 2025 deja una constatación difícil de eludir: la privatización sanitaria ya no se mide en informes o balances, sino en decisiones clínicas condicionadas por la cuenta de resultados. Ese es el cambio de fondo que ha quedado al descubierto este año.