El poder silencioso de los presidentes autonómicos

España continúa mirando cada mañana hacia Madrid para interpretar la política. Las cámaras esperan a los diputados en la Carrera de San Jerónimo, las portadas se escriben desde La Moncloa y las grandes discusiones parecen desarrollarse siempre alrededor del Congreso. Allí sigue situándose el escenario principal del poder. O, al menos, eso creemos, porque el mapa del poder ha cambiado.

En realidad, España ha evolucionado mucho más deprisa institucionalmente que culturalmente. El país funciona hoy como uno de los Estados más descentralizados de Europa, pero una parte importante del debate público continúa interpretándolo con categorías propias de hace varias décadas, cuando casi toda la atención política se concentraba en el Gobierno central.

Hace tiempo que España dejó de ser un país gobernado exclusivamente desde Madrid. El centro institucional del Estado sigue estando allí, pero la capacidad efectiva para decidir sobre buena parte de la vida de los ciudadanos se ha desplazado hacia otro lugar. Lo ha hecho de manera gradual, casi silenciosa, hasta configurar un equilibrio político muy distinto al que existía hace apenas treinta años.

La sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales, buena parte de la política de vivienda y una porción muy importante de la inversión pública dependen hoy de los gobiernos autonómicos. Son competencias que afectan directamente a millones de personas y que explican por qué la calidad de los servicios públicos ya no depende únicamente de las decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros.

Sin embargo, la conversación política continúa organizada como si toda la capacidad de decisión siguiera concentrándose en Madrid.

Esa es una de las grandes paradojas del modelo territorial español. El foco mediático permanece donde siempre estuvo; el poder, en cambio, se ha ido repartiendo entre diecisiete capitales autonómicas.

Durante muchos años se habló de los presidentes autonómicos como si fueran dirigentes regionales con capacidad para influir únicamente en la vida interna de sus partidos. Hoy esa definición resulta claramente insuficiente. Algunos administran presupuestos equivalentes a los de pequeños Estados europeos, gestionan las principales políticas públicas y condicionan de forma decisiva la estabilidad de cualquier Gobierno central.

Pero su influencia va mucho más allá de la gestión de sus comunidades. Los presidentes autonómicos también se han convertido en actores imprescindibles de la política nacional. Las conferencias de presidentes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera o las negociaciones internas dentro del PP y del PSOE muestran hasta qué punto los liderazgos territoriales participan ya de las grandes decisiones del Estado.

También los partidos nacionales han terminado adaptándose a esa realidad. Ninguna dirección estatal puede permitirse hoy ignorar a sus dirigentes autonómicos. Los resultados electorales en las comunidades condicionan congresos internos, liderazgos y estrategias nacionales. Lo que ocurre en Sevilla, Santiago, Valladolid, Valencia o Barcelona rara vez permanece dentro de sus propias fronteras. Antes o después acaba influyendo en el conjunto de la política española.

Cataluña continúa ocupando un lugar singular. Su peso económico, demográfico y parlamentario convierte a la Generalitat en un actor imprescindible para entender la política española. Pero hace tiempo que el mapa dejó de terminar allí.

Andalucía gobierna sobre casi nueve millones de habitantes y ejerce una influencia creciente dentro del Partido Popular. Madrid marca buena parte del debate sobre fiscalidad y modelo económico. El País Vasco mantiene una posición negociadora derivada de su singularidad institucional. Galicia conserva una capacidad de influencia política muy superior a la que le correspondería por población. La Comunidad Valenciana ha convertido la reforma del sistema de financiación autonómica en una de las grandes cuestiones pendientes del Estado.

Cada una de esas comunidades representa intereses distintos. Todas participan ya de una misma realidad. Son auténticos centros de poder político.

Eso explica que muchas de las grandes discusiones de esta legislatura tengan una dimensión claramente territorial. La financiación autonómica, la política de vivienda, la gestión del agua, la transición energética o la sanidad ya no pueden abordarse únicamente desde un ministerio. Requieren acuerdos permanentes entre administraciones que cuentan con legitimidad política propia.

La integración europea ha reforzado todavía más ese protagonismo. Buena parte de los fondos europeos, de las políticas agrarias, industriales o medioambientales y de numerosas estrategias de innovación dependen hoy de una gestión compartida en la que las comunidades autónomas desempeñan un papel decisivo. Bruselas hace tiempo que dejó de relacionarse exclusivamente con los gobiernos nacionales.

Todo ello ha ocurrido sin necesidad de grandes reformas constitucionales. El Senado nunca llegó a convertirse en la verdadera cámara territorial que muchos imaginaron durante la Transición. La práctica política terminó resolviendo esa cuestión por otra vía. Mientras el Senado permanecía prácticamente inalterado, las comunidades autónomas acumulaban competencias, recursos y capacidad de influencia.

Quizá esa sea una de las transformaciones menos comentadas de la democracia española. El Estado autonómico ya no constituye únicamente una forma de organizar el territorio. Se ha convertido en una de las principales arquitecturas del poder político en España.

La paradoja resulta evidente. Seguimos interpretando la política desde Madrid porque allí continúa concentrándose la mayor parte de la atención mediática. Sin embargo, muchas de las decisiones que condicionan la vida diaria de los ciudadanos se toman en Santiago, Sevilla, Vitoria, Barcelona, Valencia o Valladolid.

Comprender la España de hoy exige seguir mirando a Madrid, pero ya no basta con hacerlo. El poder español ha dejado de ser vertical para convertirse en una red mucho más compleja donde las comunidades autónomas ya no son únicamente administraciones territoriales. Son actores políticos de primer nivel. Y entender esa transformación quizá sea una de las claves para interpretar la España que viene.