La narrativa del éxito macroeconómico que utiliza el Gobierno de Pedro Sánchez como único elemento positivo de su gestión convive hoy con una España mucho menos complaciente: la de las familias que recortan comidas, retrasan pagos y apuran ayudas para poder sostener lo básico. Cáritas lo resume sin rodeos: “La pobreza se consolida como un fenómeno profundo, multidimensional y sostenido en el tiempo”, una frase que desmonta la propaganda de la bonanza cuando se mira el país desde abajo y no desde el escaparate macroeconómico.
El contraste es especialmente incómodo para el Gobierno de Pedro Sánchez, que insiste en exhibir cifras de crecimiento, empleo y resiliencia, mientras la evidencia social apunta en otra dirección. Según los datos citados por Cáritas y su informe Foessa, en España hay 4,3 millones de personas en pobreza severa, y una de cada diez padece inseguridad alimentaria, es decir, vive sin la certeza de poder comer con normalidad. No se trata de una periferia invisible ni de un problema marginal: es una fractura social que atraviesa barrios, municipios y hogares cada vez más golpeados por el coste de la vida.
La brecha entre el discurso oficial y la realidad cotidiana se vuelve más evidente en la cocina que en el Parlamento. 2,8 millones de personas se han visto obligadas a renunciar a una dieta saludable, reduciendo cantidades o saltándose comidas, mientras 686.000 pasan días enteros sin comer. Esa es la fotografía que explica por qué tantos relatos institucionales sobre la mejora económica suenan lejanos para quienes viven al borde del abismo material. El crecimiento existe en los indicadores, sí, pero no baja a la mesa.
El caso de Marta Lorenzo ilustra esa distancia con una crudeza que ninguna rueda de prensa puede suavizar. Emigró a España buscando una vida mejor y encontró un mercado laboral en negro, precario y mal pagado, atravesado además por la discriminación de la edad y la irregularidad administrativa. Su testimonio revela una verdad que la propaganda económica suele omitir: para demasiadas personas, el problema no es solo trabajar, sino hacerlo en condiciones que no permiten salir de la pobreza.
La red de Cáritas actúa como termómetro y como red de emergencia en un país donde la protección institucional no llega con la misma fuerza a todos. Durante 2025, la organización apoyó a más de 615.000 personas en sus necesidades alimentarias, una cifra que representa más de la mitad de todas las personas acompañadas por la entidad en España. El dato no solo habla de pobreza; habla de una pobreza que ya se ha normalizado como parte del paisaje social, mientras el poder político insiste en subrayar la fortaleza de la economía sin medir el hambre como indicador de bienestar.
La clave del deterioro está en dos palabras que el debate público usa con frecuencia pero pocas veces con suficiente precisión: vivienda y alimentación. Son los dos grandes gastos de los hogares y también los dos que más se han encarecido. Comprar una casa cuesta hoy un 13% más que hace un año y los alimentos básicos continúan disparándose con subidas de hasta el 16% en legumbres, el 15% en hortalizas, el 14% en huevos y el 10% en pescado. Con esa presión, el salario deja de ser un instrumento de ascenso y pasa a ser un simple mecanismo de supervivencia.
Manuel Bretón, presidente de Cáritas, advierte de que el crecimiento económico no está logrando reconectar con el bienestar social. El motivo, según la propia organización, es una combinación letal: vivienda cara, inflación alimentaria y empleos precarios o insuficientes. La precariedad se concentra especialmente entre mujeres, personas en búsqueda de empleo y trabajadores con salarios bajos o contratos frágiles. La pobreza ya no es únicamente ausencia de ingresos; es una forma de vida determinada por la incertidumbre permanente.
La parte más política de esta crisis no está solo en los datos, sino en el uso que se hace de ellos. El Gobierno de Sánchez ha convertido la evolución macroeconómica en un argumento de legitimidad, pero ese relato pierde fuerza cuando se enfrenta a la evidencia de que millones de ciudadanos no pueden llenar la nevera ni sostener el alquiler sin renuncias extremas. La propaganda del éxito económico se agrieta cuando la clase media se encoge, la movilidad social se bloquea y la vivienda se convierte en una barrera casi insalvable.
La España de Sánchez es el mejor ejemplo de un país que funciona a dos velocidades: la de los gráficos oficiales y la de los hogares que cuentan los euros para comer. Y mientras la primera permite hablar de recuperación, la segunda obliga a hablar de precariedad, exclusión y un deterioro material que no desaparece por decreto ni por relato. La pobreza ya no es una anomalía pasajera, es una estructura persistente que desmiente la autosatisfacción del poder.