Hay preguntas que no se hacen porque incomodan a quienes deberían hacerlas. En el caso de las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero, la pregunta ausente es tan elemental que su ausencia resulta más reveladora que cualquier respuesta: ¿qué ocurrió con esas piezas durante los diecinueve años que median entre el supuesto regalo institucional del rey saudí Abdalá bin Abdulaziz y el momento en que los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) las encontraron el pasado 19 de mayo en una caja fuerte del despacho que el expresidente mantiene en la calle Ferraz de Madrid?
La trazabilidad, esa cadena documental que acredita el origen, el tránsito y la situación fiscal de un bien, es el concepto central de la investigación que instruye en la Audiencia Nacional el magistrado José Luis Calama dentro de la pieza separada del caso Plus Ultra. Y es, paradójicamente, el concepto que más brilla por su ausencia en el relato público que rodea a este escándalo. El entorno de Zapatero ha construido una coartada narrativa basada en el calendario: si el regalo fue en 2007, los posibles delitos habrían prescrito. Pero esa estrategia jurídica, discutible en sí misma, elude de manera ostensible la verdadera cuestión: el recorrido de esas joyas no aparece documentado en ningún registro oficial durante casi dos décadas.
El regalo que nunca pasó por la aduana
Cualquier persona especializada en diplomacia sabe que los regalos entre jefes de Estado o jefes de Gobierno siguen un protocolo estricto. Los obsequios de mayor relevancia institucional no viajan en el bolsillo del presidente; los gestiona el equipo de protocolo, quedan registrados en inventarios de la visita de Estado y, según la normativa española, deben incorporarse al patrimonio del Estado. Así lo establecía, de forma ética aunque no vinculante jurídicamente, el propio Código de Buen Gobierno que el propio Zapatero aprobó en 2005, dos años y medio antes de la supuesta entrega.
El exministro de Industria Miguel Sebastián salió en defensa de su antiguo jefe con una revelación que, lejos de ayudarle, complica aún más el relato: admitió públicamente que era habitual que los obsequios de las monarquías del Golfo Pérsico se transportaran de regreso a España en el avión oficial, eludiendo los controles de aduana. Sebastián precisó que él, personalmente, había donado sus regalos a Patrimonio Nacional. Con esa distinción, el exministro trazó involuntariamente la línea divisoria entre la conducta correcta y la que está ahora bajo lupa judicial: donar a Patrimonio deja rastro; guardar en una caja fuerte, no.
La pregunta que nadie ha formulado con suficiente claridad es si existe algún documento saudí, español o de cualquier otra naturaleza que acredite la entrega de esas joyas en 2007. No un relato de entorno, no una declaración de exministros solidarios, sino un papel. Un protocolo firmado. Un inventario de regalos de la visita de Estado del rey Abdalá. Un albarán de la Casa Real saudí. Hasta la fecha, ese papel no ha aparecido.
Vacío documental
El magistrado Calama lo expresa con precisión jurídica en su auto de imputación: la posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante. La tasación preliminar encargada a la joyería Ansorena y al Instituto Gemológico Español cifró el conjunto en 1.323.915 euros: más de cien piezas de oro de dieciocho quilates, diamantes, rubíes, zafiros de Tailandia y esmeraldas naturales de Zambia, con un collar de diamantes valorado individualmente en 278.000 euros.
La normativa es nítida: la introducción en territorio español de bienes valorados en más de 150.000 euros sin facturas de importación ni justificantes de despacho aduanero supera el umbral que delimita la tipicidad penal del delito de contrabando, tipificado en la Ley Orgánica 12/1995 de Represión del Contrabando. Y si no existe documentación que acredite ni la donación ni el pago de impuestos (IVA de importación, Impuesto sobre Donaciones, o declaración como ganancia patrimonial en el IRPF), la Agencia Tributaria puede aplicar el tipo marginal del 46% sobre la ganancia patrimonial no justificada, una cuota que superaría con creces el umbral penal de los 120.000 euros.
La defensa de Zapatero ha intentado recabar certificados oficiales en países de Oriente Próximo que avalen la versión del regalo diplomático. Para ello, el expresidente cuenta con el concurso de su exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, muy bien relacionado con la diplomacia saudí. De hecho, apenas 48 horas después de las detenciones en el marco del caso Plus Ultra, en diciembre pasado, Zapatero y Moratinos coincidieron en Riad con el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, titular de Exteriores del reino, en un encuentro de la ONU. La casualidad tiene mal aspecto cuando se mira desde el interior de un juzgado de instrucción.
La coartada perfecta y sus grietas
La estrategia de la defensa reposa sobre una doble palanca: primero, que las joyas fueron un regalo institucional; segundo, que eso ocurrió en 2007, fecha que permitiría alegar prescripción de las infracciones. La maniobra tiene cierta elegancia procesal. Pero presenta grietas que un fiscal atento no dejará pasar por alto.
La primera grieta es de naturaleza probatoria: el rey Abdalá murió en 2015. El monarca que supuestamente realizó el regalo ya no puede confirmarlo ni desmentirlo. La defensa necesita que la diplomacia saudí actual (un reino con intereses geopolíticos propios y poco inclinado a mezclarse en escándalos judiciales europeos) certifique unos hechos de hace casi veinte años de los que no hay constancia documental inmediata.
La segunda grieta es normativa. El entorno de Zapatero sostuvo inicialmente que en 2007 no existía norma que obligara a rechazar las joyas o entregarlas al Estado. Esa afirmación es, cuando menos, inexacta. El Código de Buen Gobierno de 2005, impulsado por el propio Zapatero como bandera ética de su mandato, establecía con claridad que se rechazaría cualquier regalo que fuera más allá de los usos habituales de cortesía, y que los obsequios de mayor significación institucional debían incorporarse al patrimonio del Estado. Aquel texto era la norma vigente en el momento del supuesto regalo.
La tercera grieta, quizás la más incómoda, es política: solo un reloj de sobremesa dorado con esmeraldas fue declarado ante las autoridades. El resto del lote, más de cien piezas, permaneció en silencio documental absoluto durante diecinueve años, sobreviviendo a dos mandatos presidenciales, varios cambios de despacho y múltiples declaraciones de la Renta en las que, según todo indica, esos bienes no figuraron.
El patrón que sí se ha investigado en otros países
España no es el primer país que se enfrenta a la cuestión de las joyas saudíes no declaradas por un mandatario. En Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro fue investigado por intentar introducir en el país, sin declarar, joyas regaladas por autoridades de Arabia Saudí. Los agentes de aduanas encontraron las piezas en la mochila de uno de los militares que viajaban con la comitiva presidencial. El caso fue instruido, los bienes incautados y la investigación avanzó con una celeridad que contrasta llamativamente con la inacción que rodeó durante diecinueve años a las joyas de la caja fuerte de Ferraz.
La comparación no es baladí. En ambos casos, el vector de introducción del regalo en el circuito privado fue el avión oficial, una aeronave que en teoría no debería ser el vehículo para sustraer bienes de los controles aduaneros ordinarios. El testimonio de Miguel Sebastián, queriendo defender a Zapatero, confirmó que esa práctica era habitual en las delegaciones españolas. Lo que no explicó es por qué esa habitualidad, de ser cierta, no dejó ningún rastro en los protocolos de la Casa Real o en los inventarios de regalos que la Presidencia del Gobierno debería custodiar.
Responsabilidad por inacción
Hay una responsabilidad colectiva en este asunto que va más allá de la conducta individual de Zapatero o de sus colaboradores. Durante casi dos décadas, ningún periodista, ningún partido de la oposición, ningún órgano de control se preguntó qué había en esa caja fuerte ni cómo habían llegado allí esas joyas. La revelación llegó como consecuencia colateral de una investigación sobre un asunto completamente distinto (el rescate de la aerolínea Plus Ultra), lo que habla de la fortuna del azar judicial más que del escrutinio sistemático que debería rodear a los expresidentes del Gobierno.
España carece de un mecanismo efectivo de control patrimonial de sus altos cargos una vez que abandonan el poder. Las declaraciones de bienes se presentan al inicio y al fin del mandato, pero nadie audita qué sucede con los regalos institucionales recibidos durante el ejercicio del cargo. La normativa vinculante en materia de regalos a altos cargos no entró en vigor hasta la Ley 3/2015, casi una década después del supuesto regalo saudí y cuatro años después de que Zapatero abandonara La Moncloa.
Esa laguna normativa no exculpa a nadie. Que no existiera una ley específica con sanciones tasadas no significa que no existiera la obligación ética y la previsión normativa general. El Código de Buen Gobierno de 2005 era tan claro en sus términos que su autor no puede alegar desconocimiento de su espíritu. Y la legislación tributaria general no distingue entre mandatarios y contribuyentes ordinarios cuando se trata de justificar la posesión de bienes de valor extraordinario.
El silencio procesal y sus implicaciones
Durante su comparecencia ante la Audiencia Nacional, Zapatero respondió durante casi tres horas a las preguntas relacionadas con la causa principal del caso Plus Ultra, pero guardó silencio respecto a la pieza separada vinculada a las joyas. Su defensa solicitó más tiempo para reunir documentación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cerró filas con el expresidente y pidió respetar sus tiempos para ofrecer explicaciones. La portavocía del PSOE recordó que Zapatero es y seguirá siendo un referente moral para la izquierda española.
El silencio ante el juez es un derecho constitucional que nadie puede reprochar en abstracto. Pero cuando ese silencio se combina con la ausencia de documentación y con diecinueve años de opacidad patrimonial, el conjunto traza un cuadro que el magistrado Calama ha calificado, en términos jurídicamente medidos, como indicio objetivo y racional de defraudación tributaria relevante. En el lenguaje de los autos judiciales, esa formulación no es una suposición: es la umbral mínimo a partir del cual la instrucción penal está obligada a avanzar.
La trazabilidad de las joyas de Zapatero es, en definitiva, la ausencia de trazabilidad. Un regalo que nadie registró, que cruzó una frontera sin documento aduanero conocido, que no figuró en declaraciones tributarias, que reposó en silencio en cuántos sitios durante casi dos décadas y que solo salió a la luz porque la justicia estaba buscando otra cosa. La historia de esas joyas es, sobre todo, la historia de todo lo que en España se da por supuesto cuando el que guarda el secreto ha gobernado el país.