En plena crisis climática, el Consejo de Ministros da luz verde a una de las reivindicaciones históricas del personal que protege nuestros bosques: los coeficientes reductores que permitirán adelantar su edad de jubilación. Una medida de justicia laboral que reconoce la dureza y el riesgo de una profesión esencial y, sin embargo, maltratada durante décadas por gobiernos que optaron por privatizar, precarizar y desmantelar lo público. La derecha, atrapada en su cinismo negacionista, sigue apostando por la indiferencia climática y la mercantilización del riesgo.
Justicia laboral para quienes protegen lo común
La aprobación del coeficiente reductor para bomberos forestales no es solo una medida técnica: es un gesto de reparación. Una profesión con enorme carga física, psíquica y riesgo vital no puede seguir ligada a condiciones laborales que la tratan como estacional o sustituible. El reconocimiento anunciado por el presidente Pedro Sánchez significa que los años trabajados en condiciones extremas contarán más a efectos de jubilación, algo que dignifica una función absolutamente esencial.
Los bomberos forestales llevaban más de una década reclamando esta medida, y ahora, al fin, se corrige una injusticia prolongada que combinaba sueldos bajos, contratos temporales y ausencia de derechos específicos. En paralelo, el primer convenio colectivo entre Tragsa, bomberos forestales y agentes medioambientales —con una media del 30% de subida salarial— comienza a poner orden en un sector que, durante años, fue entregado a empresas privadas bajo el pretexto de la “eficiencia”.
Pero no basta con reconocer su labor cuando el monte arde y el telediario lo transmite en directo. La exigencia de los sindicatos, como CSIF, de crear un operativo público permanente y dimensionado, es una condición necesaria si se quiere responder seriamente a la emergencia climática. No es solo una cuestión laboral: es una política de Estado frente al fuego y el abandono rural.
La derecha negacionista prefiere mirar hacia otro lado
Mientras tanto, el Partido Popular y Vox siguen atrapados en su propia estrategia de cinismo climático. Ya no niegan el cambio climático con argumentos de tertulianos, pero siguen actuando como si no existiera: recortes en medio ambiente, ninguneo a los servicios públicos de prevención, y una política agraria más cercana al terrateniente que al agricultor que sufre la sequía.
El intento del Gobierno por impulsar un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática es, hoy por hoy, una iniciativa unilateral. Sánchez ha vuelto a llamar a la “reacción” frente a los eventos extremos —inundaciones, danas, sequías, incendios— que ya no son futuribles, sino realidades anuales. Pero la derecha opta por la obstrucción o el silencio.
Basta ver las políticas de gobiernos autonómicos como los de Andalucía, Madrid o Castilla y León, donde el negocio con la tierra, la caza o la especulación urbanística prevalece sobre cualquier política de prevención climática. La emergencia climática, para la derecha española, no es una prioridad, sino un estorbo ideológico. Su modelo sigue siendo reactivo, mediático, propagandístico. No hay voluntad de anticipación ni de reforma estructural.
La aprobación de los coeficientes reductores no es un privilegio, sino una deuda saldada. Reconocer el riesgo profesional de los bomberos forestales y mejorar sus condiciones laborales es apostar por una sociedad más segura, más justa y más preparada frente al colapso climático. Mientras el Gobierno actúa, con todas sus limitaciones, la derecha sigue gestionando el futuro como si fuera un inconveniente pasajero.
Porque lo que arde no es solo el monte: arde también la credibilidad de quienes niegan, bloquean o se esconden cuando toca proteger el bien común. Y eso sí que no tiene extintor.