La última legislatura española ya no es solo una legislatura difícil: es una legislatura paralizada. La cifra de apenas una treintena de leyes aprobadas, entre leyes orgánicas y ordinarias, frente a las más de 120 de la legislatura anterior y muy lejos de las etapas en las que PSOE y PP superaban con holgura las 300, no describe un simple descenso en el ritmo parlamentario, sino algo mucho más grave: la pérdida de pulso del sistema político. Cuando un Gobierno no consigue transformar su mayoría inestable en producción legislativa, lo que se impone no es la reforma, sino la supervivencia. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo.
El dato es demoledor porque no admite demasiadas coartadas. Según el recuento parlamentario disponible, la XV Legislatura acumula en estos momentos unas 33 leyes aprobadas, una cifra que, aunque pueda crecer algo más antes del final del mandato, sigue siendo claramente insuficiente para un ciclo político completo y no se acerca ni remotamente a los estándares de etapas anteriores. En comparación, la legislatura inmediatamente anterior dejó una producción muy superior y, si se amplía el foco a mandatos de mayorías claras, el contraste es todavía más brutal: hubo gobiernos que, en condiciones políticas más favorables, aprobaron más de 300 normas con rango legal a lo largo de su ciclo. El problema no es solo cuantitativo; es de fondo. Cuando el Congreso deja de ser una fábrica de leyes para convertirse en un escenario de vetos cruzados, el país entra en una forma de inmovilidad institucional que acaba afectando a todo.senado
La consecuencia más visible es que la actividad legislativa ha quedado reducida a la mínima expresión. El Gobierno presenta iniciativas, sí, pero su capacidad para convertirlas en ley se ha erosionado entre la aritmética parlamentaria, los bloqueos internos, la negociación permanente con socios dispares y la fragilidad de una mayoría que nunca ha sido estable. La legislatura se ha vuelto casi una sucesión de maniobras tácticas destinadas a evitar derrotas, más que a construir un proyecto coherente de país. Y eso, en términos políticos, equivale a una confesión de debilidad. Gobernar no es solo resistir en el poder; es producir normas, ordenar prioridades y dar dirección a la vida pública. Cuando esa función se desdibuja, la legislatura pierde sentido.
No es casual que esta etapa se perciba como una de las más pobres en términos legislativos desde hace años. La comparación con la legislatura anterior resulta especialmente incómoda porque aquella, aun con sus propias tensiones, logró superar con claridad el umbral de las 120 leyes. Ahora, en cambio, el ritmo se ha estancado en cifras que recuerdan más a una fase transitoria que a un período de gobierno completo. Y si se mira hacia atrás, la diferencia con los grandes ciclos legislativos del pasado resulta todavía más ilustrativa: los gobiernos con mayorías sólidas, tanto del PSOE como del PP, podían sacar adelante más de 300 leyes en una legislatura, porque existía capacidad real de construir acuerdos dentro de una mayoría política clara. La actual aritmética, en cambio, ha hecho que cada ley sea una negociación en miniatura y cada votación, una prueba de resistencia.publico+1
El parón legislativo tiene una explicación política obvia: el Gobierno depende de una coalición de apoyos frágiles, heterogéneos y en muchos casos contradictorios. Cada proyecto debe atravesar un campo minado de exigencias territoriales, cálculos partidistas y vetos ideológicos. Eso convierte al Parlamento en una suerte de cámara de compensación donde casi todo se negocia al precio del desgaste. Pero la explicación táctica no elimina la dimensión estructural del problema. España ha entrado en una fase en la que la gobernabilidad ya no se mide por la capacidad de aprobar reformas de calado, sino por la mera capacidad de impedir el colapso. Esa lógica de mínimos no sirve para un país que necesita decidir sobre vivienda, sanidad, pensiones, fiscalidad, educación, productividad, transición energética o digitalización.
La decadencia legislativa es también un síntoma de agotamiento político. Cuando un Ejecutivo llega al punto de no poder sostener una agenda legislativa ambiciosa, la impresión que transmite es que el poder se ha vaciado de contenido. El Gobierno sigue ocupando la Moncloa, pero el verdadero motor de la política se desplaza hacia la negociación permanente, el ruido y la táctica de corto plazo. Eso erosiona la credibilidad institucional porque el ciudadano percibe que el Parlamento deja de producir soluciones y se limita a administrar conflictos. En ese escenario, la ley deja de ser una herramienta de transformación y se convierte en un producto escaso, casi excepcional.
El dato de las 30 leyes es, por tanto, mucho más que un indicador estadístico. Es la prueba de que esta legislatura está agotada antes de tiempo en términos de rendimiento institucional. Un gobierno que llega a mediados de mandato con una producción tan reducida no puede presentarse como un Ejecutivo reformista ni como un proyecto de cambio de largo alcance. A lo sumo, puede reivindicarse como un Gobierno que ha sobrevivido a sus propias contradicciones. Pero la supervivencia no es una categoría suficiente para medir la calidad de una legislatura. Si el objetivo era modernizar el país, el balance resulta claramente insuficiente. Si el objetivo era resistir, entonces el resultado es coherente. El problema es que los ciudadanos no votan solo para que un Gobierno resista; votan para que gobierne.senado+1
La parálisis legislativa también tiene un coste silencioso: desplaza las grandes decisiones al terreno reglamentario, al decreto-ley o al acuerdo puntual, fórmulas que pueden ser útiles para resolver urgencias, pero que no sustituyen una agenda coherente de reformas. Cuando la ley se atasca, el poder ejecutivo intenta compensar con medidas parciales, anuncios o planes que a menudo no pasan de la fase declarativa. El resultado es un país que vive en una especie de interinidad política permanente, con iniciativas que se anuncian pero no cristalizan y con debates que se repiten sin cierre. Eso alimenta la sensación de descomposición, porque la política se vuelve previsible en su incapacidad para cerrar ciclos.
Además, el retroceso legislativo es especialmente grave en una época en la que el Estado debería estar respondiendo a desafíos profundos. La crisis de la vivienda exige reformas ambiciosas y sostenidas; el deterioro de la sanidad pública requiere decisiones estructurales; la tensión territorial reclama marcos de convivencia estables; la presión sobre las pensiones y el mercado laboral obliga a legislar con visión de futuro. Sin embargo, una legislatura incapaz de producir una masa crítica de leyes no está en condiciones de abordar esas transformaciones. Y cuando eso ocurre, los problemas no desaparecen: se acumulan. La inercia institucional no resuelve nada; solo aplaza el coste.
Hay otro efecto menos visible pero igual de importante: la pérdida de respeto por la propia función parlamentaria. Si el Congreso aprueba muy pocas leyes, su capacidad de irradiar autoridad hacia el resto del sistema se debilita. La cámara deja de ser el centro efectivo de la vida democrática y se convierte en un espacio de bloqueo que el Gobierno intenta sortear y la oposición utiliza como escenario de desgaste. Eso alimenta una cultura política cada vez más pobre, donde la palabra “legislar” pierde densidad y la ciudadanía asocia el Parlamento con espectáculo, ruido o impotencia. La desafección democrática no surge solo de la corrupción o de la polarización; también nace cuando las instituciones no producen resultados tangibles.
Es importante subrayar que la caída en la producción legislativa no es solo responsabilidad de un actor. El Gobierno, por supuesto, carga con la mayor parte del peso porque es quien impulsa las normas y quien debe construir las mayorías. Pero la oposición también tiene una parte de responsabilidad cuando convierte todo el ciclo parlamentario en una estrategia de obstrucción. En una democracia madura, la oposición fiscaliza y corrige; no bloquea por sistema. Cuando todo se convierte en una batalla de trinchera, la capacidad de legislar se desploma. Y si además los socios del Gobierno utilizan su poder de voto para maximizar ventajas territoriales o ideológicas, el resultado es una suma de fragmentación que vacía de contenido el mandato electoral.
Por eso el balance de esta legislatura resulta tan desalentador. No estamos ante un simple Gobierno con dificultades; estamos ante un modelo de gobernabilidad agotado. La combinación de fragmentación parlamentaria, dependencia de minorías muy diversas y una agenda política dominada por la urgencia ha terminado por reducir la actividad legislativa a una expresión mínima. En ese marco, hablar de legislatura “viva” resulta casi una exageración retórica. La realidad es que el Congreso ha funcionado mucho más como un espacio de supervivencia que como una cámara capaz de producir un impulso reformista coherente.senado+1
La comparación con etapas anteriores ayuda a entender la magnitud del descenso. Los gobiernos con amplias mayorías no solo aprobaban más leyes; también lo hacían con más velocidad, más profundidad y mayor capacidad de planificación. Eso permitía ordenar la agenda pública y dar respuesta a problemas complejos. En cambio, la legislatura actual ha estado marcada por la sensación de que cada paso adelante exige un peaje tan alto que acaba neutralizando el avance. El resultado es una política en permanente negociación de sí misma, donde la energía consumida en mantenerse a flote impide construir algo duradero.
En el fondo, lo que esta situación revela es una crisis de ambición institucional. Un Gobierno puede aceptar que no tendrá una mayoría holgada, pero no debería aceptar que eso se traduzca en una renuncia casi total a legislar. La democracia parlamentaria está diseñada para convertir la pluralidad en normas, no para que la pluralidad paralice la producción normativa. Cuando se invierte esa lógica, el sistema deja de responder a las necesidades del país y pasa a responder solo a las necesidades de los partidos. Y esa es, probablemente, la clave más inquietante del momento actual: la sensación de que la política vive para sí misma mientras la sociedad espera soluciones que no llegan.
La legislatura perdida no lo está solo por la cifra de leyes, sino por el mensaje que transmite. Si al final del mandato el balance apenas supera unas pocas decenas de normas, mientras otras etapas del pasado multiplicaban por cuatro o por diez esa cifra, el veredicto político será difícil de maquillar. La actividad legislativa no es un detalle técnico; es una medida directa de la capacidad de gobernar. Y cuando esa capacidad se reduce a la mínima expresión, lo que queda no es una legislatura reformista ni transformadora, sino una etapa de desgaste, bloqueo y supervivencia. España necesita leyes; esta legislatura, de momento, solo ha producido el síntoma de no poder hacerlas.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.