Los documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23F desclasificados por el gobierno aportan detalles a lo que ya se conocía, salseo (por las transcripciones de la esposa de Tejero) y, sobre todo, cimentan la protección sobre el posible papel de Juan Carlos I. De los más de 150 documentos publicados por Moncloa, no hay ninguno que siquiera pueda hacer pensar en la implicación del monarca en la algarada que terminó con la toma del Congreso y los tanques en las calles de Valencia. Lo cierto es que sí hay papeles ciertamente curiosos, como dos informes del Ministerio de Intereior que no están firmados ni timbrados en los que se señalan distintos bulos procedentes de una supuesta campaña de desinformación iniciada por la extrema derecha para implicar al rey. Lo realmente sorprendente es que también aparezca un documento en el que se menciona la preocupación del Partido Comunista de España sobre esa campaña de desinformación.
En ese documento se refleja la preocupación del PCE por lo que denomina el “mercado negro del rumor”. Según esa nota interna, la extrema derecha buscaba implicar a la monarquía para “destrozarla como institución democrática”. La formulación es estratégica: si el golpe fracasó, la deslegitimación de la Corona podía convertirse en una victoria diferida. El documento habla incluso de un “jaque mate” planteado contra la monarquía. En esa interpretación, los bulos no serían simples especulaciones espontáneas, sino instrumentos de una batalla política más amplia.
Un informe interno del Ministerio del Interior, titulado “Campaña contra S. M. el Rey en relación con el 23-F”, enumera casi una decena de rumores que circularon en los meses posteriores. Según el documento, fueron difundidos por abogados defensores, círculos próximos a los procesados y sectores políticos interesados en erosionar la legitimidad de la Corona.
Lo que emerge de ese informe es menos una conspiración probada que una guerra informativa paralela, en la que el prestigio de la monarquía parlamentaria se convirtió en objetivo estratégico.
Uno de los rumores recogidos por Interior sostenía que el Rey había enviado a sus hijos a Inglaterra y tenía preparado un avión para abandonar España si el golpe fracasaba. En versiones más extremas, se añadía que tras el fracaso habría ofrecido a Antonio Tejero una huida con 30 millones.
La lógica del rumor es reveladora. Si el monarca preparaba un plan de escape, entonces debía conocer de antemano la operación. La existencia de un avión, nunca acreditada documentalmente, funcionaba como símbolo de connivencia. En términos políticos, este tipo de versiones buscaban debilitar el núcleo del relato oficial: que la Corona actuó como garante del orden constitucional.
Una variante más sofisticada sostenía que el Rey habría preparado el golpe junto a Jaime Milans del Bosch y Armada, pero que, tras no obtener el respaldo del presidente francés Valéry Giscard d’Estaing ni del canciller alemán Helmut Schmidt, decidió “traicionar” a los generales para salvar la Corona.
Aquí el rumor adopta una dimensión internacional: el monarca habría llamado a ambos líderes para comunicarles el “éxito” del golpe, y estos le habrían exigido frenarlo para evitar contagios en Europa. La narrativa convierte al Rey en actor maquiavélico, calculando riesgos exteriores antes de rectificar. Es una hipótesis sugestiva, pero carente de respaldo probatorio en la documentación oficial desclasificada.
Otra pieza central del “mercado negro del rumor”, como se señala en el documento, fue la supuesta pregunta del Rey, al conocer el asalto al Congreso: si se había movido la División Acorazada Brunete. Para los propagadores del bulo, esa pregunta demostraría que esperaba su intervención. En el contexto de una crisis militar, sin embargo, la cuestión puede interpretarse también como una evaluación inmediata del riesgo. La diferencia entre anticipación cómplice y reacción preventiva depende del prisma narrativo.
El informe del Ministerio del Interior subraya cómo frases aisladas (“ya no puedo volverme atrás” atribuido a un telegrama) fueron reinterpretadas como pruebas de una supuesta rectificación real tras haber apoyado el golpe.
Entre los panfletos adjuntos al informe figura una versión especialmente dramática: el teniente general Pedro Merry Gordon habría colocado una pistola sobre la mesa ante Suárez para forzar su dimisión, mientras el Rey se ausentaba oportunamente. La escena, de ser cierta, alteraría por completo la lectura de la crisis política previa. Pero no existe constancia judicial que la respalde. Lo relevante no es tanto su veracidad como su circulación: el rumor transforma una dimisión política compleja en un acto de coacción militar avalado por la Corona.
Varios textos coinciden en presentar al general Armada como aristócrata de lealtad absoluta al monarca, situado en una posición clave que le permitía transmitir a los capitanes generales que “el Rey lo quiere así”. Esa frase habría sido decisiva para convencer a Milans del Bosch. Sin embargo, la sentencia judicial sobre el 23-F estableció que cualquier actuación de Armada fue a título personal y sin autorización real.
El análisis conjunto de estos documentos revela que el 23-F no fue solo una intentona militar, sino también el inicio de una prolongada disputa por la legitimidad simbólica del sistema nacido en 1978.
Cuarenta años después, la desclasificación revela cómo los rumores operaron como herramientas políticas en un momento de máxima fragilidad institucional. Ninguno de los rumores recogidos aparece corroborado por la sentencia ni por la documentación oficial. En concreto, refuerza la actuación del Rey.