Hay ideas que, por mucho que se adornen con palabras inglesas, certificaciones internacionales y manuales de buen gobierno, siguen oliendo a naftalina. Una de ellas es que, si dos trabajadores de una misma empresa se enamoran, se casan o mantienen una relación sentimental, uno de los dos debería abandonar su puesto de trabajo. Así, sin más. Como si el amor fuese una infracción del código ético y el matrimonio una falta disciplinaria.
La cuestión apareció durante un debate del programa La Selva de TV3, emitido el pasado 13 de noviembre, a propósito del caso NVIDIA. El abogado y especialista en cumplimiento normativo penal Fruitós Richarte había participado mediante una intervención grabada que, por exigencias televisivas, quedó reducida a unos segundos. Posteriormente, un tertuliano, presuntamente con amplia experiencia en multinacionales, discrepó de sus consideraciones, adoptando una posición radical y nada adaptada, ni a los tiempos, ni a la sociedad en que vivimos.
Hasta aquí, nada extraordinario. Para eso están los debates. Lo sorprendente fue la afirmación, de que cuando dos trabajadores mantienen una relación sentimental o contraen matrimonio, uno debería abandonar la empresa.
Quizá faltaban los matices de los que los tertulianos faltan habitualmente. Quizá fue un malentendido. Pero, tomada como regla general, la propuesta resulta jurídicamente bastante difícil de sostener.
Y no hace falta ser un revolucionario para advertirlo. Basta con abrir el Estatuto de los Trabajadores.
Un código ético no es una constitución universal
Las multinacionales suelen presumir de disponer de un código ético único, aplicable desde Barcelona hasta Singapur, pasando por Berlín, Casablanca o Lima. Sobre el papel, resulta impecable. La corrupción es corrupción, el fraude es fraude y los conflictos de intereses deben prevenirse en cualquier país.
Pero confundir principios comunes con comportamientos culturales idénticos constituye un error bastante elemental.
Las costumbres, las relaciones familiares, la percepción de la intimidad y las convenciones sociales no son iguales en todas partes. Pretender que un manual redactado en una sede corporativa de un país puritano, pueda resolver automáticamente cualquier situación humana es atribuir al departamento de compliance unas capacidades que ni siquiera los legisladores se han atrevido a reclamar.
Una cosa es enseñar Derecho y otra enseñar justicia. Del mismo modo, una cosa es entregar un código ético y otra conseguir que quienes lo reciben comprendan y compartan sus principios.
Firmar un documento no convierte a nadie en virtuoso. Aunque proporciona al departamento correspondiente un magnífico justificante para su próxima auditoría.
Cuando casarse podía costarte el empleo
La propuesta de que uno de los integrantes de una pareja abandone la empresa recuerda inevitablemente a tiempos que creíamos superados.
Durante décadas, determinadas trabajadoras españolas sufrieron consecuencias laborales por el simple hecho de contraer matrimonio. La antigua reglamentación de Telefónica contemplaba la excedencia forzosa femenina por matrimonio. Una práctica que el Tribunal Constitucional abordó en su Sentencia 7/1983, de 14 de febrero, declarando discriminatoria la persistencia de aquellas situaciones tras la entrada en vigor de la Constitución.
No estamos ante casos jurídicamente idénticos, naturalmente. Pero el recuerdo resulta oportuno.
España ha recorrido un largo camino para impedir que el estado civil determine arbitrariamente la continuidad profesional de una persona. El artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores prohíbe las decisiones empresariales discriminatorias por razón de estado civil y por determinados vínculos de parentesco.
Por tanto, una compañía puede gestionar conflictos de intereses reales. Lo que no puede hacer es inventarse una incompatibilidad general y automática porque dos empleados hayan decidido compartir algo más que el horario laboral.
Si pueden casarse dos magistrados, ¿por qué no dos empleados?
En palabras de Richarte se plantea una comparación especialmente reveladora.
La Ley Orgánica del Poder Judicial regula las incompatibilidades entre jueces y magistrados unidos por matrimonio o relaciones equivalentes. Sus artículos 391 y 392 establecen restricciones para formar parte de determinadas salas o intervenir en procedimientos relacionados con actuaciones de la persona vinculada.
La finalidad es evidente: proteger la independencia judicial.
Sin embargo, el matrimonio entre dos magistrados no significa que uno de ellos deba abandonar la carrera judicial.
El sistema establece límites concretos, distribuye funciones e impide determinadas intervenciones. Es decir, identifica el riesgo y adopta medidas proporcionadas para neutralizarlo.
Si el ordenamiento jurídico puede gestionar estas situaciones en la Administración de Justicia, donde la imparcialidad constituye una garantía fundamental, resulta curioso que algunas multinacionales puedan considerar imprescindible recurrir a soluciones bastante más expeditivas.
Claro que reorganizar responsabilidades exige pensar. Prohibir es mucho más sencillo.
Declarar un conflicto no es confesar un delito
El verdadero cumplimiento normativo no consiste en prohibir relaciones personales, sino en evitar que interfieran indebidamente en las decisiones empresariales.
Si un responsable de compras mantiene una relación con alguien de una empresa proveedora, debe evaluarse si puede condicionar una adjudicación. Si un directivo decide sobre la promoción o el salario de su pareja, probablemente deba apartarse de esa decisión.
Pero si dos trabajadores pertenecen a departamentos independientes y carecen de capacidad para favorecerse profesionalmente, ¿qué conflicto concreto se pretende resolver?
Precisamente por eso existen las declaraciones de intereses, las abstenciones y los mecanismos de supervisión independiente.
Declarar una relación relevante no equivale a reconocer una irregularidad. Es una herramienta preventiva. Permite gestionar el riesgo antes de que se materialice.
Y, sobre todo, permite hacerlo sin convertir la vida privada en territorio de conquista del departamento de recursos humanos.
Mucho compliance y poca proporcionalidad
El asunto NVIDIA ofrece una oportunidad para reflexionar sobre algo que trasciende cualquier escándalo empresarial: la distancia entre disponer de un sistema de cumplimiento y saber aplicarlo correctamente.
Un departamento de compliance no debería convertirse en una policía sentimental ni en una fábrica de incompatibilidades improvisadas.
Su función consiste en prevenir riesgos jurídicos reales, proteger los intereses legítimos de la organización y respetar los derechos de las personas.
Eso exige independencia, conocimientos jurídicos y proporcionalidad. Tres cualidades que no siempre vienen incluidas en las certificaciones que algunas compañías exhiben con tanto entusiasmo.
Porque el cumplimiento normativo no puede limitarse a producir manuales, organizar cursos y conseguir que todos firmen declaraciones responsables.
Debe servir para resolver conflictos, no para fabricarlos.
Y quizá convendría recordar que las empresas contratan profesionales para trabajar, no para renunciar a su vida privada.
Si después de décadas defendiendo la igualdad laboral hemos llegado a la conclusión de que enamorarse de un compañero puede costar el empleo, tendremos unos códigos éticos extraordinariamente modernos, pero una concepción de los derechos laborales peligrosamente antigua.
En definitiva, puede que el problema no sea que falten normas, sino que sobren quienes pretenden aplicarlas sin comprenderlas.
Y a eso, por mucho que lo llamen compliance, siempre lo hemos conocido por otro nombre: arbitrariedad.
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