Nunca habíamos opinado tanto sobre cosas que conocemos tan poco

Hay una escena que se repite miles de veces cada jornada. Una noticia aparece en el teléfono móvil, alguien lee el titular, quizá vea un vídeo de un minuto o escuche un comentario en una red social y, antes incluso de que termine el café, ya tiene una opinión formada. Poco después esa opinión empieza a circular como una certeza. Ocurre con la política, con la economía, con la ciencia, con los tribunales y con prácticamente cualquier asunto que alcance cierta relevancia pública.

Nunca había sido tan fácil acceder a la información. En cuestión de segundos podemos consultar una sentencia del Tribunal Constitucional, seguir el desarrollo de una guerra, conocer la última decisión del Banco Central Europeo o preguntar a una inteligencia artificial por cualquier cuestión imaginable. La democratización del acceso al conocimiento constituye uno de los grandes avances de nuestro tiempo y sería un error minimizar su importancia.

Sin embargo, esa conquista convive con una paradoja cada vez más evidente. Disponemos de más información que nunca, pero cada vez dedicamos menos tiempo a comprenderla.

No es un problema de inteligencia ni de falta de interés. Tiene mucho que ver con el entorno en el que circula la información. Las plataformas digitales premian la inmediatez. El algoritmo recompensa aquello que provoca una reacción rápida. La explicación pausada compite en clara desventaja frente al impacto emocional de un titular o un vídeo breve. Y comprender exige precisamente lo contrario. Requiere tiempo, contexto y la disposición a aceptar que casi ningún asunto importante admite respuestas simples.

La pandemia dejó una imagen difícil de olvidar. Millones de personas debatían con absoluta seguridad sobre epidemiología, vacunas o modelos estadísticos después de consumir apenas unas cuantas piezas informativas. Algo parecido ocurrió más tarde con la invasión rusa de Ucrania, con la guerra en Gaza, con la inteligencia artificial, con los aranceles o con las resoluciones judiciales que ocupan la conversación política casi a diario.

Nada de eso significa que los ciudadanos no deban opinar. Al contrario. Una democracia necesita una ciudadanía interesada y participativa. El problema aparece cuando confundimos el primer contacto con un asunto con la impresión de haberlo comprendido.

Saber que algo ha ocurrido no equivale a entender por qué ha ocurrido ni cuáles pueden ser sus consecuencias. Entre una cosa y otra existe una distancia que cada vez recorremos con menos frecuencia.

El periodismo tampoco escapa a esa transformación. La presión por captar atención favorece titulares más rotundos, mensajes más breves y debates donde el tiempo para explicar disminuye a medida que aumenta la competencia por conseguir audiencia. No es solo una decisión editorial. Es también la adaptación a un ecosistema que penaliza la pausa y premia la velocidad.

La política ha aprendido esa lógica con una rapidez sorprendente. Muchos dirigentes parecen haber asumido que una explicación de diez minutos tiene hoy menos recorrido que una frase de diez segundos. En demasiadas ocasiones ya no se trata de convencer mediante argumentos, sino de dominar la conversación durante unas horas. El éxito consiste en lograr que una declaración se convierta en tendencia antes de que otra la sustituya.

Ese cambio tiene consecuencias. Cuando el debate público se organiza alrededor de mensajes cada vez más breves, los matices empiezan a parecer sospechosos. La duda se interpreta como debilidad y la complejidad acaba convirtiéndose en un obstáculo para comunicar. Sin embargo, las grandes decisiones políticas rara vez son sencillas. Tampoco lo son las económicas, las jurídicas o las científicas.

Existe, además, un fenómeno especialmente llamativo. Cuanta menos información sólida tenemos sobre un asunto, mayor suele ser nuestra sensación de certeza. La psicología lleva décadas estudiando esa tendencia. Acumular titulares o consumir decenas de vídeos sobre un tema puede generar la impresión de dominarlo, cuando en realidad apenas conocemos una parte muy superficial de la discusión.

Quizá por eso el verdadero desafío ya no consista únicamente en garantizar el acceso a la información. Ese objetivo está, en gran medida, conseguido. El reto consiste en recuperar el valor del contexto, de la lectura lenta y de la explicación rigurosa. También en asumir que cambiar de opinión cuando aparecen nuevos datos no constituye una debilidad, sino una muestra de honestidad intelectual.

La democracia necesita ciudadanos informados. Pero necesita, sobre todo, ciudadanos capaces de distinguir entre información, conocimiento y propaganda. Esa diferencia puede parecer sutil, aunque de ella depende buena parte de la calidad del debate público.

Tal vez el gesto más responsable en una época dominada por la velocidad consista en recuperar algo que parece haberse vuelto excepcional: la duda. Leer un poco más antes de opinar, escuchar argumentos que contradicen nuestras propias convicciones y aceptar que no siempre tenemos una respuesta inmediata para todo. Porque una sociedad madura no se reconoce por la cantidad de opiniones que produce, sino por la calidad del conocimiento sobre el que decide construirlas.