Nos han hecho creer que somos clase media

“El gran problema de este país es que nos han hecho creer que por tener un trabajo con el que no llegamos a final de mes, un coche, coger vacaciones una vez al año y, con suerte, un piso con una hipoteca a 30 años, somos clase media. No, señores, somos clase trabajadora”. Escribí esta reflexión en X hace unos días y la respuesta que recibió me reafirmó en una idea: una parte de la sociedad ha confundido mejorar sus condiciones de vida con dejar de pertenecer a la clase trabajadora.

Desde la convocatoria de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, he observado en X, Instagram y otras redes sociales mensajes de personas que defienden al PP y a Vox pese a pertenecer a colectivos afectados por algunas de sus políticas. Gays que forman parte del colectivo LGTBI, mujeres que cuestionan las políticas de igualdad, inmigrantes que llegaron a España huyendo de situaciones políticas que consideraban insoportables y trabajadores con salarios bajos o personas desempleadas que dependen de prestaciones y ayudas públicas. No se trata de afirmar que todos compartan las mismas circunstancias ni que deban votar necesariamente a la izquierda. Se trata de preguntarse qué explica esa distancia entre la posición social que ocupan y la identidad política con la que se identifican.

Eso es, en buena medida, el desclasamiento político: seguir siendo clase trabajadora en términos económicos, pero dejar de reconocerse como tal. Tener un empleo, un coche, una hipoteca y unas vacaciones al año no garantiza seguridad económica ni convierte automáticamente a nadie en clase media acomodada. Si dependes de tu nómina para pagar la vivienda, la alimentación y los recibos, sigues expuesto a la precariedad, aunque tu estilo de vida sea mejor que el de tus padres. Sin embargo, se ha extendido la idea de que basta con alcanzar determinadas aspiraciones de consumo para dejar atrás la condición de trabajador.

La contradicción aparece cuando parte de esa población respalda políticas que pueden afectar a sus propios derechos o a las prestaciones de las que depende. El salario mínimo interprofesional (SMI) ha pasado, durante los dos últimos gobiernos progresistas, de 735,90 euros mensuales en 2018 a 1.221 euros en 2026, un incremento nominal superior al 65 %. A ello se suman los permisos por nacimiento y cuidado, las ayudas a la vivienda, el bono social eléctrico y las prestaciones para personas desempleadas o mayores de 52 años que cumplen los requisitos. Es legítimo discrepar de las políticas del Gobierno, pero resulta necesario preguntarse por qué una parte de quienes se benefician de estas medidas se identifica con fuerzas políticas que cuestionan algunas de ellas.

La misma contradicción aparece en otros ámbitos. En distintas comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox se han impulsado cambios en las políticas de protección LGTBI que han generado críticas por el posible retroceso en derechos. El pasado junio, el Congreso aprobó una reforma del Código Penal para penalizar las llamadas terapias de conversión: Vox votó en contra y el PP se abstuvo en la votación final. En materia de violencia machista, el cuestionamiento político de las medidas de igualdad llega, en algunos discursos, a negar la propia existencia de esa violencia, pese a que sigue dejando víctimas mortales cada año. También resulta llamativa la identificación de algunos inmigrantes procedentes de Venezuela con discursos que presentan al Gobierno español como una amenaza bolivariana. Algunos de ellos huyeron de un sistema político que consideraban autoritario y solicitaron asilo o residencia en “la dictadura del Sanchismo”, situación contradictoria y carente de toda lógica. Equiparar su experiencia con la situación política española exige, como mínimo, distinguir entre realidades que no son automáticamente comparables.

Nada de esto significa que una persona gay tenga que votar a la izquierda, que una mujer deba compartir un determinado feminismo o que un inmigrante esté obligado a apoyar al Gobierno. El voto no viene determinado por la nómina ni por la pertenencia a un colectivo. Precisamente por eso, merece la pena analizar cómo las identidades culturales, nacionales e ideológicas pueden imponerse a las condiciones materiales que muchas personas comparten.

A esta contradicción se la suele despachar con la expresión “facha pobre”, un término despectivo que puede servir para desahogarse, pero no para comprender el fenómeno. Si la respuesta consiste en ridiculizar a quien vota de manera distinta, difícilmente se entenderá por qué lo hace. La cuestión política de fondo es cómo una parte de los trabajadores llega a interpretar que sus principales problemas no proceden de la precariedad, los salarios o el acceso a la vivienda, sino de otros colectivos que se encuentran en una situación económica igual o incluso más vulnerable.

La vivienda es un ejemplo especialmente claro. El barómetro del CIS publicado hace unos días la sitúa como el principal problema del país: el 55,7 % de los encuestados la menciona entre las tres mayores preocupaciones nacionales. Sin embargo, compartir las dificultades para pagar un alquiler no implica compartir el diagnóstico sobre sus causas. Mientras unos señalan la especulación, la falta de vivienda asequible o la insuficiencia de las políticas públicas, otros ponen el foco en la ocupación, la inmigración o los impuestos. Las circunstancias y necesidades económicas pueden ser parecidas, pero la interpretación política conduce a respuestas diferentes.

Aquí también hay una responsabilidad de los partidos progresistas. No basta con enumerar las subidas del salario mínimo o las ayudas aprobadas y dar por hecho que sus beneficiarios reconocerán automáticamente quién las impulsó. Si una persona trabaja y sigue sin llegar a fin de mes, no puede emanciparse o siente que sus preocupaciones no encuentran respuesta, hay que preguntarse también qué está fallando en la representación política. La clase trabajadora no es patrimonio electoral de ningún partido, y dar por supuesto que votará de una determinada manera puede ser tan equivocado como ignorar sus dificultades cotidianas.

El desclasamiento, por tanto, no consiste simplemente en votar a la derecha teniendo pocos ingresos, sino en que la posición económica deje de ser un elemento con el que identificarse y desde el que defender intereses compartidos. La sociedad ha cambiado y el conflicto político también. Cuando determinados sectores vulnerables cuestionan las políticas progresistas de las que se benefician y dejan de mirar hacia quienes concentran la riqueza o tienen capacidad para fijar las reglas, existe el riesgo de que “los de abajo” acaben enfrentándose entre sí por los recursos, las ayudas, la vivienda o el reconocimiento social. Y quizá ese sea uno de los grandes logros de las políticas liberales y conservadoras: que, en lugar de cuestionar sus consecuencias, una parte de quienes las sufren termine enfrentándose a otros que padecen dificultades similares.

En resumen, el desclasamiento social ayuda a explicar por qué trabajadores precarios, personas vulnerables y miembros de colectivos afectados por determinadas políticas pueden identificarse con partidos que cuestionan algunas de las medidas de las que se benefician.

En cualquier caso, ascender socialmente no implica necesariamente desclasarse. Una persona puede mejorar muchísimo su situación económica, ganar dinero, acumular patrimonio y, sin embargo, conservar la memoria de quién fue y de dónde viene. Tener más no obliga a defender los intereses de quienes tienen más.

Un ejemplo especialmente claro es Julia Otero. En una entrevista en Late Xou, la periodista recordó una frase que había pronunciado años atrás: “Yo voto en contra de mis intereses, pero a favor de mis principios”. Explicó que sigue votando pensando en la niña que fue y en la familia de inmigrantes gallegos, trabajadores, con la que creció en el barrio barcelonés del Poble Sec. Y dejó otra frase especialmente significativa: “¿Ha cambiado mi cuenta corriente? Sí, muchísimo. Pero mis principios siguen ahí”. Su reflexión resulta interesante porque rompe con la idea de que mejorar económicamente obliga a cambiar de identidad social. Otero reconoce que su posición económica ha cambiado y que determinadas políticas fiscales podrían beneficiarla personalmente, pero asegura que sus principios no se han movido al mismo ritmo que su cuenta corriente. Ha existido movilidad social sin una ruptura con su identidad de origen.

Algo parecido puede observarse, con sus particularidades y trayectorias diferentes, en figuras como Ana Belén, Víctor Manuel, Javier Bardem, Carlos Bardem o Aitana Sánchez-Gijón, artistas que han alcanzado posiciones económicas y profesionales muy alejadas de las de la mayoría de la población y que han mantenido una presencia pública vinculada a reivindicaciones sociales, laborales, culturales o relacionadas con el acceso a la vivienda. No se trata de idealizar a nadie ni de dar por hecho que compartir determinadas causas convierte a una persona en coherente en todos los ámbitos. Tampoco de medir el compromiso social por la fama o por la cuenta corriente. Lo interesante es que esas trayectorias recuerdan algo que a veces olvidamos: prosperar económicamente no obliga a cambiar de identidad social ni a abandonar las causas que se defendían cuando se tenía menos.

Ahí está, en realidad, la diferencia entre movilidad social y desclasamiento. La movilidad social significa que puedes mejorar tu posición. En cambio, el desclasamiento, entendido políticamente, significa que en ese proceso puedes terminar rompiendo el vínculo con quienes siguen ocupando la posición social de la que procedías.

En definitiva, el problema no es que alguien con pocos ingresos vote a la derecha ni que una persona acomodada apoye políticas progresistas. El problema es confundir el acceso a determinados bienes de consumo con una seguridad económica que no existe, olvidar la propia posición social o convertir en adversarios a quienes comparten buena parte de nuestras dificultades.

Nos han hecho creer que dejar atrás algunas estrecheces significa dejar de ser clase trabajadora. Pero tener un coche, pagar una hipoteca y disfrutar de unos días de vacaciones no cambia el hecho de que, para la mayoría, la vida sigue dependiendo de un salario. Y reconocerlo no obliga a votar a ningún partido: obliga, sencillamente, a no confundir lo que somos con lo que aspiramos a ser.