La política debería saber llegar después en determinados momentos. Después de los servicios de emergencia, de los médicos, de los bomberos o de las fuerzas de seguridad; después de conocer los hechos y, en ocasiones, incluso después de conceder a quienes acaban de perder algo el tiempo necesario para comprender qué ha ocurrido.
En España sucede con demasiada frecuencia lo contrario. La batalla política comienza antes de que termine la emergencia y, a veces, antes de que existan datos suficientes para determinar qué falló o quién tenía capacidad para evitarlo. La desgracia todavía está ocurriendo cuando comienza una competición paralela por convertirla en responsabilidad del adversario.
Una tragedia puede y debe tener consecuencias políticas cuando se acredita una mala gestión, del mismo modo que ningún Gobierno debería utilizar la gravedad de lo ocurrido para eludir explicaciones. El problema empieza cuando hemos aceptado que cualquier acontecimiento desgraciado pueda convertirse casi inmediatamente en una oportunidad para desgastar al contrario, incluso antes de conocer con suficiente precisión qué sucedió.
La prisa por encontrar un culpable
Investigar responsabilidades y repartirlas antes de tiempo son cosas distintas, aunque la distancia entre ambas se haya reducido bastante en la conversación política. Una emergencia todavía puede estar desarrollándose cuando empiezan a circular acusaciones y peticiones de dimisión construidas sobre testimonios o datos provisionales que encajan en el relato elegido.
Cuando aparecen nuevos hechos, rara vez alcanzan la velocidad de la acusación inicial. Una primera versión ocupa titulares, circula durante horas y fija una impresión difícil de modificar cuando llegan informaciones que la corrigen o introducen matices. Las redes sociales han hecho todavía más rentable esa ventaja de llegar antes.
La desgracia corre entonces el riesgo de dejar de ser un acontecimiento que debe explicarse para convertirse en material político. Si una administración ha fallado tendrá que responder y, si existió negligencia, deberán depurarse responsabilidades, pero la gravedad de lo ocurrido es precisamente una razón para establecerlas con pruebas.
España ha conocido en los últimos años hasta qué punto una emergencia puede quedar atrapada en esa dinámica. Los incendios, las inundaciones o las crisis migratorias han terminado en numerosas ocasiones incorporados a la confrontación política cuando todavía se discutían las circunstancias de lo sucedido. El reparto de competencias entre administraciones, además, suele ser bastante menos sencillo que el reparto de culpas que se escucha durante las primeras horas.
El dolor convertido en argumento
La transformación de los lugares golpeados por una desgracia en escenarios para la confrontación añade otro problema. La presencia institucional resulta necesaria porque los responsables públicos deben conocer lo sucedido y dar explicaciones, pero una catástrofe no debería terminar convertida en un mitin con escombros detrás.
Las víctimas tampoco deberían acabar incorporadas a los argumentarios. El dolor de una familia o la angustia de una población no adquieren filiación política porque puedan utilizarse para demostrar la incompetencia del adversario. Hacerlo puede proporcionar una imagen eficaz ante las cámaras y, sin embargo, aportar muy poco al conocimiento de lo que realmente ocurrió.
La política española se ha acostumbrado a buscar una traducción partidista casi inmediata para cualquier acontecimiento adverso. Lo vimos después de la dana de Valencia, cuando la discusión sobre las responsabilidades convivió desde muy pronto con una batalla entre administraciones que todavía continúa. Y volvió a suceder durante los grandes incendios, con acusaciones cruzadas entre el Gobierno y responsables autonómicos mientras los equipos de extinción seguían trabajando sobre el terreno.
Es precisamente en esas situaciones cuando más importa conocer quién tenía las competencias, qué decisiones se tomaron y con qué información se contaba. La respuesta puede terminar siendo muy grave para un responsable político, pero no necesariamente coincide con la que resultaba más rentable sostener durante las primeras horas.
La ventaja de acusar primero
La indignación moviliza y encontrar rápidamente un culpable facilita la explicación de acontecimientos que suelen ser mucho más complejos. Conseguir además que una tragedia quede asociada al adversario puede provocar un desgaste que ninguna dirección política ignora.
El problema aparece cuando esa eficacia empieza a justificar casi cualquier procedimiento. La rentabilidad política no convierte por sí sola un comportamiento en legítimo, como tampoco una buena batalla de comunicación demuestra que se haya contado mejor lo sucedido.
A largo plazo, la utilización sistemática de las emergencias produce algo bastante más difícil de medir. Si cada desgracia se convierte inmediatamente en un arma partidista, resulta complicado distinguir cuándo estamos ante una responsabilidad acreditada y cuándo ante una acusación que simplemente llegó primero. También se deteriora la confianza en las instituciones que tendrán que gestionar la siguiente emergencia.
La oposición tiene la obligación de fiscalizar al Gobierno y ningún Ejecutivo puede refugiarse en una tragedia para evitar explicaciones. Pero precisamente por eso una acusación apoyada en hechos siempre será más difícil de desmontar que otra lanzada cuando todavía se desconoce buena parte de lo ocurrido. En política existen decisiones capaces de hacer perder unas elecciones. También debería existir alguna que no se tomara ni siquiera cuando pudiera ayudar a ganarlas.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.