El fútbol profesional europeo ha demostrado en múltiples ocasiones que la gestión interna de clubes, árbitros y ligas no siempre está libre de conflictos de interés. Dos escándalos recientes ejemplifican esta vulnerabilidad: el Caso Negreira en España y el Moggigate en Italia. Aunque ambos involucran influencias indebidas sobre el arbitraje y relaciones económicas cuestionables, la manera en que las ligas reaccionaron revela una divergencia profunda en la cultura de gobernanza deportiva. Mientras en Italia se impuso la ética del deporte y se descendió a la Juventus a la Serie B, en España ni se tocó al FC Barcelona con la excusa de una supuesta prescripción. Sin embargo, la realidad es que para la LFP hubiera sido una catástrofe económica un descenso del Barça y ese fue el lugar donde se sustentó la impunidad.
En ambos casos, la figura central (Negreira en España y Moggi en Italia) mantuvo vínculos económicos con clubes de alto perfil. En España, José María Enríquez Negreira recibió pagos recurrentes de más de 8 millones de euros del FC Barcelona durante más de una década, oficialmente como asesoría arbitral. En Italia, Luciano Moggi, director general de la Juventus, manipuló designaciones de árbitros y ejerció presión sobre órganos disciplinarios, lo que derivó en sanciones históricas para clubes como la Juventus y la Lazio.
Los patrones comunes incluyen la influencia sobre la selección y actuación de árbitros y la erosión de la confianza pública en la imparcialidad de las competiciones. En ambos casos, la percepción de fútbol amañado o manipulado impactó gravemente la reputación de las ligas y cuestionó la integridad de los títulos disputados.
Diferencias en la actuación de las ligas y consecuencias legales
El contraste entre el Caso Negreira y el Moggigate revela profundas divergencias en la forma en que las ligas han asumido la responsabilidad de proteger la integridad del fútbol profesional. En Italia, la FIGC actuó con rapidez y contundencia ante las irregularidades de Moggi, imponiendo sanciones históricas que incluyeron el descenso de la Juventus a la Serie B, la pérdida de títulos obtenidos en temporadas sospechosas de manipulación y multas significativas para clubes y directivos implicados. Paralelamente, reestructuró sus órganos internos de supervisión arbitral y disciplinaria, imponiendo controles estrictos sobre la designación de árbitros y la comunicación entre clubes y árbitros. La intervención fue clara: la integridad de la competición estaba por encima de los intereses económicos de los clubes, restaurando la confianza pública en la Serie A.
En España, la Liga de Fútbol Profesional adoptó un enfoque mucho más cauteloso frente a los pagos a Negreira por parte del FC Barcelona. A pesar de que la práctica de estos pagos estuvo bajo escrutinio durante años, la LFP ha evitado imponer sanciones internas, confiando exclusivamente en la acción de la Fiscalía y de los tribunales. Esta lentitud ha generado la percepción de que la liga protege los intereses de los clubes económicamente más poderosos, erosionando la confianza de los aficionados en la imparcialidad del campeonato. La ausencia de medidas inmediatas deja un vacío de gobernanza interna que Italia resolvió con decisiones firmes y visibles, y que en España se percibe como un síntoma de falta de control sobre los conflictos de interés y, sobre todo, de impunidad del FC Barcelona.
Las consecuencias de estas diferencias son evidentes tanto en el plano legal como en el reputacional. Mientras en Italia las sanciones incluyeron castigos directos y reformas internas que establecieron protocolos preventivos duraderos, en España la ausencia de medidas internas prolonga la incertidumbre sobre la credibilidad de la competición y alimenta un clima de desconfianza hacia el colectivo arbitral. La eficacia de la regulación deportiva depende no solo de la existencia de normas, sino de la voluntad de aplicarlas de manera proactiva. La FIGC demostró que la intervención rápida y transparente es esencial para proteger la integridad del campeonato, mientras que la LFP, al delegar la responsabilidad en los tribunales externos, ha dejado una laguna que podría perpetuar las irregularidades.
En definitiva, el Caso Negreira y el Moggigate ilustran cómo la gobernanza del fútbol profesional europeo se ve marcada por la capacidad de las ligas para actuar con independencia, transparencia y firmeza. Italia optó por un modelo de intervención activa y preventiva que priorizó la justicia deportiva sobre los intereses económicos, mientras que España sigue un modelo donde la protección del segundo máximo activo de cara a vender los derechos de televisión parece prevalecer sobre la transparencia y la credibilidad. Esta diferencia no solo afecta la reputación de las ligas, sino que plantea un desafío estructural para la gobernanza del fútbol en Europa, poniendo en evidencia la necesidad de mecanismos internos sólidos capaces de prevenir conflictos de interés y asegurar la imparcialidad en la competición.