Las sociedades suelen cometer un error recurrente. Acostumbrarse tan rápidamente a sus avances que terminan percibiéndolos como algo natural, casi inevitable. Ocurre con los derechos, con las libertades, con los servicios públicos y también con la calidad democrática. Lo que costó décadas construir acaba pareciendo tan sólido que muchos llegan a creer que permanecerá intacto por sí mismo.
Sin embargo, la experiencia histórica invita a la prudencia. Pocas conquistas colectivas han desaparecido de un día para otro. Lo habitual es que el deterioro avance lentamente, casi siempre de forma silenciosa. Primero se debilitan algunos consensos. Después se cuestiona la utilidad de determinadas políticas o derechos. Más tarde aparecen pequeños retrocesos que parecen asumibles porque afectan a cuestiones concretas. Cuando la sociedad percibe que algo importante se ha perdido, normalmente el proceso lleva tiempo en marcha.
Las democracias europeas del siglo XXI ofrecen numerosos ejemplos de esta dinámica. Derechos que parecían plenamente consolidados han vuelto a convertirse en objeto de disputa política. Principios que durante décadas formaron parte del consenso democrático son presentados hoy como obstáculos para determinados proyectos ideológicos. Incluso valores básicos como la igualdad, la diversidad o la protección de las minorías vuelven a encontrarse en el centro de debates que muchos creían superados y España tampoco permanece al margen de esta tendencia.
Durante años se construyó un amplio acuerdo social alrededor del Estado del bienestar. La sanidad pública, la educación universal, las pensiones o los sistemas de protección social fueron entendidos como herramientas destinadas a garantizar unas condiciones mínimas de igualdad y seguridad para el conjunto de la ciudadanía. Las diferencias políticas existían, por supuesto, pero el debate se centraba habitualmente en cómo mejorar esos servicios y no en justificar su existencia. Ese consenso ya no parece tan sólido.
La idea de que lo público constituye una inversión colectiva ha ido perdiendo espacio frente a discursos que lo presentan casi exclusivamente como un gasto o una fuente permanente de ineficiencia. Las reformas forman parte de cualquier democracia y los servicios públicos necesitan adaptarse a nuevas realidades. El problema aparece cuando deja de reconocerse el valor social que cumplen y comienzan a percibirse como estructuras prescindibles.
Los cambios culturales suelen pasar desapercibidos mientras se producen. Ocurre cuando una lista de espera sanitaria de varios meses deja de provocar indignación y pasa a asumirse como algo inevitable. Cuando acceder a una vivienda digna parece una aspiración cada vez más lejana. O cuando determinados derechos laborales conquistados tras décadas de negociación empiezan a describirse como privilegios injustificados.
Y algo parecido sucede con los derechos civiles. España protagonizó durante las últimas décadas avances muy significativos en igualdad de género, diversidad familiar, derechos LGTBI y protección frente a distintas formas de discriminación. Aquellas transformaciones no surgieron de manera espontánea. Fueron el resultado de largos procesos sociales y políticos que ampliaron las libertades de millones de personas.
Sin embargo, cada vez resulta más frecuente escuchar discursos que presentan esos avances como excesos ideológicos o concesiones innecesarias. La estrategia no es nueva. Primero se minimiza el problema que justificó una determinada protección. Después se desacredita a quienes la defienden. Finalmente se cuestiona la propia necesidad del derecho conquistado.
Vox ha convertido esa revisión de consensos en uno de los ejes centrales de su proyecto político. Desde las políticas de igualdad hasta los compromisos climáticos, pasando por los mecanismos de protección frente a la violencia machista o los avances en diversidad afectiva y sexual, buena parte de su discurso se construye sobre la idea de revertir o limitar conquistas que durante años parecieron plenamente asentadas.
El fenómeno adquiere relevancia porque no suele presentarse como una ruptura frontal. Se plantea como una supuesta vuelta a la normalidad. Como si los derechos fueran concesiones revocables y no garantías destinadas precisamente a ampliar la libertad y la igualdad de la ciudadanía.
El Partido Popular mantiene una posición más compleja, aunque no por ello menos relevante. Mientras intenta proyectar una imagen moderada y homologable a la de otras fuerzas conservadoras europeas, gobierna junto a Vox en numerosos territorios y asume parte de sus relatos. Esa convivencia tiene efectos políticos evidentes. No tanto porque el PP adopte íntegramente los planteamientos de la ultraderecha, sino porque contribuye a que determinados debates se normalicen en el espacio público.
Las ideas no necesitan imponerse para influir. A veces les basta con desplazar poco a poco los límites de lo que una sociedad considera aceptable. Algo similar ocurre con las propias instituciones democráticas. La confianza pública constituye uno de sus principales activos. Sin ella, resulta mucho más difícil resolver conflictos, generar cohesión social o mantener la estabilidad política. Sin embargo, la deslegitimación constante de las instituciones se ha convertido en una herramienta habitual de disputa.
Cuando los tribunales, los parlamentos, los medios de comunicación o los organismos independientes solo merecen respeto cuando respaldan nuestras posiciones, el desgaste termina afectando al conjunto del sistema.
Por eso conviene recordar una lección que la historia repite con insistencia. Los derechos no sobreviven únicamente porque estén recogidos en una ley. Los servicios públicos no se mantienen solo porque figuren en unos presupuestos. Las libertades no permanecen intactas por el mero hecho de haber sido conquistadas. Todo avance colectivo necesita apoyo social, vigilancia democrática y voluntad política para ser preservado.
Las generaciones que construyeron buena parte de los derechos de los que hoy disfrutamos sabían perfectamente que podían perderse. Por eso los defendieron con tanta determinación y entendían que ninguna conquista estaba asegurada para siempre.
Quizá el riesgo de nuestro tiempo consista precisamente en haber confundido estabilidad con permanencia. En creer que aquello que ha funcionado durante décadas seguirá existiendo por inercia, sin necesidad de ser cuidado, defendido o reforzado.
Y son conceptos muy distintos. Las conquistas democráticas no desaparecen únicamente cuando alguien decide atacarlas. También empiezan a debilitarse cuando dejan de considerarse imprescindibles. Cuando se convierten en algo tan cotidiano que olvidamos el esfuerzo que exigió alcanzarlas y la importancia de seguir protegiéndolas.