A veces el termómetro político no se mide en grandes discursos sino en el Código Penal. El Congreso ha dado luz verde al endurecimiento de las penas por multirreincidencia con una mayoría transversal que incluye desde el PSOE hasta Vox. La votación no solo modifica la respuesta penal ante los pequeños delitos repetidos; también revela un desplazamiento silencioso del debate público hacia la seguridad como prioridad legislativa.
No fue una sesión especialmente bronca, pero sí reveladora. Cuando partidos que discrepan en casi todo votan lo mismo, conviene mirar menos el titular y más el clima que lo hace posible.
La reforma, impulsada por Junts y desbloqueada tras meses de parálisis parlamentaria, introduce penas más severas para hurtos y estafas cuando el autor acumule condenas previas. El argumento central es conocido: el pequeño delito deja de ser pequeño cuando se repite. Esa idea —tan intuitiva como políticamente rentable— ha terminado por articular una mayoría poco frecuente.
El PSOE ha respaldado el texto tratando de equilibrar el mensaje. Sus portavoces evitaron abrazar un lenguaje de “mano dura” y alertaron contra la tentación de equiparar inmigración y delincuencia, un marco discursivo que la derecha explota con comodidad. Pero el voto afirmativo tiene un peso simbólico difícil de ignorar: la seguridad se ha convertido en un terreno donde cada vez cuesta más desmarcarse.
Del hurto leve a la pena de prisión
La reforma prevé multas de uno a tres meses para sustracciones inferiores a 400 euros, pero permite elevar la respuesta hasta penas de uno a tres años de cárcel cuando existan al menos tres condenas previas por delitos menos graves. También se incorpora un agravante específico para el robo de dispositivos con datos personales —teléfonos móviles, por ejemplo— y se extiende la lógica de la reincidencia a determinadas estafas.
El texto añade además medidas cautelares como la prohibición de acudir a ciertos barrios o municipios, una herramienta que algunos juristas interpretan como un intento de contener la delincuencia de proximidad sin recurrir siempre a la prisión preventiva.
Otra enmienda, pactada entre varias formaciones, endurece el castigo al llamado “petaqueo”, el suministro de combustible a narcolanchas, con penas de hasta cinco años. La reforma mezcla así delincuencia urbana y crimen organizado bajo una misma narrativa de eficacia penal.
Seguridad, percepción y política
La ley nace, según sus defensores, de una demanda territorial vinculada al aumento de hurtos en zonas comerciales y turísticas. El PNV habló de una norma destinada a corregir la sensación de que algunos delincuentes “entran por una puerta y salen por otra”.
Pero la política criminal rara vez responde solo a estadísticas. También responde a percepciones. Y en Europa —España no es una excepción— la percepción de inseguridad crece incluso cuando ciertos indicadores no lo hacen en la misma proporción.
El riesgo, advierten sectores progresistas y buena parte de la criminología contemporánea, es que el populismo penal termine sustituyendo a las políticas de prevención social. Más castigo no siempre implica menos delito; a menudo implica más sistema penitenciario.
La fractura más visible se produjo dentro del espacio de la izquierda. Sumar votó en contra con un diagnóstico severo: “mano dura con los débiles, impunidad con los fuertes”. Bildu y Podemos insistieron en que el aumento de penas suele ser el recurso más rápido cuando fallan las políticas públicas capaces de atacar las causas.
ERC optó por la abstención tras pactar un refuerzo de la planta judicial en Cataluña, recordando que la justicia lenta también alimenta la sensación de impunidad. No es un matiz menor: sin medios, cualquier reforma penal corre el riesgo de quedarse en declaración de intenciones.
La aprobación de la ley también deja otra lectura menos visible. Junts ha demostrado capacidad para marcar agenda estatal en un terreno —la seguridad— donde el electorado es especialmente sensible. Y el Gobierno ha preferido asumir el coste interno antes que prolongar un bloqueo legislativo que amenazaba otras negociaciones.
En el fondo, el debate no es solo jurídico. Es cultural. Europa lleva años desplazando el foco desde la reinserción hacia la disuasión, presionada por electorados más temerosos y por una competencia política donde nadie quiere parecer indulgente.
El Congreso ha formalizado ese movimiento sin estridencias, casi con naturalidad. Como si endurecer el Código Penal fuese menos una decisión ideológica que una consecuencia inevitable del tiempo que vivimos.