Cada 18 de diciembre se repite el ritual de los diagnósticos. Integración pendiente, reagrupación bloqueada, salud mental desatendida. Este año no es distinto. Lo que cambia es el contexto: un Pacto Europeo de Migración y Asilo a las puertas de entrar en vigor y una evidencia cada vez más difícil de eludir: la vulnerabilidad migrante no es un fallo del sistema, es parte de su diseño.
Las organizaciones que trabajan sobre el terreno coinciden en lo esencial. La vida de las personas migrantes en España sigue atravesada por obstáculos administrativos que no responden a criterios de protección, sino de contención. La reagrupación familiar, piedra angular de cualquier política de integración real, se ha convertido en un recorrido de fondo que exige tiempo, dinero y resistencia emocional.
CEAR cifra entre 500 y 2.000 euros el coste de un proceso que puede alargarse años. A eso se suman requisitos restrictivos que definen la familia en términos mínimos, dejando fuera a hermanos, hijas e hijos mayores de edad o personas adultas dependientes. No es una cuestión técnica: es una elección normativa que asume la separación como daño colateral aceptable.
Los testimonios recogidos por las ONG no describen excepciones, sino patrones. Personas refugiadas que esperan durante años sin saber cuándo volverán a ver a sus familiares. Mujeres evacuadas de Gaza que no pueden imaginar un futuro sin su pareja atrapada en la Franja. Jóvenes afganas cuya única salida ha sido la vía jurídica excepcional para salvar a hermanas y sobrinas de un país sin derechos para ellas.
La unidad familiar está reconocida en el marco internacional de derechos humanos. Sin embargo, en la práctica, funciona como un privilegio condicionado. La legislación española, lejos de anticiparse a la reforma europea, mantiene un enfoque restrictivo que prioriza el control sobre la protección.
Cruz Roja insiste en una idea clave: la integración es bidireccional. No depende solo de quien llega, sino también de las condiciones que encuentra. Los datos de voluntariado migrante desmontan uno de los discursos más persistentes: las personas migrantes no son receptoras pasivas de ayudas, sino agentes activos del tejido social.
Más de 40.000 personas de origen extranjero participan como voluntarias en la organización. Acompañan, traducen, cuidan, enseñan. Sin embargo, ese compromiso convive con barreras administrativas que dificultan el acceso al empleo digno, a la regularización o a una vivienda estable. La integración se reclama como obligación individual mientras se niegan las herramientas colectivas para hacerla posible.
Donde el sistema muestra sus carencias con mayor crudeza es en la atención a la salud mental, especialmente en la infancia migrante. La Plataforma de Infancia alerta de una realidad persistente: el trauma migratorio no encuentra respuesta estructural. No hay suficientes recursos, ni formación específica, ni un enfoque transcultural que entienda cómo se expresa el sufrimiento en contextos distintos.
Las niñas y adolescentes no acompañadas enfrentan riesgos añadidos —violencia sexual, matrimonios forzados, embarazos precoces— sin una red pública preparada para abordarlos. El acceso a la atención psicosocial se ve bloqueado por trámites, tiempos de espera y una lógica asistencial que trata el trauma como añadido, no como eje central.
Europa y el daño acumulado
Save the Children sitúa el foco más allá de las fronteras nacionales. Las rutas migratorias siguen siendo letales para la infancia. En 2025, al menos 278 menores murieron en tránsito, la mitad por ahogamiento. Las políticas de cierre y externalización no reducen el riesgo; lo desplazan hacia trayectos más peligrosos y hacia manos de traficantes.
Quienes sobreviven tampoco encuentran seguridad inmediata. La invisibilidad institucional de niños y niñas migrantes en Europa es una constante. Falta identificación temprana, protección efectiva y seguimiento. El daño no se detiene al cruzar una frontera; se acumula.
El Pacto Europeo de Migración y Asilo entrará en vigor en junio de 2026. Las ONG advierten de que, si no se corrige el rumbo, reforzará una arquitectura centrada en la disuasión y no en los derechos. España tiene margen para anticipar cambios: ampliar la definición de familia, acortar plazos, garantizar salvoconductos, invertir en salud mental especializada.
Nada de esto es ajeno a la agenda política. Son decisiones presupuestarias, legales y administrativas. La gestión de la migración no es un fenómeno natural ni una crisis permanente: es un conjunto de normas que producen efectos concretos sobre vidas concretas. En este Día Internacional de las Personas Migrantes, el diagnóstico vuelve a estar sobre la mesa. Las cifras, también. Lo que sigue faltando no es información, sino voluntad de alterar un modelo que convive con el daño como si fuera inevitable.