Más mujeres en las listas, pero ¿quién tiene realmente el poder?

La publicación de las candidaturas para las elecciones generales del 29 de noviembre marca un nuevo paso en la evolución de la igualdad política en España. Las llamadas listas cremallera no son una novedad en la práctica partidaria. Algunas formaciones llevan años aplicándolas de manera voluntaria como parte de sus compromisos internos con la igualdad.

Lo que sí constituye una novedad relevante es que, por primera vez en unas elecciones generales, la alternancia entre mujeres y hombres en las candidaturas viene impuesta por la legislación estatal. La reforma convierte en obligación legal lo que hasta ahora dependía, en muchos casos, de la voluntad de cada organización política. Se trata de un avance significativo. Durante décadas, las mujeres estuvieron infrarrepresentadas en los espacios de decisión. Las instituciones reflejaban una realidad difícilmente compatible con una sociedad en la que las mujeres constituyen más de la mitad de la población. La incorporación de cuotas primero y el desarrollo de políticas de representación paritaria después han contribuido a corregir una desigualdad histórica que limitaba la calidad misma de la democracia.

La implantación obligatoria de las listas cremallera es fruto de una larga reivindicación feminista y de una concepción de la democracia que entiende que la igualdad formal debe traducirse también en igualdad de oportunidades para acceder a la representación institucional. Sin embargo, la igualdad no termina cuando se logra presencia.

Estar en la foto no siempre significa decidir

La cuestión que plantea la nueva normativa va más allá de la composición de las candidaturas. El debate ya no se limita a cuántas mujeres aparecen en las listas. La pregunta es otra,  ¿quién toma las decisiones?. Y es que la experiencia demuestra que la representación numérica y el liderazgo efectivo no siempre avanzan al mismo ritmo. Las mujeres han ganado presencia en parlamentos, gobiernos y administraciones, pero eso no significa que hayan desaparecido todas las barreras para acceder a los espacios donde se define la estrategia política, se negocian acuerdos o se distribuyen responsabilidades. Las estructuras de poder siguen condicionadas en muchos casos por inercias acumuladas durante décadas. La consecuencia es evidente, una organización puede exhibir una imagen equilibrada en sus candidaturas mientras los ámbitos donde se toman las decisiones más importantes continúan mostrando desequilibrios menos visibles. Por eso resulta legítimo preguntarse si la paridad electoral debe medirse únicamente por el número de escaños o también por la capacidad real de influir en el rumbo de las organizaciones políticas.

La igualdad política no consiste solo en ocupar un asiento. Consiste también en tener voz, capacidad de decisión y acceso a las responsabilidades que marcan el rumbo colectivo.

De la representación a la corresponsabilidad

Las listas cremallera representan un avance indiscutible porque garantizan una presencia equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas y convierten en obligación legal una práctica que durante años dependió de la voluntad política de cada partido. Pero precisamente porque la representación ha avanzado, el debate puede desplazarse hacia una cuestión más profunda. Alcanzar la igualdad en las listas constituye un requisito democrático básico, alcanzar la igualdad en el ejercicio del liderazgo sigue siendo uno de los grandes desafíos pendientes. La cuestión ya no es si las mujeres deben estar presentes en la política. Ese consenso está ampliamente consolidado. El reto consiste ahora en asegurar que esa presencia se traduzca en participación efectiva en todos los niveles de decisión.

Cuántas mujeres dirigen campañas electorales. Cuántas encabezan negociaciones políticas. Cuántas presiden órganos estratégicos. Cuántas forman parte de los equipos donde se diseñan las prioridades de las organizaciones. Son preguntas que ayudan a medir la distancia que todavía puede existir entre la representación paritaria y el ejercicio real del poder. Porque la igualdad democrática exige también corresponsabilidad en el liderazgo y una presencia efectiva de mujeres en los espacios de liderazgo político.

Una democracia más fuerte cuando las mujeres deciden

Las políticas de paridad no deberían entenderse como concesiones ni como privilegios. Son instrumentos destinados a garantizar que las instituciones reflejen de manera más fiel la diversidad de la sociedad a la que representan. La verdadera fortaleza de una democracia no depende únicamente de quién ocupa los escaños, también depende de quién participa en la toma de decisiones. Una presencia equilibrada en las listas es un paso importante. Una presencia equilibrada en los espacios de poder constituye el siguiente. Una democracia más igualitaria no es solamente aquella donde hay más mujeres en las listas. Es aquella donde las mujeres participan en condiciones de igualdad en todos los niveles de decisión.

Las candidaturas del 29-N permiten constatar un avance evidente en materia de mujeres en política, igualdad institucional y representación democrática. La nueva legislación garantiza una presencia equilibrada en las listas electorales y reduce desequilibrios que todavía persistían en la confección de muchas candidaturas. Pero la igualdad efectiva no puede detenerse en la fotografía electoral. La siguiente etapa consiste en comprobar hasta qué punto esa presencia se traduce en capacidad de decisión, influencia y poder real dentro de las organizaciones políticas.

La discusión no debería enfrentar representación y mérito ni convertirse en una batalla ideológica sobre las cuotas. El verdadero debate consiste en determinar si las estructuras de poder están evolucionando al mismo ritmo que las leyes. Porque la paridad electoral es una conquista democrática y la igualdad plena llegará cuando las mujeres no solo ocupen un lugar en las listas, sino también en los espacios donde se toman las decisiones que marcan el rumbo político del país.

Y ahí es donde se encuentra el verdadero reto. No únicamente contar cuántas mujeres aparecen en una candidatura, sino garantizar que participen en igualdad de condiciones en la definición de las estrategias, en la construcción de los liderazgos y en el ejercicio efectivo del poder.