Marruecos sí atacó España, pero no hubo una invasión como sostiene la extrema derecha

La crisis de Ceuta del 30 de julio no fue una invasión, sino un ataque de guerra híbrida. No hubo tropas marroquíes cruzando la frontera, no se ocuparon edificios públicos, no se desplegaron unidades militares contra España y no existió una operación convencional destinada a conquistar la ciudad. La palabra “invasión”, utilizada por la extrema derecha y amplificada por algunos dirigentes internacionales ultras, convierte a civiles desarmados en un ejército imaginario.

Pero negar que fuera una invasión no significa negar que fue un ataque de guerra híbrida. La diferencia es esencial. Una invasión es una acción militar de ocupación territorial. Una operación híbrida utiliza medios no convencionales (migración, desinformación, presión económica, redes criminales o control fronterizo selectivo) para desestabilizar a otro Estado sin cruzar claramente el umbral de la guerra. La OTAN define las amenazas híbridas como la combinación de instrumentos militares y no militares, abiertos y encubiertos, destinados a sembrar dudas, debilitar instituciones y desdibujar la frontera entre guerra y paz.

Ceuta fue, en ese sentido, una operación de guerra híbrida: una entrada masiva facilitada por el colapso o la relajación temporal del control marroquí, alimentada por rumores en redes sociales y aprovechada por un Estado que mantiene reivindicaciones territoriales sobre la ciudad. 

La conclusión más rigurosa no es la de la extrema derecha ni la de quienes reducen todo a un fenómeno espontáneo. No fue una invasión, pero tampoco una simple concentración migratoria desconectada de la política. Fue una crisis humana de escala extraordinaria, provocada por una mezcla de pobreza, desinformación, expectativas falsas, actividad de mafias y una respuesta fronteriza marroquí inexplicablemente permisiva o deliberadamente relajada. Esa combinación produjo efectos estratégicos sobre España aunque no implicara una ocupación militar.

La palabra que lo deforma todo

La extrema derecha necesita presentar a los migrantes como un ejército porque su discurso político se construye sobre la idea de una amenaza existencial. Si quienes cruzan son trabajadores, jóvenes, familias o personas desesperadas que creen haber encontrado una oportunidad, el relato pierde fuerza. Si se les presenta como invasores, el miedo sustituye a la investigación y cualquier respuesta coercitiva parece justificada.

Pero los hechos no avalan ese encuadre. Las personas que cruzaron Ceuta no portaban armas, no obedecían a una cadena de mando militar, no ocuparon instalaciones del Estado y no actuaron como una fuerza organizada destinada a sustituir a la autoridad española. Eran civiles que intentaban entrar en territorio europeo, muchos de ellos impulsados por mensajes falsos sobre la sentencia del Tribunal Supremo y sobre la posibilidad de permanecer en España. 

La inmensa mayoría regresó después a Marruecos. España calculó que alrededor de 69.500 personas habían vuelto en los días posteriores, mientras Marruecos ofrecía cifras distintas sobre el número de personas que había entrado. Ese retorno masivo no convierte la crisis en menos grave, pero sí desmonta el lenguaje de ocupación. Una invasión no termina con decenas de miles de personas regresando a pie o por los pasos fronterizos después de descubrir que la promesa de una vida inmediata en Europa era falsa.

La palabra “invasión” también invisibiliza a las víctimas. Decenas de personas murieron durante el intento de cruzar, entre ellas quienes se ahogaron o quedaron atrapadas en la concentración humana. El balance fue trágico a ambos lados de la frontera. La retórica de la invasión convierte esas muertes en daños colaterales de una batalla imaginaria. El análisis serio debe recordar que fueron personas, no piezas de una ofensiva.

La guerra híbrida sí existe

La ausencia de una invasión convencional no elimina el componente estratégico. Ceuta no sufrió una llegada ordinaria. Una ciudad de aproximadamente 85.000 habitantes recibió en un periodo muy breve una cantidad de personas que, según las estimaciones, pudo situarse entre 50.000 y 80.000.

Una frontera no absorbe de manera espontánea semejante cantidad de personas sin que exista una combinación extraordinaria de factores. Las redes sociales pudieron difundir rumores sobre una supuesta posibilidad de entrar y permanecer en España. Las mafias pudieron aprovechar esa expectativa para movilizar a más personas. La sentencia que impedía devoluciones inmediatas de quienes llegaran a nado pudo ser interpretada de forma errónea. Pero nada de eso explica por sí solo la pasividad o el fracaso del control marroquí en determinados puntos de la frontera.

El ataque de guerra híbrida es un hecho, tal y como han señalado los principales servicios de inteligencia del mundo. Marruecos controla el lado exterior de la frontera. Puede desplegar fuerzas, cerrar accesos, impedir concentraciones y actuar contra las redes que transportan personas. También existe un precedente: en mayo de 2021, aproximadamente 8.000 personas cruzaron hacia Ceuta durante una crisis diplomática entre Madrid y Rabat. La repetición de patrones demuestra por sí sola una orden política.

La gran ventaja de una operación híbrida consiste precisamente en la ambigüedad. Rabat puede decir que no organizó nada, que las mafias engañaron a los migrantes y que la sentencia española provocó las expectativas falsas. Si la crisis se desborda, puede ofrecer cooperación policial y retornos rápidos. El Estado que controla la frontera se presenta entonces como bombero después de haber permitido, por acción u omisión, que el incendio creciera.

Marruecos, el socio traidor

La responsabilidad de Marruecos debe analizarse en varios niveles. Existe una responsabilidad directa si se demuestra que las autoridades ordenaron, facilitaron o coordinaron la apertura de la frontera. Existe una responsabilidad operativa si los servicios de seguridad conocieron la concentración y no actuaron con la diligencia exigible. Existe una responsabilidad política si el Gobierno utilizó la permisividad fronteriza para enviar un mensaje a España, aunque no existiera una orden explícita de movilización. Y existe una responsabilidad internacional más amplia si Rabat mantiene una estructura de control selectivo que le permite utilizar los flujos como instrumento de negociación.

España no puede resolver esta contradicción limitándose a agradecer la colaboración posterior. La cooperación marroquí en los retornos puede haber contribuido a cerrar la crisis, pero no elimina la necesidad de esclarecer cómo empezó. Que Rabat ayude a devolver a las personas no demuestra que haya organizado la entrada, pero tampoco permite descartar que hubiera facilitado las condiciones para que ocurriera.

La política exterior de España debe salir de esa trampa. No puede tratar a Marruecos como un socio plenamente fiable solo porque acepte retornos después de una crisis. La confianza no se mide por la colaboración cuando el problema ya está creado. Se mide por la conducta preventiva, por la transparencia y por la ausencia de utilización política de las fronteras.

El error español

La crisis también muestra fallos graves de España. El Gobierno de Pedro Sánchez no parece haber previsto adecuadamente la dimensión de la entrada, a pesar de que los servicios de inteligencia y los responsables locales habían detectado señales de riesgo. La decisión del Tribunal Supremo sobre las devoluciones fue interpretada en redes como una autorización para entrar y quedarse, y el Ejecutivo no consiguió contrarrestar a tiempo esa narrativa.

No basta con culpar a las mafias. Las organizaciones criminales aprovecharon una vulnerabilidad institucional, pero esa vulnerabilidad también corresponde al Estado español. La población de Ceuta quedó expuesta, los servicios de acogida se saturaron y las fuerzas de seguridad tuvieron que responder en condiciones extremas. La falta de previsión debilitó la capacidad de disuasión y ofreció a Marruecos una oportunidad de presión.

La extrema derecha utiliza esos fallos para defender que la crisis fue una invasión y exigir una militarización permanente. El Gobierno, en cambio, tiende a refugiarse en la explicación de las mafias y la desinformación. Ambas posiciones son insuficientes. La primera exagera la naturaleza del hecho. La segunda minimiza la dimensión estratégica y evita investigar el papel de Marruecos.

Migración y seguridad no son sinónimos

Uno de los mayores daños del lenguaje de la invasión es que convierte toda migración en una amenaza de seguridad. La llegada irregular de personas puede generar una emergencia logística, presión sobre servicios y dificultades de identificación. También puede ser utilizada por un Estado para ejercer presión. Pero eso no significa que cada migrante sea una amenaza ni que toda entrada constituya una agresión.

La seguridad debe dirigirse contra quienes organizan, financian y manipulan las rutas, no contra las personas que caen en ellas. Las mafias se benefician de la desinformación y de la ausencia de vías legales, sobre todo si saben elegir los momentos en los que Marruecos abre la mano y lo permite todo. Prometen residencia, empleo y acceso a Europa; cobran dinero y dejan a los migrantes expuestos.

El artículo 5 no es una respuesta automática

La crisis de Ceuta puede ser analizada como ataque de guerra híbrida, pero eso no significa que active automáticamente el artículo 5 de la OTAN. La Alianza ha reconocido que las operaciones híbridas pueden alcanzar en determinadas circunstancias el umbral de un ataque armado, pero la decisión corresponde al Consejo del Atlántico Norte y requiere una evaluación política y jurídica compartida.

España debería elevar el caso al artículo 4, solicitar consultas y compartir inteligencia con sus aliados. Tendría que documentar el papel de Marruecos, demostrar la coordinación o permisividad estatal si existió y explicar por qué el episodio afectó a la seguridad nacional y a la estabilidad europea. El artículo 5 solo sería planteable si los aliados concluyeran que la presión alcanzó la gravedad de un ataque armado. Presentar la crisis como una invasión puede ser contraproducente porque debilita la credibilidad española ante sus socios.

Un Estado que exagera sus acusaciones puede perder apoyo. Un Estado que las minimiza pierde capacidad de disuasión. La política responsable está entre ambos extremos: describir los hechos con precisión y mantener abierta la posibilidad de que una operación de presión no convencional sea también una agresión estratégica.

La lección política

La crisis de Ceuta ha revelado una realidad incómoda: el gran peligro para España está en el sur. La extrema derecha se equivoca al llamar invasores a los civiles y presentar el episodio como una conquista militar. El Gobierno tiene razón al advertir sobre las mafias y la desinformación, pero se equivoca si utiliza esos factores para descartar la responsabilidad de Marruecos.

El hecho es que Ceuta sufrió una crisis migratoria masiva por un ataque de guerra híbrida, probablemente facilitada por un colapso o una relajación de los controles marroquíes, amplificada por redes sociales y aprovechada por Rabat en un contexto de tensión diplomática. La orquestación directa sigue sin estar probada. La responsabilidad práctica de Marruecos por permitir las condiciones que hicieron posible la entrada es, sin embargo, demasiado importante para ser ignorada.

No hubo invasión porque no hubo fuerza militar de ocupación. No hubo conquista, ni combate entre ejércitos, ni toma de edificios. Pero sí hubo una alteración extraordinaria de la frontera, un impacto directo sobre la soberanía española, una crisis humanitaria y un beneficio político potencial para un Estado que mantiene reivindicaciones territoriales sobre la ciudad.