La historia contemporánea de las relaciones entre España y Marruecos está atravesada por una constante: cuando Rabat quiere alterar el comportamiento de Madrid, rara vez empieza por una declaración formal de guerra. Prefiere la presión indirecta, el hecho consumado, la movilización de civiles, el control selectivo de las fronteras y la creación de crisis que obliguen al Gobierno español a elegir entre la confrontación y la cesión. Desde la Marcha Verde de 1975 hasta los asaltos masivos a Ceuta y Melilla, pasando por la permisividad ante determinadas salidas migratorias, Marruecos ha demostrado que sabe convertir la vulnerabilidad humana en una palanca política.
La afirmación debe formularse con precisión. No puede atribuirse automáticamente a Rabat la responsabilidad de cada patera, cada cayuco o cada salto de la valla. Tampoco es legítimo presentar a los civiles marroquíes, subsaharianos o de cualquier otra nacionalidad como instrumentos conscientes de una estrategia estatal. La mayoría de quienes arriesgan la vida en el mar son víctimas de la pobreza, la desesperación, la propaganda de las redes sociales y las mafias. Pero esa constatación no impide analizar la responsabilidad del Estado marroquí cuando sus fuerzas relajan el control fronterizo, permiten concentraciones masivas o utilizan los flujos migratorios como mecanismo de guerra híbrida.
La clave histórica está en la diferencia entre las personas que cruzan y el poder que decide cuándo la frontera se vuelve permeable. El migrante puede ser una víctima; el Estado que abre o cierra el paso puede estar ejecutando una estrategia. Confundir ambos planos beneficia a quienes instrumentalizan la crisis y perjudica a quienes la sufren.
La Marcha Verde como precedente
La Marcha Verde de noviembre de 1975 constituye el primer gran precedente de la utilización política de civiles para alterar el control español sobre un territorio disputado. Marruecos movilizó a decenas de miles de personas hacia el Sáhara Occidental, entonces administrado por España. La operación fue presentada como una marcha popular y pacífica destinada a “recuperar” un territorio que Rabat consideraba parte de su integridad nacional. Pero la movilización civil avanzó en un contexto de presión militar, enfermedad terminal de Franco, incertidumbre política y temor español a una escalada regional.
La utilización de civiles no fue accidental. La masa humana cumplía una función estratégica: dificultaba una respuesta militar española, elevaba el coste moral y político de cualquier enfrentamiento y creaba una imagen internacional de reclamación nacional espontánea. Si Madrid disparaba, podía aparecer como una potencia colonial que reprimía a civiles. Si no disparaba, cedía terreno y capacidad de negociación. La operación colocó a España ante un dilema que volvería a repetirse décadas después en Ceuta: responder con fuerza y asumir el coste internacional o retirarse y aceptar el hecho consumado.
La Marcha Verde terminó vinculada a los ilegales Acuerdos de Madrid, firmados en noviembre de 1975 entre España, Marruecos y Mauritania. Naciones Unidas sostiene que esos acuerdos no transfirieron la soberanía del territorio ni otorgaron a Marruecos la condición de potencia administradora. La cuestión del Sáhara quedó abierta y la población saharaui no pudo ejercer el derecho de autodeterminación en los términos reclamados por la ONU.
La lección marroquí fue contundente. La movilización de civiles, cuando se coordina con una coyuntura política favorable y con una amenaza militar latente, puede conseguir más que una ofensiva convencional. El Estado que usa esa herramienta puede negar que haya una agresión: solo hay ciudadanos que expresan su voluntad. Pero el resultado estratégico es el mismo: el adversario retrocede.
Ceuta y Melilla como objetivo permanente
Ceuta y Melilla constituyen el segundo gran escenario de esta política de presión. Marruecos no reconoce la soberanía española sobre ambas ciudades y las presenta como territorios ocupados. Las dos enclaves son, además, fronteras exteriores de la Unión Europea situadas en la costa norteafricana. Esa combinación las convierte en espacios de máxima vulnerabilidad: tienen una dimensión española, europea y africana al mismo tiempo.
Los episodios de presión se han repetido durante años. En Melilla, los saltos de la valla han llegado a concentrar a miles de personas en operaciones coordinadas desde el lado marroquí. En Ceuta, la crisis de mayo de 2021 se convirtió en el ejemplo más evidente. En apenas unos días, alrededor de 8.000 personas entraron en la ciudad después de que las autoridades marroquíes relajaran el control fronterizo. La operación coincidió con una grave crisis diplomática entre Madrid y Rabat vinculada a la acogida en España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario.
La secuencia fue interpretada de forma generalizada como una represalia política. Marruecos negó haber utilizado la migración como arma, pero el patrón temporal resultó demasiado elocuente: una crisis diplomática, una relajación del control y una entrada masiva de civiles. El objetivo no parecía consistir en permitir que todos llegaran a la Península. Bastaba con demostrar que Ceuta podía ser desbordada en cuestión de horas y que España dependía de la voluntad marroquí para mantener la presión bajo control.
La crisis más reciente ha multiplicado esa lógica. En julio de 2026, decenas de miles de personas cruzaron hacia Ceuta por tierra y mar en una operación sin precedentes recientes. Más de de 80.000 entradas iniciales. La mayoría regresó a Marruecos en los días siguientes, pero el episodio ha dejado muertos, saturación de los servicios de acogida y una crisis política de alcance europeo.
La dimensión de la operación es importante porque la presión no se midió solo en términos migratorios. El cruce masivo golpeó la autoridad del Estado español, obligó a desplegar fuerzas militares y policiales, generó reproches dentro de la Unión Europea y permitió que la cuestión de Ceuta volviera a situarse en el centro de la disputa territorial. No era necesario ocupar la ciudad. Bastaba con mostrar que la frontera podía abrirse y cerrarse desde el lado marroquí.
La frontera como interruptor político
La política marroquí de control migratorio funciona, en gran medida, como un interruptor. Cuando Rabat desea mostrar cooperación, despliega fuerzas, detiene salidas y participa en operaciones conjuntas con España o con la UE. Cuando quiere aumentar la presión, el control se relaja, aparecen concentraciones de personas en las proximidades de la frontera y las redes de tráfico encuentran un entorno más favorable para operar.
Eso no significa que todos los agentes marroquíes actúen siguiendo una orden política explícita en cada episodio. Tampoco que todas las salidas estén organizadas por el Gobierno. Significa que el Estado posee capacidad de vigilancia, información y control suficiente para influir de manera decisiva en la intensidad de los flujos. En una frontera tan vigilada como la de Ceuta, una entrada masiva no puede analizarse únicamente como una suma espontánea de decisiones individuales.
La ventaja estratégica de este mecanismo es evidente. Marruecos puede presentarse como parte de la solución mientras conserva la capacidad de ser parte del problema. Puede colaborar en el mar, rescatar personas y aceptar retornos, pero también permitir que miles de civiles alcancen la frontera cuando la relación con España entra en una fase de tensión. La ambivalencia no es un defecto del sistema; es su principal utilidad política.
España, por su parte, ha respondido con una diplomacia basada en la contención y la cobardía. Los gobiernos han evitado acusar abiertamente a Rabat, han subrayado la cooperación bilateral y han insistido en que la relación es estratégica. Esa prudencia puede evitar una crisis inmediata, pero también genera un incentivo perverso: si Marruecos sabe que España no señalará públicamente su responsabilidad, el coste de utilizar la presión migratoria será muy reducido.
Pateras, cayucos y rutas hacia Europa
La misma lógica aparece, aunque con matices, en las rutas marítimas hacia la Península y Canarias. Marruecos es un territorio de tránsito, origen y contención. Desde sus costas parten embarcaciones hacia Andalucía, Murcia, Levante, Ceuta y Canarias. No todas las salidas son responsabilidad del Estado marroquí. Las redes criminales organizan viajes, cobran cantidades abusivas y explotan la desesperación de las personas. Pero la capacidad marroquí para vigilar sus costas y actuar contra las mafias influye directamente en el volumen de las salidas.
La experiencia demuestra que los flujos pueden variar de forma abrupta según el nivel de control, la meteorología, la actividad policial y la situación diplomática. Cuando el Estado coopera, las salidas disminuyen o se desplazan. Cuando el control es insuficiente o deliberadamente relajado, las rutas se intensifican. En el caso de Canarias, además, la distancia y la peligrosidad de la travesía hacen que la presión recaiga directamente sobre España y sobre la Unión Europea. Los cayucos no solo llegan con personas; llegan con una crisis humanitaria, sanitaria, logística y política.
La utilización de las rutas migratorias como herramienta de negociación no requiere que Rabat ordene cada travesía. Basta con que el Estado conozca el fenómeno, pueda contenerlo y decida no hacerlo durante un periodo determinado. La amenaza implícita es suficiente: si Europa no responde a las demandas marroquíes, la frontera marítima se vuelve más permeable.
Ese mecanismo ha convertido la cooperación migratoria en una dependencia. España financia, equipa y apoya a las fuerzas marroquíes para que controlen sus fronteras, pero el Estado marroquí conserva el monopolio de la decisión sobre el grado de cooperación. La Unión Europea proporciona fondos para vigilancia, retorno y lucha contra las mafias, mientras Rabat utiliza esa relación para aumentar su valor estratégico. El resultado es una política en la que Europa paga por la estabilidad, pero no controla completamente las condiciones de esa estabilidad.
Civiles utilizados como escudo
La expresión “utilizar civiles como armas” puede resultar contundente, pero exige una precisión moral. Los civiles no son armas; son personas. Los menores que cruzan, las familias que caminan hacia una valla, los jóvenes que se lanzan al mar y quienes pagan a una mafia para subir a un cayuco son, en la mayoría de los casos, víctimas de una estructura de explotación y desesperación. Presentarlos como invasores conscientes de una operación estatal deshumaniza a quienes ya se encuentran en una situación extrema.
La responsabilidad política debe dirigirse contra quienes manipulan las condiciones de la frontera, quienes prometen un acceso fácil a Europa, quienes organizan las travesías y quienes utilizan la masa humana para presionar a otro Estado. Es posible denunciar la instrumentalización sin convertir a los migrantes en enemigos. De hecho, esa distinción es esencial para comprender la eficacia de la estrategia: cuanto más se demoniza a los civiles, más fácil resulta que el Estado que los ha dejado avanzar se presente como un actor secundario o incluso humanitario.
Marruecos ha mostrado que puede beneficiarse de esa confusión. Cuando la presión aumenta, Madrid se ve obligado a gestionar rescates, acogida, devoluciones y críticas internas. Rabat puede limitarse a negar su responsabilidad, acusar a España de no haber previsto una decisión judicial o insistir en que las mafias engañaron a los migrantes. La crisis queda entonces convertida en un problema criminal o humanitario, mientras desaparece el componente de coerción política.
Una estrategia de desgaste
La continuidad histórica no significa que todos los episodios sean idénticos. La Marcha Verde fue una operación territorial en un contexto de descolonización. Los saltos de las vallas de Ceuta y Melilla responden a redes migratorias y a crisis de frontera. Las salidas hacia Canarias están influidas por conflictos africanos, economía, clima y mafias. El 11-M fue un atentado yihadista cuya autoría estatal marroquí no ha sido demostrada. Pero todos esos episodios tienen un punto de conexión: España ocupa una posición vulnerable frente a un vecino que controla una parte significativa de los accesos terrestres y marítimos hacia Europa.
Marruecos ha aprendido a actuar en esa zona gris. No necesita declarar una guerra ni lanzar una ofensiva militar. Puede utilizar la presión migratoria, la ambigüedad diplomática, la reivindicación territorial, el comercio, el espionaje y la cooperación selectiva. Cada herramienta tiene un coste limitado y un impacto potencial elevado. La finalidad no es siempre obtener una concesión concreta. A veces basta con demostrar que España no puede actuar con libertad sin calcular la reacción de Rabat.
Esa estrategia se refuerza con el rearme y las alianzas internacionales. Marruecos ha estrechado sus vínculos militares con Estados Unidos e Israel y ha adquirido capacidades que aumentan su peso regional. Cuanto más fuerte se siente el Estado marroquí, menor es su necesidad de ocultar sus ambiciones. La presión migratoria deja de ser una herramienta de supervivencia y se convierte en una herramienta de afirmación nacional.
La respuesta que España necesita
España debe abandonar dos errores opuestos. El primero consiste en negar cualquier responsabilidad marroquí por miedo a provocar una crisis diplomática. El segundo consiste en atribuir a Rabat cada movimiento migratorio o cada delito cometido por personas de origen marroquí. La política seria debe separar las pruebas de las sospechas, pero también debe reconocer los patrones cuando se repiten.
La Unión Europea debería condicionar su cooperación con Marruecos al cumplimiento verificable de compromisos fronterizos y al respeto de la legalidad internacional. No basta con transferir fondos y agradecer la colaboración. Es necesario establecer mecanismos de alerta, auditorías, cláusulas de suspensión y consecuencias económicas cuando se detecte una instrumentalización deliberada de la migración.
España, por su parte, debe reforzar Ceuta, Melilla y Canarias sin convertir esas zonas en espacios militarizados permanentemente. Necesita recursos para acoger, devolver conforme a la ley, perseguir mafias y proteger a los menores. Pero también requiere una diplomacia capaz de decir a Marruecos que la cooperación no puede basarse en el chantaje. Si la frontera se utiliza como arma, el acuerdo debe tener consecuencias.
La historia de medio siglo de relaciones hispano-marroquíes demuestra que ceder no siempre compra paz. La Marcha Verde terminó con la salida española del Sáhara. Las crisis de Ceuta y Melilla han confirmado que el control migratorio puede activarse o relajarse según la temperatura diplomática. Las rutas marítimas han convertido la cooperación en dependencia. Y el 11-M, aunque no pueda atribuirse al Estado marroquí, recordó la dimensión transnacional de las amenazas que atraviesan el Estrecho.
La conclusión debe ser firme y rigurosa. Marruecos ha utilizado de forma recurrente la movilización de civiles y el control de los flujos migratorios como instrumentos de presión contra España, pero esa afirmación debe apoyarse en hechos concretos y no en acusaciones indiscriminadas. Los civiles no son el enemigo. El problema está en el poder que puede empujarlos hacia una frontera, permitirles avanzar, abandonarlos en el mar y después utilizar la crisis resultante para obtener ventajas políticas.
España no puede seguir confundiendo prudencia con silencio. Puede mantener relaciones con Marruecos, comerciar con él y cooperar en materia de seguridad. Pero debe hacerlo desde una posición de igualdad, con líneas rojas visibles y consecuencias reales. La política de la presión solo funciona cuando quien la sufre acepta pagar el precio. Y durante demasiado tiempo España y Europa han pagado ese precio sin exigir que Rabat asuma ninguno.
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