Marruecos ha vuelto a colocar Ceuta y Melilla en el centro de la política bilateral con España. Abdellatif Ouahbi, ministro de Justicia marroquí, ha declarado que Rabat sigue reivindicando ambas ciudades, que la cuestión se plantea en cada reunión con Madrid y que su estrategia es de largo plazo, basada en la paciencia y el diálogo. Las palabras, dichas días después del ataque de guerra híbrida contra España, no contienen una amenaza militar inmediata ni literal, pero sí una advertencia política inequívoca: Marruecos no ha renunciado a sus objetivos territoriales y considera que la soberanía española sobre Ceuta y Melilla es un asunto abierto.
La declaración llega después del ataque a Ceuta del 30 y 31 de julio, cuando cerca de 80.000 personas cruzaron hacia Ceuta desde Marruecos. La coincidencia temporal ha provocado la unanimidad de los servicios de inteligencia mundiales: fue una operación de guerra híbrida destinada a presionar a España y a recordar que Rabat tiene capacidad para alterar la estabilidad de la ciudad. No existe, hasta ahora, una prueba pública concluyente de que el Gobierno marroquí ordenara directamente la entrada masiva. Pero resulta políticamente ingenuo ignorar que Marruecos controla el lado exterior de la frontera, que la presión migratoria se ha utilizado antes como instrumento de negociación y que la reivindicación territorial reaparece ahora con una precisión calculada.
Es cierto que, a priori, Marruecos no está a punto de lanzar una invasión convencional sobre Ceuta y Melilla. El análisis estratégico más prudente sostiene que Rabat utilizará esas ciudades como frentes de presión, señalización y afirmación territorial por debajo del umbral militar. Un estudio de Global Affairs de la Universidad de Navarra señala que la revisión territorial directa no parece inminente, pero advierte de que Ceuta, Melilla y el espacio marítimo atlántico seguirán siendo extensiones políticamente utilizables de una estrategia de soberanía ampliada.
Eso no reduce la gravedad. Al contrario. La zona gris es peligrosa porque permite al agresor avanzar sin activar automáticamente los mecanismos de defensa colectiva. Marruecos puede reivindicar, presionar, tolerar movimientos de civiles, acusar a España de abusos y reclamar diálogo sin disparar un solo tiro. Puede negar que utilice la migración como arma y, al mismo tiempo, beneficiarse del impacto que esa migración produce sobre la sociedad española, la Unión Europea y la política exterior de Pedro Sánchez.
La frase que lo cambia todo
“Seguimos reivindicando nuestros territorios”, ha afirmado Ouahbi. También ha señalado que el asunto aparece en cada encuentro con España y que Rabat mantiene una política de “largo aliento”. El lenguaje merece atención porque combina tres elementos: persistencia, normalización y tiempo. Marruecos no presenta la reclamación como una crisis, sino como una cuestión pendiente. No anuncia una ruptura, sino una negociación larga. No plantea una acción inmediata, sino una espera paciente.
Ese método es políticamente inteligente y muy peligroso para España. Si Rabat anunciara una ofensiva o una amenaza explícita, provocaría una reacción española, europea y de la OTAN. Al hablar de diálogo y paciencia, mantiene la tensión dentro de los límites de la diplomacia. Pero cada declaración pública vuelve a colocar la soberanía española en una mesa de negociación que Madrid asegura que no existe. La contradicción es deliberada: Marruecos dice que quiere dialogar sobre el futuro de Ceuta y Melilla; España responde que ese futuro no está en discusión y ha rechazado cualquier debate sobre la soberanía de las ciudades. La ministra de Defensa, Margarita Robles, llegó a decir que Ceuta y Melilla no son solo españolas, sino “superespañolas”. La contundencia verbal contrasta con la cautela previa del Gobierno en su relación con Rabat. Después de la crisis, la firmeza no es una opción estética. Es una necesidad política.
El problema es que una declaración tajante no basta, sobre todo si el resto del Gobierno ha decidido mantenerse en el plano de sumisión y de temor. Si España afirma que la soberanía no está en discusión, debe comportarse como un Estado que no negocia sus fronteras bajo presión. Eso implica exigir explicaciones, informar a sus aliados, reforzar la protección de las ciudades y condicionar la cooperación bilateral. De lo contrario, las palabras corren el riesgo de sonar como una defensa de emergencia después de años de ambigüedad.
Marruecos siempre usa civiles como escudos humanos
La entrada masiva de personas en Ceuta no fue una invasión. No hubo tropas, armamento ni ocupación militar. Las personas que cruzaron eran civiles y, en su mayoría, buscaban una oportunidad económica o respondían a rumores sobre la posibilidad de entrar y permanecer en España. Presentarlas como un ejército sería una deformación propagandística que deshumaniza a las víctimas y sirve a la extrema derecha para construir un relato de amenaza existencial.
Pero tampoco fue una crisis migratoria ordinaria. La magnitud del movimiento, la rapidez de la entrada y el hecho de que Ceuta quedara temporalmente desbordada convirtieron el episodio en una crisis de seguridad nacional y europea. Esta es la conclusión de los principales servicios de inteligencia del mundo al afirmar de manera unánime que el ataque, tal y como lo definió Pedro Sánchez, fue un episodio de guerra híbrida de manual.
La operación híbrida no necesita que los civiles sepan que están siendo utilizados. Basta con que un Estado controle las condiciones que permiten la movilización y obtenga beneficios políticos del resultado. El migrante puede ser una víctima de la desinformación y, simultáneamente, su movimiento puede producir una presión estratégica sobre España. Ambas afirmaciones pueden ser verdaderas a la vez.
Marruecos niega que haya utilizado la migración como herramienta de presión y atribuye la crisis a las mafias, a la desinformación y a la interpretación de una resolución judicial española. Esto es, en base a las conclusiones de los servicios de inteligencia internacionales, falso. Por eso, la versión marroquí debe ser investigada, no aceptada sin más, como hace el gobierno español. Rabat tiene la capacidad de vigilar el litoral, controlar los pasos fronterizos, identificar concentraciones y actuar contra las redes. Si decenas de miles de personas pudieron aproximarse a la frontera y cruzar en tan poco tiempo, el Estado marroquí debe explicar qué ocurrió.
El precedente de 2021
La crisis de mayo de 2021 sigue siendo el principal antecedente. Cerca de 8.000 personas entraron en Ceuta durante una crisis diplomática provocada por la acogida en España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario. La secuencia fue evidente: deterioro de las relaciones, relajación del control fronterizo y entrada masiva. La reacción española fue inmediata y el Gobierno marroquí recuperó después el control.
Aquel episodio mostró el funcionamiento de la presión híbrida. Marruecos no necesitó declarar una guerra ni realizar una operación militar. Le bastó con dejar que la frontera se volviera permeable durante un breve periodo. El coste político para España fue enorme: imágenes de caos, despliegue de fuerzas de seguridad, menores sin protección suficiente y una crisis diplomática internacional.
Sólo sobre el papel, la repetición del patrón no demuestra automáticamente que el episodio de 2026 haya sido planificado de la misma manera. Pero sí exige que los servicios de inteligencia, el Gobierno y los aliados europeos lo analicen en conjunto. La seguridad nacional no puede estudiar cada crisis como si empezara de cero. Las pautas de conducta son una forma de información estratégica.
Marruecos ha demostrado que puede utilizar la presión fronteriza en momentos de tensión. También ha demostrado que puede desactivar esa presión cuando obtiene el resultado que busca o cuando el coste internacional comienza a ser demasiado elevado. Esa capacidad de abrir y cerrar el flujo transforma la migración en un instrumento bélico, aunque cada persona que cruza lo haga por sus propios motivos.
La reclamación territorial
La declaración de Ouahbi confirma que la crisis migratoria y la cuestión territorial no deben analizarse por separado. Marruecos reivindica Ceuta y Melilla desde su independencia en 1956. La reclamación forma parte de su narrativa nacional y de una idea más amplia de “integridad territorial” que incluye también el Sáhara Occidental y otros enclaves próximos a la costa africana.
La estrategia de largo plazo consiste en normalizar el debate. Cada vez que un ministro marroquí menciona las ciudades, cada vez que un medio próximo al régimen las presenta como territorios ocupados y cada vez que una crisis fronteriza las coloca en los titulares, la cuestión gana presencia internacional, y mucho más después del apoyo explícito del presidente de los Estados Unidos. El objetivo no tiene que ser obtener una transferencia inmediata de soberanía. Basta con que España termine aceptando que el tema puede negociarse, tal y como sucedió en 1975 con la Marcha Verde y el Sáhara.
Un estudio de la Universidad de Navarra describe esa dinámica como una forma de presión y señalización por debajo del umbral de la revisión territorial directa. La estrategia no busca necesariamente una ocupación inmediata, sino mantener abierta la idea de que Marruecos tiene una reivindicación legítima y que España deberá abordar algún día el futuro de las ciudades.
España debe rechazar esa normalización a través de una posición dura y contundente que no descarte nada. Ceuta y Melilla no son territorios en disputa en el sentido clásico entre dos Estados con soberanías equivalentes. Son ciudades españolas, parte del territorio nacional y fronteras exteriores de la Unión Europea. Su estatus no puede convertirse en una moneda de cambio para resolver otras crisis, ni el Gobierno puede admitir conversaciones sobre su soberanía bajo presión.
La referencia a Italia
Marruecos ha utilizado argumentos similares a los de varios gobiernos europeos críticos con la política migratoria española. Giorgia Meloni, Antonio Tajani y otros dirigentes han acusado a Madrid de crear incentivos para la llegada irregular y han reclamado controles más estrictos, devoluciones eficaces y una responsabilidad reforzada en la frontera exterior de Schengen.
Rabat aprovecha esas críticas para presentar a España como el problema. El discurso es funcional: si los propios socios europeos cuestionan la política de Sánchez, Marruecos aparece como un actor que simplemente reacciona ante decisiones españolas. Si la regularización de migrantes, la sentencia del Supremo o la falta de devoluciones son presentadas como la causa de la crisis, la atención se desplaza desde la conducta marroquí hacia la supuesta irresponsabilidad de Madrid.
La estrategia es especialmente eficaz porque divide a Europa. Italia reclama medidas contra España; Francia refuerza la frontera; los países nórdicos exigen control; Bruselas ofrece apoyo a Marruecos y a España al mismo tiempo. La crisis deja de ser bilateral y se convierte en un problema europeo, pero en ese desplazamiento España queda sometida a una revisión política por parte de sus propios socios.
Marruecos no necesita que la Unión Europea respalde oficialmente sus reclamaciones territoriales. Le basta con que varios países europeos cuestionen a España y con que la discusión sobre Ceuta y Melilla aparezca integrada en un debate europeo sobre migración. La soberanía se diluye cuando la crisis se formula como una disputa administrativa y no como un desafío estratégico.
La respuesta que se espera de Sánchez
Pedro Sánchez debe abandonar la ambigüedad, el servilismo y la política de apaciguamiento. La respuesta española no puede limitarse a afirmar que Ceuta es española mientras el Gobierno mantiene una política de elogios a Rabat y evita atribuir responsabilidades por la crisis. La diplomacia necesita diálogo, pero el diálogo no debe confundirse con negociación de la soberanía.
El primer paso debe ser una investigación completa sobre lo ocurrido el 30 de julio. España debe compartir inteligencia con la Unión Europea y la OTAN, determinar el grado de responsabilidad marroquí y publicar una cronología de las decisiones adoptadas. Si existió una operación estatal, debe denunciarla formalmente. Si no puede demostrarse, el Gobierno debe explicar qué falló en la vigilancia y por qué la frontera se volvió permeable.
El segundo paso debe consistir en revisar la relación bilateral. La cooperación migratoria no puede mantenerse como un cheque en blanco. Los acuerdos de devolución, los fondos europeos, la cooperación policial y los proyectos económicos deben vincularse a compromisos verificables. Marruecos no puede recibir reconocimiento por cerrar una frontera después de que esa frontera haya sido utilizada para presionar a España.
El tercer paso es reforzar Ceuta y Melilla. No se trata de militarizar la vida civil ni de presentar la ciudad como una fortaleza sitiada. Se trata de mejorar vigilancia, protección de infraestructuras, capacidad de acogida, coordinación policial y comunicación de crisis. La población necesita saber que el Estado está presente antes, durante y después de una emergencia.
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