Ceuta vive otra vez bajo una presión que excede la lectura habitual de los flujos migratorios. Lo que ocurre en la frontera sur no puede entenderse solo como una consecuencia del verano, de la mejora del mar o de una mayor desesperación de quienes cruzan a nado. El contexto diplomático, las tensiones con Marruecos y la normalización de relaciones con Argelia sitúan el episodio en un plano mucho más delicado. La sospecha de que Rabat responde con relajación fronteriza a cada movimiento de Madrid ha dejado de ser una intuición o una sospecha para convertirse en una hipótesis estratégica que inquieta a mandos policiales, responsables políticos y analistas de seguridad.
El problema es que, en Ceuta, la geografía nunca es neutral. La ciudad autónoma es un punto de contacto y fricción entre dos Estados que mantienen una relación funcional en público y recelosa en privado. Y cuando la migración se dispara de forma repentina, la pregunta deja de ser cuántas personas llegan y pasa a ser por qué llegan ahora, de un día para otro, por qué por mar, por qué en oleadas y por qué en un momento político concreto. En esa pregunta se certifica que la presión migratoria esté siendo utilizada por Marruecos como instrumento de poder. No es una idea marginal: en círculos especializados se interpreta como una forma de guerra híbrida, una modalidad de coerción indirecta que recurre a medios no militares para alterar la conducta del adversario.
La referencia no es retórica. La Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD) y otros prestigiosos centros de análisis de seguridad han descrito el uso instrumental de la migración como una forma de presión híbrida sobre Estados rivales. La lógica es simple y brutal: no hace falta cruzar tanques por una frontera si se puede desbordar políticamente al vecino mediante una crisis humanitaria, institucional y mediática. La fuerza de ese método no está en la violencia directa, sino en la capacidad de generar caos, exponer vulnerabilidades y forzar concesiones. Y en el caso de Ceuta, la vulnerabilidad es evidente porque la ciudad está en una posición geográfica y simbólica que Marruecos nunca ha dejado de mirar con ambición.
La secuencia reciente refuerza esa lectura. La visita de Pedro Sánchez a Argelia para culminar la normalización diplomática y asegurar la relación energética entre ambos países se produjo en paralelo a un aumento de los intentos de cruce a nado hacia Ceuta. El Gobierno español niega cualquier vinculación, y de hecho Marruecos mantiene una cooperación parcial en el mar. Pero entre los mandos desplegados sobre el terreno la impresión es muy distinta: perciben una relajación en la vigilancia costera marroquí, una especie de descompresión selectiva que facilita salidas masivas de personas hacia la costa española. Ese patrón no es nuevo. Ya se observó en mayo de 2021, cuando la crisis diplomática por Brahim Ghali provocó una entrada masiva de migrantes en Ceuta y dejó al descubierto la facilidad con la que Rabat puede aflojar o endurecer el control de sus fronteras.
La comparación con 2021 no es solo histórica; es estructural. Entonces, Marruecos utilizó la migración para responder a una decisión política española. Ahora, el contexto es distinto, pero la lógica de la represalia selectiva podría ser parecida. La normalización con Argelia, socio energético clave para España, es leída en Rabat como una señal política de autonomía de Madrid respecto al tablero magrebí. Y en ese tablero, cada gesto diplomático tiene consecuencias. Si Marruecos interpreta que España se aproxima demasiado a Argelia, el mensaje puede llegar en forma de presión fronteriza, de ruido migratorio o de silencios estratégicos en el control de salidas.
Ese es el motivo por el que hablar de Marruecos como “socio fiable” resulta cada vez más difícil en determinados sectores políticos y de seguridad. La palabra socio presupone lealtad mutua, límites compartidos y previsibilidad. Sin embargo, la experiencia española con Rabat ha demostrado que la cooperación puede convivir con el chantaje, la coordinación con la intimidación y la diplomacia con el espionaje. El caso Pegasus, que afectó a dirigentes españoles, incluido el propio presidente del Gobierno, dejó una huella difícil de borrar. No se trató solo de una intrusión tecnológica; fue una señal de que la relación bilateral también opera en una zona gris donde las reglas formales no siempre bastan.
Ceuta, en este escenario, no es únicamente una ciudad desbordada por la presión migratoria. Es un punto de exposición estratégica. Cualquier crisis en la ciudad autónoma reverbera en la seguridad interior española, en la política exterior, en el debate sobre la soberanía y en la percepción internacional de la capacidad del Estado para defender sus fronteras. La acumulación de personas en el CETI, la saturación del sistema de protección de menores y la necesidad de traslados urgentes a la península reflejan una situación límite. Pero lo más inquietante no es el volumen de llegadas, sino la sensación de que la frontera puede ser abierta o cerrada con un grado de discrecionalidad que supera por completo la capacidad de respuesta de España.
Las cifras son elocuentes. Apenas unos días después de que Sánchez acudiera a Argel han llegado miles de personas a Ceuta por mar, la mayor parte jóvenes marroquíes, aunque también hay subsaharianos y mujeres marroquíes, un perfil poco frecuente en estos flujos. El CETI ha superado su capacidad oficial y la ciudad autónoma ha declarado una emergencia migratoria. La Guardia Civil y las fuerzas de seguridad marroquíes mantienen actividad permanente, pero la frontera se ha transformado en un espacio de gestión de daños más que de control efectivo. Lo que se observa ya no es un sistema de contención, sino un dispositivo que intenta contener las consecuencias de una presión que, si responde a una intención política externa, está funcionando.
La sentencia del Tribunal Supremo que impide las devoluciones en caliente de personas llegadas a nado añade otra capa de complejidad. Desde un punto de vista jurídico, la resolución corrige una práctica cuestionada por su dudosa cobertura legal. Desde un punto de vista operativo, sin embargo, cambia el equilibrio en una frontera extremadamente frágil. Si quienes alcanzan aguas españolas no pueden ser rechazados de inmediato, la gestión se vuelve más lenta, más burocrática y más costosa. Eso, en una ciudad como Ceuta, amplifica la percepción de desbordamiento y puede actuar como incentivo indirecto para nuevos intentos de entrada.
Aquí aparece el gran dilema español: cómo defender el Estado de derecho sin dejar un vacío de disuasión que otros actores puedan aprovechar. Porque si la frontera pierde capacidad para gestionar entradas masivas, Marruecos ha encontrado en esa debilidad una forma de presión adicional. Y si la presión migratoria se convierte en una herramienta útil para arrancar concesiones, el mensaje que recibe Rabat es claro: el coste de tensar la cuerda es bajo y los beneficios potenciales son altos. En geopolítica, ese tipo de incentivos rara vez se pierde.
La gravedad del asunto aumenta cuando se observa la dimensión territorial. Ceuta es una ciudad que Marruecos considera parte de una cuestión pendiente, aunque España la trate como una frontera de soberanía plena. En ese contexto, un episodio de presión migratoria no es solo un problema humanitario ni una crisis de orden público; es una manera de recordar que la soberanía española en el norte de África puede ser desafiada sin necesidad de recurrir a un conflicto convencional. Esa es la esencia de la presión híbrida: golpear sin invadir, desgastar sin declarar guerra, imponer sin aparecer como agresor.
Bastan los hechos para entender que la situación es muy grave. La relación entre Madrid y Rabat se tensiona, Ceuta se desborda. España se aproxima a Argelia, las entradas aumentan tras la misteriosa difusión de un mensaje de llamada del que no se sabe el origen. El Gobierno niega relación, pero el terreno no deja de hablar y esa es la razón por la que la situación se ha desbordado y obligó ayer a desplegar al Ejército en Ceuta. En seguridad internacional, la repetición de patrones importa tanto como la prueba documental. Y aquí la repetición es demasiado insistente como para ser ignorada.
Además, el factor psicológico cuenta. La población de Ceuta vive una sensación de precariedad permanente, sabiendo que la frontera puede volverse porosa de un día para otro. Los agentes de la Guardia Civil trabajan bajo una presión incesante, con rescates que en muchos casos son literalmente salvavidas en travesías de ocho kilómetros. Los fallecidos recuperados del mar recuerdan que esta crisis no es abstracta. Pero el componente político sigue ahí: si una potencia vecina puede influir en la estabilidad de una ciudad española mediante el control selectivo de su propia frontera, el problema trasciende la migración y entra de lleno en la seguridad nacional.
Por eso la tesis de que Marruecos no es un socio plenamente fiable resuena con fuerza, al igual la sensación ciudadana de que hay que aplicar más mano dura. No es una afirmación ligera, sino el resultado de una acumulación de experiencias: la crisis del Sáhara, la presión sobre Ceuta y Melilla, el uso de la migración como palanca, las tensiones comerciales, el espionaje digital y la lógica de reciprocidades asimétricas. España necesita a Marruecos como interlocutor en materia de seguridad, migración y comercio. Pero necesitar a un país no equivale a poder confiar plenamente en él. Y la política exterior española ha oscilado durante años entre la necesidad y la ingenuidad.
La verdadera cuestión, por tanto, no es si Ceuta está sufriendo una crisis migratoria. Lo está. La cuestión es que esa crisis forma parte de una estrategia más amplia de coerción política, por lo que el gobierno debe asumir que está ante un problema de Estado. Un problema que exige inteligencia, firmeza, coordinación europea y una lectura menos complaciente de la relación con Rabat. Porque cuando la migración deja de ser solo migración y se convierte en una herramienta de presión, la frontera ya no separa únicamente territorios: separa también dos formas de entender el poder. Y en Ceuta, esa diferencia se ha vuelto peligrosa.
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