La Audiencia Nacional ha confirmado una multa de cinco millones de euros a Ibercaja por enviar datos falsos al Banco de España para calcular el índice IRPH, el tipo de referencia hipotecaria que durante décadas aplicaron los bancos españoles a más de un millón de familias. La sentencia 1986/2026, dictada el 29 de abril y conocida públicamente esta semana, no es solo una resolución administrativa más en el largo historial de litigios bancarios: es la primera vez que un tribunal acredita documentalmente que una entidad contribuidora manipuló los datos que alimentaban este índice, distorsionando con ello las cuotas hipotecarias de cientos de miles de ciudadanos que ni siquiera eran clientes suyos.
El alcance del fallo va mucho más allá de la sanción económica. Lo que la Audiencia Nacional certifica es que la conducta de una sola entidad tiene capacidad real para contaminar un índice de aplicación nacional, afectando de forma directa a hipotecados de otras entidades completamente ajenas a la irregularidad cometida. Se trata de una vulnerabilidad sistémica que las asociaciones de afectados llevan más de una década denunciando sin conseguir que la justicia española les diera la razón con la contundencia que este fallo ahora ofrece.
Según la resolución judicial, Ibercaja declaró al Banco de España datos erróneos, incluyendo operaciones que no podían computar en el cálculo del IRPH y aplicando incorrectamente las tasas anuales equivalentes que estaba obligada a reportar. La Sala califica estos incumplimientos como constitutivos de negligencia grave, lo que justificó la sanción impuesta originalmente en 2022 por el Banco de España y confirmada un año después por el Ministerio de Asuntos Económicos. Ahora la Audiencia Nacional la ratifica con pleno respaldo jurídico.
Lo que la sentencia no puede determinar, porque la información disponible no lo permite, es la magnitud exacta del daño. No se ha hecho público el número de meses en que Ibercaja proporcionó información incorrecta ni la cuantía precisa de la desviación. Pero el tribunal sí deja constancia de algo determinante: el efecto de esa manipulación fue inflacionista, es decir, elevó artificialmente el valor del índice, generando un beneficio para la entidad que la propia Ibercaja no niega, aunque intenta minimizar. El dinero extra que pagaron las familias en sus cuotas mensuales durante ese periodo tuvo como contrapartida un beneficio indebido para el banco.
Pero la verdadera dimensión del escándalo no reside en lo que Ibercaja hizo, sino en lo que cualquier banco podía hacer sin infringir ninguna norma. Esta es la tesis que IRPH Stop Gipuzkoa ha sostenido desde 2014, cuando encargó al catedrático de Estadística Aplicada Juan Etxeberria Murgiondo un análisis técnico de la metodología de cálculo del IRPH. Las conclusiones de aquel informe fueron demoledoras: debido a la estructura de media simple utilizada por el Banco de España para calcular el índice, cada entidad contribuidora tenía una capacidad de influencia perfectamente cuantificable sobre el resultado mensual, que podía ejercer de forma individual, sin coordinarse con otros bancos y sin vulnerar ningún precepto legal.
Dicho en términos más directos: el IRPH no solo era manipulable cuando se hacían trampas, sino que era manipulable siguiendo escrupulosamente las reglas. La banca española ha utilizado durante años la ausencia de expedientes sancionadores como argumento para negar que el índice fuera susceptible de manipulación. Las asociaciones de afectados siempre respondieron a ese razonamiento con una lógica implacable: que nadie haya sido sancionado no demuestra que el sistema no pueda ser manipulado, del mismo modo que no haberse muerto nunca no demuestra que uno sea inmortal. A partir de ahora, ni siquiera el argumento de la ausencia de sanciones puede sostenerse, porque hay una sanción firme y confirmada judicialmente.
La asociación IRPH Stop Gipuzkoa considera, no obstante, que el número de entidades que incurrió en irregularidades formales como las de Ibercaja será probablemente reducido, precisamente porque el diseño estructural del índice permitía obtener resultados similares sin necesidad de falsificar ningún dato. La anomalía, en otras palabras, no era la excepción sino el sistema.
Frente a una condena que establece sin ambigüedad que hubo un enriquecimiento indebido a costa de los hipotecados, las asociaciones de afectados reclaman que los cinco millones de euros de sanción se distribuyan entre las familias perjudicadas, no que ingresen en las arcas del Estado como una simple recaudación administrativa. La exigencia tiene una lógica reparadora difícil de rebatir: si el tribunal reconoce que el efecto de la manipulación fue inflar las cuotas, la consecuencia natural debería ser la devolución de las diferencias.
Más allá del destino de la multa, la asociación exige que los valores mensuales del IRPH afectados por la manipulación sean corregidos retroactivamente y que las cuotas hipotecarias correspondientes sean recalculadas, restituyendo a cada familia la cantidad que pagó de más. Se trata de una reclamación técnicamente compleja, dado que la sentencia no precisa el número de meses afectados ni la magnitud exacta de la desviación, pero jurídicamente fundamentada en el propio texto del fallo.
El escándalo del IRPH tiene además una dimensión procesal que no tiene parangón en la historia judicial española reciente. El Tribunal Supremo ha dado por válida la cláusula IRPH en todas sus resoluciones, incluidas las sentencias 1590/2025 y 1591/2025 de noviembre del año pasado, reinterpretando con creciente creatividad jurídica cada uno de los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, en las cinco ocasiones anteriores en que intervino, corrigió al alto tribunal español. Cinco jueces españoles de instancias inferiores remitieron cuestiones prejudiciales al Tribunal Europeo por considerar que la posición del Supremo era incompatible con el derecho comunitario. En los cinco casos, Europa les dio la razón. En los cinco casos, el Supremo reinterpretó la respuesta europea para seguir avalando la posición de la banca.
Lo que resulta especialmente perturbador es la deriva más reciente del Supremo, que desde sus últimas sentencias ha comenzado a emitir autos advirtiendo a las familias demandantes de que podrían ser condenadas en costas si no retiran sus demandas. Una amenaza económica dirigida a ciudadanos que ejercen un derecho procesal legítimo y que, en la práctica, funciona como un mecanismo de disuasión para apartar a los más vulnerables del acceso a la justicia. Las asociaciones de afectados lo califican sin ambages de escándalo, y todo apunta a que el asunto regresará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para un sexto pronunciamiento que, a la vista del historial, volverá a contradecir al Supremo español.
Más de un millón de familias llevan años pagando por una cláusula que Europa ha cuestionado sistemáticamente y que ahora un tribunal español acredita que fue alimentada con datos falsos. La pregunta que esta semana recorre los despachos de abogados especializados y los foros de afectados es si la sentencia contra Ibercaja será el detonante que finalmente obligue a revisar un escándalo financiero de proporciones históricas, o si quedará, como tantos otros, absorbida por la inercia de un sistema que ha protegido durante demasiado tiempo a quien menos lo merecía.