Pedro Sánchez ha recurrido el archivo de la causa por la lona de 253 metros cuadrados que la asociación Hazte Oír desplegó frente al Congreso con su imagen y la palabra “corrupto” en letras gigantes. La jueza entendió que se trataba de crítica política amparada por la libertad de expresión. La defensa del presidente sostiene que no es crítica, sino imputación delictiva sin base, integrada en una campaña de desprestigio que busca erosionar su legitimidad institucional. El debate trasciende el caso concreto: dónde acaba la crítica y empieza la deshumanización organizada.
La palabra como arma política
Llamar “corrupto” a un presidente del Gobierno no es un adjetivo neutro. No es una opinión estética ni una metáfora política. Es la atribución de un delito. La jurisprudencia española y europea ha protegido de forma amplia la libertad de expresión en materia política, especialmente cuando afecta a cargos públicos. Pero esa protección no es ilimitada.
La instructora consideró que la lona no incitaba al odio ni a la violencia y que se enmarcaba en el derecho a la crítica. El recurso sostiene que se trata de imputaciones concretas, apoyadas en menciones a procedimientos judiciales que afectan al entorno del presidente, no a él directamente. La diferencia es relevante: no es lo mismo cuestionar decisiones políticas que afirmar la comisión de delitos.
Hazte Oír no es una plataforma espontánea. Es una organización con historial de campañas de alto impacto visual, orientadas a polarizar el debate público. La lona frente al Congreso no buscaba matizar ni argumentar; buscaba fijar un marco. En comunicación política, repetir una acusación en gran formato cumple una función: instalarla como sospecha permanente.
Libertad de expresión y derecho al honor
El Tribunal Constitucional ha reiterado que los cargos públicos deben soportar un umbral más alto de crítica. Sin embargo, también ha establecido que la libertad de expresión no ampara imputaciones falsas de hechos delictivos. El equilibrio entre ambos derechos es complejo y depende del contexto, la intención y el impacto del mensaje.
La estrategia del señalamiento
En los últimos años, determinadas organizaciones han desplazado el debate político desde la confrontación programática hacia la deslegitimación personal. No se trata solo de criticar políticas, sino de cuestionar la legitimidad moral del adversario.
La lona de Hazte Oír se inscribe en esa lógica. No ofrecía datos ni análisis; presentaba un veredicto. El tamaño, la ubicación —frente al Congreso— y la duración hasta su retirada judicial reforzaron su carácter performativo. Era un acto político en sí mismo.
Quienes defienden la decisión de archivo argumentan que en democracia debe tolerarse incluso la expresión exagerada o hiriente. Es un principio sólido. Pero también es cierto que la normalización de acusaciones sin respaldo judicial erosiona la confianza institucional. La repetición de la sospecha acaba funcionando como condena simbólica.
Más allá del caso concreto
El recurso de Sánchez no garantiza que la causa se reabra. Puede que la Audiencia Provincial confirme el archivo. Lo relevante es el marco que se discute. ¿Puede una organización atribuir delitos a un cargo público sin prueba y ampararse en la crítica política? ¿Dónde se sitúa el límite cuando el mensaje no es opinión, sino acusación?
Hazte Oír ha construido su identidad pública en la confrontación cultural y el impacto mediático. Esa estrategia es legítima en términos de participación política, pero no está exenta de responsabilidad jurídica. La libertad de expresión es un pilar democrático; también lo es la protección del honor frente a imputaciones infundadas.
En un clima de polarización creciente, el uso de grandes dispositivos visuales para señalar a adversarios políticos no es anecdótico. Es parte de una arquitectura comunicativa que busca sustituir el debate por la etiqueta. Y esa dinámica merece un análisis que vaya más allá del archivo provisional de una causa.