Existe una idea muy cómoda según la cual la igualdad llega sola, como si la historia avanzara empujada por una especie de sentido moral colectivo. Pero la experiencia cuenta otra cosa. Muchos de los derechos que hoy damos por sentados nacieron cuando alguien decidió escribirlos en una ley. Porque la igualdad rara vez aparece por generación espontánea. La igualdad se construye. Y muchas veces se construye obligando.
La historia de las democracias está llena de avances que en su momento parecieron exagerados o innecesarios. Cada vez que se planteó un cambio importante hubo voces que advirtieron que no hacía falta legislar, que la sociedad evolucionaría por sí sola. Pero las sociedades rara vez evolucionan de forma tan ordenada como nos gusta imaginar.
Durante décadas nadie prohibía a las mujeres participar en la política. Sobre el papel podían hacerlo. Y sin embargo los parlamentos estaban llenos de hombres. Los gobiernos también. Los espacios donde se tomaban decisiones importantes funcionaban como si la mitad de la población apenas existiera. Se decía que el tiempo arreglaría ese desequilibrio. Que bastaba con esperar y la espera se prolongó demasiado.
El cambio empezó cuando algunos países decidieron introducir la paridad en las listas electorales. Aquella medida provocó una discusión enorme. Hubo quien habló de imposición, de ingeniería social, incluso de atentado contra el mérito. Lo curioso es que la desigualdad previa nunca había sido considerada artificial. Parecía perfectamente natural que la política estuviera ocupada casi exclusivamente por hombres. Las leyes de paridad no crearon talento femenino donde no lo había. Lo que hicieron fue abrir las puertas de lugares donde ese talento llevaba décadas quedándose fuera. Y cuando esas puertas se abrieron la política cambió de aspecto.
Algo parecido ha ocurrido en otros ámbitos. Las normas que promueven la presencia equilibrada en órganos de decisión, en instituciones públicas o en consejos de administración parten de una constatación bastante sencilla. Las estructuras de poder tienen memoria. Y esa memoria suele reproducir las desigualdades del pasado y sin reglas que obliguen a revisarlas las inercias siguen funcionando.
Por eso en muchos países se han introducido planes de igualdad en las empresas, auditorías salariales o mecanismos para detectar discriminaciones. No porque las sociedades sean incapaces de avanzar sino porque avanzar sin instrumentos concretos suele ser muy lento. Las leyes no cambian las mentalidades de un día para otro. Pero sí modifican los comportamientos.
Hay algo profundamente revelador en este proceso. Muchas de las normas que hoy parecen razonables fueron recibidas con enorme resistencia cuando se aprobaron. Ocurrió con la educación obligatoria, con los derechos laborales o con las leyes de igualdad.
Cada avance importante tuvo que enfrentarse primero a la idea de que no hacía falta regular nada.
Con el tiempo esas normas se integraron en la vida cotidiana hasta el punto de que hoy resulta difícil imaginar una sociedad sin ellas. La igualdad funciona de una manera curiosa. Cuando no existe parece natural que falte. Cuando empieza a existir parece natural que esté ahí. Pero para llegar a ese punto alguien tuvo que tomar una decisión política. Alguien tuvo que decir que ciertas desigualdades no eran inevitables. Que ciertas exclusiones no podían seguir considerándose normales.
Y que la democracia, si quería ser algo más que una palabra elegante, tenía que convertir la igualdad en una obligación compartida.
Quizá por eso conviene recordar algo que a veces se olvida. Los derechos no se mantienen solos. Tampoco aparecen por arte de magia. Requieren leyes, instituciones y vigilancia democrática.
La igualdad no es una concesión. Es una construcción colectiva que necesita reglas para sostenerse. Cuando esas reglas existen, cuando la ley protege lo que antes era un privilegio, ocurre algo interesante. La igualdad deja de parecer una aspiración lejana y empieza a convertirse en la forma normal de convivir.