La patria no se defiende al grito de «¡A por los rojos!»

La libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia, pero su defensa no exige convertir cada provocación en una heroicidad ni confundir el derecho a manifestar una opinión con una supuesta inmunidad frente a la crítica. En una sociedad democrática se puede discrepar, cuestionar al poder, defender ideas radicalmente opuestas e incluso pronunciar palabras que resulten profundamente desagradables. Lo que no cabe es pretender que la invocación de ese derecho convierta cualquier comportamiento en intocable, especialmente cuando se utilizan instituciones públicas para amplificar mensajes de hostilidad contra una parte de la ciudadanía.

Lo ocurrido tras el desfile militar del 12 de octubre, con un individuo que lanzó el grito de «¡A por los rojos!» en presencia de legionarios, merece una reflexión que vaya más allá del episodio concreto. La expresión, cargada de resonancias históricas que España conoce demasiado bien, no puede despacharse como una ocurrencia festiva ni justificarse automáticamente bajo el paraguas de la libertad de expresión. Tampoco corresponde anticipar responsabilidades disciplinarias o jurídicas antes de que se esclarezcan los hechos. Pero sí resulta legítimo cuestionar la normalización de un lenguaje que identifica a quienes sostienen determinadas ideas políticas como adversarios a los que hay que perseguir o derrotar, y que encuentra en la provocación una forma de obtener notoriedad pública.

Las Fuerzas Armadas no son el decorado de ningún agitador

Existe una diferencia fundamental entre expresar una posición ideológica y utilizar la proximidad de una institución del Estado para revestir esa posición de una autoridad que no le corresponde. La Legión no pertenece a ninguna corriente política, del mismo modo que el Ejército no está al servicio de una determinada concepción de España. Las Fuerzas Armadas representan al conjunto de la ciudadanía, con independencia de sus convicciones, y su compromiso constitucional exige una neutralidad que debe preservarse tanto en sus actuaciones como en su imagen pública.

Precisamente por eso, la investigación militar anunciada debe determinar qué sucedió, cuál fue la participación de las personas presentes y si existió alguna conducta susceptible de responsabilidad. La presencia de militares junto a quien pronuncia una consigna política no permite atribuirles automáticamente su contenido, pero tampoco convierte en irrelevante el contexto en el que se produce. La neutralidad institucional no es una formalidad administrativa, sino una garantía democrática, especialmente necesaria en un país cuya historia demuestra las consecuencias de confundir las instituciones armadas con la defensa de una ideología.

Quienes recurren a símbolos militares para dar mayor repercusión a sus mensajes deberían comprender que el uniforme no es un elemento ornamental disponible para cualquier espectáculo político. Detrás de él existe una institución sometida a la Constitución, a la disciplina y al deber de servir a todos los españoles. Convertir esa imagen en parte de una escenificación ideológica supone introducir una confusión que perjudica tanto a la institución como al debate público.

La libertad de expresión no garantiza la impunidad

En los últimos años se ha extendido una interpretación interesada de la libertad de expresión según la cual cualquier crítica a una declaración ofensiva constituye un intento de censura. Es una confusión que conviene desmontar. La libertad de expresión protege el derecho a manifestar opiniones, incluso aquellas que incomodan o indignan, pero no concede el derecho a quedar al margen del escrutinio público. Quien utiliza su voz para intervenir en el debate político debe aceptar que sus palabras sean examinadas, cuestionadas y rechazadas por quienes consideran que contribuyen a deteriorar la convivencia.

Eso no significa que cualquier expresión desagradable constituya un delito ni que toda provocación deba recibir una respuesta sancionadora. Los límites jurídicos de la libertad de expresión están definidos por la Constitución y las leyes, y su aplicación exige atender al contenido, al contexto y a las circunstancias concretas. La responsabilidad política, social o moral, sin embargo, no se agota en el Código Penal. Una conducta puede resultar legal y, al mismo tiempo, merecer una crítica severa por el mensaje que transmite y por las consecuencias que puede tener sobre la calidad de la conversación democrática.

El problema aparece cuando la provocación deja de ser un episodio aislado y se convierte en un método habitual de intervención pública. El insulto sustituye al argumento, la descalificación desplaza al debate y la búsqueda de repercusión termina por premiar a quienes elevan el tono hasta hacer prácticamente imposible cualquier intercambio razonable de ideas. No se trata de reclamar una sociedad sin discrepancias, sino de impedir que la discrepancia se transforme sistemáticamente en hostilidad.

El patriotismo no consiste en señalar enemigos interiores

Hay algo particularmente preocupante en la utilización de expresiones como «¡A por los rojos!» durante una celebración vinculada a las instituciones del Estado. La palabra rojos no es una denominación inocente en la historia española. Durante décadas fue utilizada para identificar, perseguir y excluir a quienes defendían determinadas posiciones políticas. Su empleo actual no reproduce necesariamente aquellas circunstancias ni convierte por sí solo a quien la pronuncia en responsable de una amenaza concreta, pero tampoco permite ignorar la memoria histórica que acompaña a esa expresión.

España es una democracia plural en la que conviven ciudadanos conservadores, progresistas, liberales, socialistas y personas que no se identifican con ninguna de esas tradiciones. Todos forman parte del mismo país y todos tienen idéntico derecho a sentirse representados por sus instituciones. Ninguna idea política democrática convierte a quien la defiende en un español de segunda categoría, ni existe una versión del patriotismo que pueda reclamar para sí la propiedad exclusiva de la bandera, del Ejército o de la nación.

La defensa de España no exige encontrar enemigos entre los propios españoles. Exige respetar las reglas democráticas que permiten convivir a personas con convicciones diferentes y comprender que las instituciones comunes no pueden utilizarse como instrumentos de exclusión ideológica. Resulta difícil conciliar una apelación solemne al amor por la patria con un lenguaje que presenta a una parte de sus ciudadanos como objetivo de una consigna hostil.

Una democracia que no puede acostumbrarse al insulto

El episodio del 12 de octubre se inscribe en un clima público en el que las expresiones cada vez más agresivas encuentran una difusión extraordinaria. Las redes sociales multiplican su alcance, la atención mediática puede prolongar su protagonismo y la discusión sobre sus consecuencias termina, con demasiada frecuencia, eclipsada por el espectáculo de la propia provocación. El resultado es una degradación progresiva del lenguaje político que afecta a la forma en que los ciudadanos perciben a quienes piensan de manera diferente.

La responsabilidad de frenar ese deterioro no corresponde exclusivamente a las instituciones. También alcanza a quienes intervienen en la conversación pública, desde los representantes políticos hasta los comunicadores y los ciudadanos que participan en las redes sociales. La crítica puede ser contundente, la discrepancia puede expresarse con dureza y ninguna democracia debería exigir una cortesía artificial que impida denunciar los abusos del poder. Pero existe una distancia considerable entre combatir una idea y presentar a quienes la defienden como enemigos a los que hay que eliminar simbólicamente del espacio común.

La libertad de expresión necesita protección precisamente porque permite sostener opiniones diferentes sin temor a la persecución. Utilizarla como coartada para justificar cualquier forma de hostilidad supone olvidar el principio que le da sentido. No se trata de imponer silencio ni de establecer una moral oficial, sino de exigir que las instituciones mantengan su neutralidad y que quienes intervienen en la vida pública asuman las consecuencias de sus palabras dentro de los límites que establece el Estado de derecho.

La investigación sobre lo sucedido deberá seguir su curso y esclarecer las responsabilidades que pudieran existir. La reflexión democrática, sin embargo, no necesita esperar a sus conclusiones. La patria no pertenece a quienes gritan más fuerte, ni la libertad de expresión otorga a nadie el privilegio de convertir a sus compatriotas en enemigos. Las Fuerzas Armadas sirven a todos los españoles. Y esa condición, que debería resultar elemental, merece bastante más respeto que cualquier provocación concebida para conseguir unos minutos de notoriedad.