La crisis por los fallos en los programas de cribado de cáncer de mama en Andalucía avanza hacia una fase inédita: el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha requerido a la asociación AMAMA que entregue en diez días el listado de mujeres que no fueron citadas para una segunda prueba pese a tener mamografías no concluyentes. La Junta intenta presentarlo como una obligación de “salud pública”, pero el gesto se percibe como un intento de culpabilizar a quienes han puesto luz sobre una negligencia grave del sistema sanitario andaluz.
Un requerimiento que desplaza la responsabilidad hacia quien denuncia
El envío del requerimiento formal a AMAMA no es un simple trámite administrativo. La Junta recurre a la Ley de Salud Pública para justificarlo, alegando que es necesario “evitar la alarma social” derivada de cifras “no verificadas”. La maniobra desplaza el foco: en lugar de explicar por qué parte del programa de cribado ha fallado durante años, se insta a una asociación de pacientes a entregar información que no puede aportar sin vulnerar la ley.
AMAMA mantiene desde el primer día una posición firme: no entregará datos personales de mujeres afectadas, aunque sí facilitará las cifras anonimizadas que ya ha comunicado públicamente y que difieren de forma notable de las que defiende la Consejería. La asociación contabiliza alrededor de 4.000 mujeres afectadas en toda Andalucía; la Junta reduce el número a 2.317. La distancia no es menor: implica decisiones políticas, responsabilidades técnicas y la gestión de un daño sanitario acumulado.
La diferencia se evidencia en casos concretos. En Córdoba, la Consejería insiste en que no existen afectadas. AMAMA tiene documentadas 19. Ninguna de ellas entra en los listados oficiales. Este desfase alimenta la idea, compartida por profesionales y asociaciones, de que la Junta está más preocupada por contener el impacto político que por dimensionar el problema real.
Un plan de choque insuficiente que llega tarde
El plan anunciado por la Consejería de Sanidad busca dar por cerrado el episodio cuanto antes: las 2.317 mujeres que la Junta reconoce debían repetir su prueba tendrán la cita antes del 30 de septiembre. La medida pretende transmitir eficacia, pero no corrige la raíz del fallo: un sistema de cribado que no activó la segunda prueba tras resultados dudosos, justo el momento en que un diagnóstico precoz marca la diferencia entre un tratamiento menos invasivo y una enfermedad avanzada.
El consejero de Sanidad ha insistido en que el error está “acotado”. Pero cada nueva cifra que aporta AMAMA vuelve a cuestionar esa versión. Las propias explicaciones de la Junta generan más sombras que certezas: no se ha aclarado cuándo empezó el problema, qué protocolos fallaron, si hubo avisos internos desatendidos o qué controles se han reforzado para impedir que se repita.
Y mientras tanto, miles de mujeres —muchas de ellas jóvenes— han vivido meses sin saber si un nódulo no revisado a tiempo podía haber alterado su pronóstico. Esa experiencia no se anula con un plan de choque ni con un comunicado institucional.
El Gobierno andaluz intenta desacreditar a quien ha exhibido sus fallos
La línea argumental de la Junta es clara: presentar las cifras de AMAMA como exageradas y advertir de que sus comunicados generan “alarma social”. Pero esa alarma no la ha creado la asociación; se ha generado por un error administrativo mayúsculo en un programa de cribado que funciona bajo una premisa inapelable: cada retraso puede tener consecuencias clínicas irreversibles.
La asociación, integrada por mujeres que han atravesado la enfermedad, ha actuado como un contrapeso imprescindible ante un Gobierno autonómico que reaccionó tarde y con opacidad. Su trabajo ha obligado a la Consejería a asumir la dimensión del problema, a verbalizar cifras y a habilitar medidas que, de otro modo, probablemente no se habrían puesto en marcha con esta rapidez.
La respuesta institucional recuerda a otras crisis sanitarias en las que las administraciones, en lugar de asumir errores, tratan de desautorizar al agente social que señala la falla del sistema. La reacción del Ejecutivo de Moreno Bonilla encaja en ese patrón: un requerimiento administrativo dirigido a quien no tiene la obligación legal de custodiar datos sanitarios y que, en cambio, ha suplido la falta de transparencia pública.
La credibilidad del sistema sanitario andaluz, en cuestión
El Servicio Andaluz de Salud afronta una de sus peores crisis de reputación desde que estalló la pandemia. La gestión del cribado, lejos de ser un episodio aislado, se suma a listas de espera desbordadas, retrasos en Atención Primaria y una huida constante de profesionales que migran a otras comunidades. La Consejería sostiene que todo está bajo control, pero los datos y los testimonios dibujan otra realidad.
La falta de explicaciones sólidas y la insistencia en que no hay más afectadas de las reconocidas por la Junta refuerza una sensación peligrosa: que el Gobierno andaluz prioriza la contención política sobre la evaluación clínica rigurosa. A ello se añaden contradicciones públicas, declaraciones defensivas y una comunicación que pretende apagar el incendio sin clarificar su origen.
AMAMA ha anunciado que llevará ante la Fiscalía 22 casos documentados en Málaga. Ese gesto implica una pérdida de confianza total en la vía administrativa. Hasta ahora, la asociación ha actuado con cautela, evitando inflamar el conflicto; pero el requerimiento de la Junta ha cruzado un límite simbólico.
Un cierre que no cierra nada
La Junta ha fijado diez días para que la asociación entregue datos que no puede consignar. El plazo expira antes de que el propio SAS haya completado todas las revisiones y haya explicado por qué mujeres con resultados dudosos no fueron citadas.
AMAMA, convertida en interlocutora involuntaria, se ha visto obligada a recordar algo elemental: su función es acompañar, no sustituir a la administración pública.
El Gobierno andaluz insiste en que su plan de choque dará por resuelto el episodio. Pero lo que está en juego es mayor: la confianza en un programa de cribado que salva vidas y que no puede quedar empañado por un conflicto político evitado si la Consejería hubiera hecho lo que ahora exige a una asociación sin recursos ni responsabilidad administrativa: reconocer el alcance del error y actuar con transparencia desde el primer día.