La judicatura española no atraviesa un bache: vive una avería sistémica. La guinda la puso el fiscal general Álvaro García Ortiz, condenado por el Supremo por revelación de datos reservados (dos años de inhabilitación, multa e indemnización) y dimitido a la semana. Curiosamente, se conoce el castigo, pero no la sentencia. Teresa Peramato recoge una Fiscalía humeante en noviembre de 2025. Los comunicados oficiales no hablan de “crisis”, pero el olor a chamusquina llega hasta la hemeroteca.
El capítulo europeo tampoco es de orgullo patrio. En hipotecas IRPH, Luxemburgo recordó que la etiqueta “índice oficial” no vacuna contra la falta de transparencia. Un año después, el Supremo fijó su propio GPS: si la cláusula supera el “transparenciómetro” formal, ni asomo de abusividad de bancos y prestamistas. Traducción simultánea: más litigio y menos certeza para los consumidores.
Con los interinos, Europa volvió a sacar tarjeta: el TJUE dijo que aquí no se sanciona de forma “efectiva y disuasoria” el abuso de temporalidad y que convertir en fijo puede ser remedio válido. España, mientras, sigue remendando con despidos, bases, concursos y planes que no cierran la herida. Toda una historia de empecinamiento y rebeldía frente a un tribunal al que no quieren someterse.
Y no es la primera vez que el derecho europeo enmienda la plana: en las cláusulas suelo, el TJUE tumbó la “retroactividad limitada” del Supremo de 2013: si una cláusula es nula, se devuelve todo, no desde cuando convenga. Costó, pero al final hubo que tragar, y eso, a medias.
La casa por dentro luce otra grieta: el ecosistema editorial-jurídico se ha concentrado bajo el paraguas de Karnov, operación autorizada por la CNMC en 2022 con condiciones. Legal y legítimo, sí, pero con preguntas incómodas sobre dependencia de contenidos y formación que consumen jueces, fiscales y letrados. El propio sector expresó reservas por la concentración, pero el negocio de jueces y magistrados está en el “iluminar sentencias”, publicar artículos y ser financiados sus libros por esas mismas editoriales.
Más apariencias (y no menores): patrocinios privados. Congresos de asociaciones judiciales con logos de bancos y multinacionales. Si los jueces son financiados por bancos, cobran de conferencias financiadas por los altos justiciables, firman y cobran dictámenes por detrás, ¿después pueden decir, como dice la asociación de la foto, que reprocharles esto es atacar la democracia? ¿Quizás olvidan que el sueldo se lo pagan entre todos los españoles? El CGPJ solo fiscaliza la parte pública de esas ayudas: el resto, opacidad. Si la mujer del César tenía que parecerlo, aquí el photocall no ayuda.
Y no digamos que, precisamente en esos congresos y saraos no se dan conferencias, se edita información y se reparten libros que, lógicamente contienen los argumentos de los sponsors.
Mercado negro en la trastienda de las oposiciones: jueces y fiscales que preparan opositores cobrando en efectivo, sin reflejo disciplinario (“es su vida privada”, dicen). El síntoma es tozudo: si necesitas un padrino (o una nómina familiar) para costearte la oposición, la igualdad de oportunidades es de escaparate.
El ritmo judicial para el ciudadano es pasito tun-tún. En los juzgados se están dando horas de vistas de juicios para 2028. Las cifras oficiales y los balances sectoriales hablan de millones de asuntos en cola y duraciones medias que se alargan a lustros. En 2024 se superaron los cuatro millones pendientes en distintos cortes. El dato no es uniformemente homogéneo por jurisdicción, sin embargo, el atasco es palmario, público y notorio. Pero de eso, precisamente, no asumen ninguna culpa.
Ahora bien, cuando la política aprieta, la justicia vuela. Como si fuese el sheriff de condado, el Constitucional detuvo en diciembre de 2022 la tramitación parlamentaria de unas enmiendas vía cautelarísimas —una interrupción inédita de la potestad legislativa—, con críticas internas y doctrina académica subrayando el “control previo” de facto. Fast-track institucional de manual.
Y si no se piensa como los jueces, cae la del pulpo, retorciendo y reinterpretando las leyes lo que haga falta, porque la transición fue para todos, menos para ellos. No se puede olvidar que, de un día para otro, el TOP (Tribunal de Orden Público) pasó a llamarse Audiencia Nacional, con los mismos jueces. Porque de ser los guardianes de las esencias patrias, ya tienen experiencia, ya que fueron los arietes que ayudaron a cargarse la Segunda República.
Mientras, en el terreno del consumo financiero, se da la paradoja: juzgados especializados denuncian colapsos por estrategias procesales bancarias (revolving) y, aun así, la doctrina suprema sobre usura ha ido restringiendo el umbral. Y lo mismo pasa con los especuladores y los grandes tenedores. El resultado es una lotería: la misma tarjeta puede ser usuraria en un juzgado de Córdoba y respetable en casación si no supera “seis puntos” el tipo medio. Coherencia, ni la mínima.
España mantiene una justicia que pide confianza a ciegas mientras exhibe tropiezos europeos, patrocinios que chirrían, negocios opacos en la preparación de las togas, sesgos políticos, retrasos para el común y turbo para lo políticamente urgente. Entre todos los ciudadanos se paga la factura (sueldos, bases de datos, congresos, becas) y lo mínimo que se podría esperar es tranquilidad de espíritu. Pero hoy, cada vez que se abre el BOE, el TJUE o el portal del CGPJ, la retranca sale sola. No es odio a la toga, ni ataque a la democracia; es amor propio del contribuyente.