La gota que ha colmado el vaso de la paciencia ha sido ese párrafo del auto del juez del Supremo, Leopoldo Puente, en el que dice, refiriéndose a la situación parlamentaria de José Luis Ábalos, que “no es ajeno al natural estupor de la ciudadanía que produce que una persona, frente a la que gravitan tan consistentes indicios de la eventual comisión de muy graves delitos estrechamente relacionados además con el viciado ejercicio de la función pública, pueda mantenerse en el curso del procedimiento penal que se sigue contra él, ejerciendo a la vez las altas funciones que corresponden a un miembro del Congreso de los Diputados, entre ellas, el control de la acción del Gobierno y la aprobación de normas con rango de ley. Se trata, creo, de un buen motivo para la reflexión”. En otras palabras, el juez está pidiendo que la cámara baja reconsidere la situación de Ábalos. Es una clara intromisión en el poder legislativo. Y no es la primera en los últimos tiempos. Ahí está la de los jueces, y las asociaciones que dicen representarlos, contrarios a la ley de amnistía que, además, no han sido sancionados por su órgano de gobierno que ha archivado las quejas presentadas, o la huelga llevada a cabo, con manifestaciones togadas incluidas, en contra de la reforma Bolaños. Y luego denuncian que el gobierno se está cargando el estado de derecho. Parece que ocurre todo lo contrario, que son los jueces los que están vulnerando la separación de poderes. Ellos están para cumplir y hacer cumplir las leyes que se aprueban en el Congreso y el Senado, los órganos de la soberanía popular.
Leopoldo Puente está incumpliendo la normativa en la instrucción sobre José Luis Ábalos que es, se quiera o no, miembro del Congreso y, por lo tanto, el magistrado está obligado a remitir a la mesa de la cámara baja todas las actuaciones que está llevando a cabo: autos, providencias, informes de la UCO e interrogatorios. Que se sepa, el magistrado del Supremo no ha enviado documentación alguna. Eso, vaya por delante. Pero es que, además, no puede poner como excusa el aforamiento del diputado. Según el artículo 22 del reglamento del Congreso, se pierde la condición de diputado por "decisión judicial firme que anule su elección o proclamación", "por fallecimiento o incapacitación declarada por decisión judicial firme", "por extinción del mandato, al expirar su plazo o disolverse la Cámara" o "por renuncia presentada ante la Mesa del Congreso". En la hipótesis de que el juez decretase prisión preventiva, el exdirigente socialista sería automáticamente suspendido como diputado, lo que supondría la pérdida de sus prerrogativas, no cobraría su salario, no podría pertenecer a ningún grupo parlamentario, y no podría votar en los Plenos. Por lo tanto, la queja de Leopoldo Puente es inadmisible porque depende de él acabar con este estado de cosas que tanto critica.
Lo que ocurre es que José Luis Ábalos está llevando a cabo una estrategia, al límite de la legalidad, que le está dando buenos resultados. Sabe que, tal y como están las cosas, puede acabar en la cárcel y lo intenta evitar a toda costa. Es consciente de que en su comparecencia del pasado 15 de octubre tenía todas las papeletas para ingresar en prisión y llevó a cabo una hábil maniobra. Se deshizo de su abogado y pidió uno de oficio. En primer lugar, tramitar la presencia de un miembro del turno de oficio del Colegio de la Abogacía de Madrid lleva su tiempo porque hay que abrir un expediente, y comprobar la situación penal, procesal y económica del solicitante. No todo el mundo puede acceder a un abogado acogiéndose a la justicia gratuita, sobre todo si tiene suficientes recursos económicos y, en el caso del diputado, sus ingresos superan el límite legal establecido.
Lo que pretende es ganar tiempo. Es la estrategia de alguien que conoce perfectamente cual es su situación juridica. Lo que ocurre es que tanto el juez como el fiscal parecen dispuestos a seguirle el juego. Uno de los tres imputados, el sucesor en la secretaría de organización del PSOE, Santos Cerdán, lleva tres meses ocupando plaza en Soto del Real en circunstancias parecidas. Puente no advierte riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas en el caso de los otros dos, Koldo García y Ábalos, pero sí señala, en su último auto, que el diputado se encuentra muy cerca por los indicios cada vez más evidentes en su contra. Por lo tanto, el instructor del Supremo debería adoptar medidas más contundentes y dejarse de interferir en la acción política con párrafos en sus autos como el descrito.
Cada vez es más evidente que jueces y magistrados están invadiendo el terreno de la política. Y tal circunstancia la confirman las interferencias de las asociaciones profesionales conservadoras en el dictamen de la Comisión de Venecia para forzar la elección directa de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. En el ministerio de Justicia dicen que, si se implantase ese modelo, el CGPJ estaría dominado por los intereses de esas asociaciones, “que podrían tomar decisiones sin necesidad de acuerdos ni contrapesos".
Unas asociaciones, además, que están estudiando nuevas movilizaciones, sin excluir la convocatoria de huelga, con el fin de seguir presionando para que se retire la llamada “reforma Bolaños” de acceso a la carrera judicial. Se ha repetido por activa y por pasiva que los paros de los jueces están prohibidos por ley así como las manifestaciones que llevaron a cabo algunos magistrados que salieron a la calle uniformados con sus togas.
Habría muchas cosas que recordar como son los detalles del juez Peinado en los interrogatorios que llevó a cabo en la Moncloa y el ministerio de la Presidencia, sus fundamentos para que el Supremo imputase a Félix Bolaños, y las sospechas que dice tener sobre la influencia política en los hechos que investiga. Algo parecido le ocurrió al juez del Supremo, Ángel Hurtado, cuando en el auto de conversión de procedimiento abreviado del caso del fiscal general del Estado, apuntó a Moncloa como instigadora de la filtración teniendo que corregirle sus superiores de la sala de Apelaciones.
Los jueces no son más que unos funcionarios públicos que pagan todos los españoles y su obligación es interpretar y aplicar la ley que dicta el órgano soberano de este país, el poder legislativo, y cumplirla. Y tienen que predicar con el ejemplo.