En los grandes litigios financieros suele esconderse una radiografía del poder. En España, el conflicto en torno al IRPH —y, por extensión, los litigios relativos a las Hipotecas REDAL, Cuotas Crecientes y Anticipación— funciona como una de esas radiografías. El matemático y perito judicial Guillem Bou, una de las voces más autorizadas y que más ha analizado estas prácticas, lo resume con crudeza: “IRPH, Redal, Crecientes y Anticipación van todos en el mismo saco. Y la banca lo sabe: si cae el IRPH, caen todos los demás”.
El sector financiero es plenamente consciente del riesgo sistémico. Por eso, explica Bou, “la banca ha movido todos sus hilos para evitar que caiga el primero”. El verdadero combate se libra en la primera trinchera; si esa cede, el resto del frente jurídico se desmoronaría con rapidez. No se trata solo de dinero, sino de preservar un modelo histórico de funcionamiento.
Días antes de que el Supremo publicara sus resoluciones del 11 de noviembre, Guillem Bou ya intuía el desenlace. “No quise desanimar a nadie, pero avisé a algunas personas de lo que iba a pasar. No era futurología: era matemática”. Para Bou, la lógica interna del sistema bancario, unida a la arquitectura doctrinal que el Supremo venía consolidando, permitía anticipar lo que muchos no querían ver.
Tras las sentencias, la reacción de algunos despachos de abogados, que se apresuraron a anunciar que aún había recorrido judicial suficiente, sorprendió a Bou: “No entendí cómo se decía que no todo estaba perdido. La pregunta es obvia: ¿vamos a creer que los que firmaron cláusulas 8/90 fueron engañados y los que firmaron 5/94 no?”. Era, en su opinión, un espejismo comunicativo para mantener viva la expectativa de litigación, aunque las resoluciones abrían un camino muy estrecho.
Pero el punto crítico llegó con la lectura detallada de la Sentencia 1591/25, la clave de toda la arquitectura. Bou lo sintetiza sin rodeos: “El Supremo se encontró con cuatro métodos de cálculo que mostraban de forma rotunda que la contratación era abusiva. No esperaban ese escrito de alegaciones. Y por eso optaron por ignorarlos”. Uno de esos métodos, recuerda, calculaba un sobreprecio de 50.000 euros en el momento mismo de la firma.
Ese es el núcleo de su crítica: “Lo inquietante es que el Supremo no rebate nada. No entra en los cálculos, no los discute, los evita”. Para un matemático habituado a la lógica formal, el vacío argumental es más elocuente que cualquier razonamiento.
Criterio matemáticamente imposible
Bou va un paso más allá: “Usaron datos que no existían para justificar un método que, desde el punto de vista científico, es matemáticamente incorrecto”. La sentencia, afirma, construye un razonamiento circular que desemboca inevitablemente en un resultado: ningún IRPH puede ser abusivo.
La conclusión es devastadora: “Con ese criterio, ningún contrato IRPH será nunca abusivo. El IRPH no es nulo y la Tierra es plana”. Bou no recurre a la ironía para provocar, sino para ilustrar la imposibilidad lógica de la doctrina establecida: una fórmula pensada para blindar el índice, no para evaluarlo.
Además, denuncia una estrategia deliberada: “Es la táctica de la rana caliente. Primero descartan unos IRPH, luego otros, luego los siguientes. Y al final te cambian el IRPH Cajas Fijo por el IRPH Entidades. Todo muy gradual, muy discreto”.
La banca ya ha ejecutado desahucios masivos vinculados al IRPH congelado. La doctrina del Supremo, a su juicio, no solo no corrige esas distorsiones, sino que legitima su continuidad.
La cuestión, insiste Bou, no se limita a las hipotecas: “La anticipación afecta a todos los productos financieros. Sale a una media de 1.000 euros por español”. Es una cifra suficientemente significativa como para explicar el férreo cierre de filas del sector.
En este contexto, la resistencia judicial no es solo un asunto técnico, sino estructural: evitar una litigación masiva que podría golpear a todo el sistema financiero español en un momento de transición económica delicada. No sería la primera vez: Europa ya vivió episodios similares con las cláusulas suelo o las preferentes.
Pero Bou tiene claro que la solución no vendrá de arriba: “No esperes lo que harán otros por ti, porque quizás esos otros necesiten ahora, más que nunca, tu ayuda”. Su llamamiento no es retórico, es la constatación de que las conquistas en materia de transparencia financiera en España han sido siempre reactivas, nunca proactivas.
Dilema estructural
El futuro del IRPH es, en realidad, un referéndum silencioso sobre el modelo de relación entre banca, justicia y ciudadanía en España. Si el índice cae, se abrirá un nuevo ciclo de reclamaciones que podría transformar el sector. Si resiste, lo hará a costa de profundizar la desconfianza en los tribunales.
Bou lo sintetiza con un interrogante que trasciende el caso concreto: “¿Puede un país moderno sostener un sistema financiero que necesita de criterios acientíficos para seguir en pie?”.
Es una pregunta que golpea no tanto a la banca como a la arquitectura institucional que la rodea. Porque, como en todo sismo profundo, la cuestión no es dónde tiembla el suelo, sino qué edificios estaban mal construidos desde el principio.