La evolución reciente de la litigiosidad en torno al IRPH ha entrado en una fase particularmente reveladora desde el punto de vista jurídico. Las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, la Audiencia Provincial de Murcia y la Audiencia Provincial de Barcelona muestran una tendencia convergente: asumir sin fisuras la doctrina del Tribunal Supremo y declarar que la cláusula IRPH no supera el control de transparencia, pero tampoco genera un desequilibrio importante. Esta construcción, aparentemente equilibrada, encierra sin embargo una contradicción jurídica de fondo que interpela directamente a los estándares fijados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para entender esta situación, Abogados RES ha publicado un análisis jurídico fundamental para entender la situación actual.
El punto de fricción no reside únicamente en el resultado de las sentencias, sino en la forma en que se alcanza. La ausencia de una motivación concreta sobre qué constituye “desequilibrio importante” y por qué no concurre en cada caso revela un déficit estructural de razonamiento jurídico. No se trata de una cuestión menor: en el ámbito del Derecho de consumo, la exigencia de motivación no es un formalismo, sino una garantía esencial de control judicial efectivo.
Este vacío argumental se hace especialmente visible en el uso de comparativas. Las audiencias provinciales han recurrido a distintos métodos para justificar la inexistencia de desequilibrio, pero muchas de estas comparaciones se apartan del estándar exigido por el TJUE, que ha sido claro al señalar que el análisis debe centrarse en el método de cálculo del índice IRPH y el resultado económico de su aplicación frente a otros índices habituales en el momento de la contratación. Sin embargo, lo que se observa en la práctica es una desviación sistemática hacia comparaciones que diluyen el impacto real del índice.
Comparar el IRPH con la TAE del propio contrato, o enfrentar índices construidos bajo metodologías similares, no responde a la lógica del control de abusividad definido en el Derecho de la Unión. Se sustituye el análisis estructural por una construcción estadística que, lejos de esclarecer, introduce confusión y favorece conclusiones predeterminadas. El resultado es un discurso judicial que aparenta tecnicidad, pero que evita concretar el elemento clave: el impacto económico real sobre el consumidor.
Esta falta de concreción adquiere una dimensión especialmente problemática cuando se traduce en cifras. Los denominados “desequilibrios mínimos” en términos porcentuales pueden representar, en términos absolutos, miles de euros a lo largo de la vida del préstamo. En un sistema jurídico donde un impago relativamente reducido puede desencadenar la ejecución hipotecaria, la afirmación de que tales diferencias no son “importantes” exige una justificación rigurosa que, en muchos casos, simplemente no aparece.
Desde la perspectiva del análisis jurídico, esta situación conecta directamente con el principio de tutela judicial efectiva. No basta con afirmar la inexistencia de desequilibrio: es necesario explicar qué umbral lo define, cómo se calcula y por qué no se alcanza. La omisión de estos elementos convierte la decisión judicial en un ejercicio de discrecionalidad difícilmente compatible con los estándares europeos.
El contraste con otros ámbitos judiciales refuerza esta crítica. Cuando los tribunales han analizado productos como las tarjetas revolving, han insistido en la necesidad de utilizar comparadores homogéneos y metodológicamente coherentes. Sin embargo, en el caso del IRPH, ese rigor parece diluirse. La selección de comparadores heterogéneos introduce una asimetría metodológica que debilita la consistencia del razonamiento judicial.
Pese a estas tensiones, el escenario actual refleja también una evolución significativa. El carácter abusivo del IRPH ya no es jurídicamente indiscutible, sino plenamente debatible, tras el giro introducido por la jurisprudencia del TJUE en asuntos como el caso C-125/18 y, más recientemente, el C-300/23. Estas decisiones han desmontado los pilares sobre los que se asentaba la doctrina tradicional: la supuesta exclusión del control de abusividad por tratarse de un índice oficial y la presunción de buena fe del profesional.
Este cambio ha obligado a los tribunales nacionales a avanzar hacia el análisis del desequilibrio, aunque lo hayan hecho —al menos por ahora— de forma incompleta. El paso de negar el control de abusividad a admitir la necesidad de comparativas representa un avance, pero también evidencia la resistencia del sistema a asumir plenamente las exigencias del Derecho de la Unión.
En este contexto, la intervención futura del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se perfila como decisiva. Persisten cuestiones abiertas de enorme relevancia: el alcance del deber de transparencia en relación con la información precontractual, la suficiencia de referencias normativas como la Circular 5/94, o la determinación de un umbral objetivo para calificar el desequilibrio como importante. Sin estas precisiones, el sistema seguirá operando en una zona de incertidumbre que favorece interpretaciones dispares y, en ocasiones, contradictorias.
La clave, en última instancia, reside en el mecanismo prejudicial. Solo mediante el planteamiento de nuevas cuestiones al TJUE podrá clarificarse el marco jurídico aplicable y corregirse las disfunciones detectadas. Sin embargo, ello exige un cambio de actitud en los tribunales nacionales: pasar de la adhesión automática a la doctrina del Tribunal Supremo a un ejercicio autónomo de interpretación conforme al Derecho de la Unión.