Hay un momento muy concreto en la vida de cualquier ciudadano en el que la fe en la justicia se resquebraja. Pasa sin hacer ruido. Puede ser un martes cualquiera, abriendo el buzón de casa con el corazón en la garganta y encontrándote una notificación con sello oficial. La lees una, dos, tres veces. Y de repente te das cuenta de que las reglas del juego estaban trucadas arriba del todo, en el estrado más alto.
Durante años nos han vendido una idea bonita: si vas a juicio y peleas hasta llegar al Supremo, la sentencia definitiva no solo será legal, sino justa. Una garantía de hierro.
Pues bien, resulta que no. En el laberinto de la Unión Europea nos hemos topado con una verdad bastante más incómoda. Los magistrados del Supremo de un país también se equivocan. Y lo que es peor: pueden ignorar deliberadamente las normas europeas a las que dijeron obedecer, dejando a miles de familias atrapadas en un callejón sin salida financiero.
Ahí es donde entra el drama del IRPH, ese índice hipotecario con nombre de trabalenguas que arruinó la tranquilidad de más de un millón de hogares en España. Mientras el Euríbor bajaba, las cuotas de estas familias subían como la espuma. Europa avisaba una y otra vez desde Luxemburgo, lanzando directivas y dando tirones de orejas. Pero en Madrid, el Tribunal Supremo prefirió ponerse de perfil. Levantó un muro para proteger los balances de la banca y cerrar la puerta a las devoluciones masivas. Parecía un muro inexpugnable.
Sin embargo, el derecho comunitario es como el agua. Tarda, pero termina filtrándose por la grieta más pequeña.
Lo fascinante de esta historia es que la grieta no se ha abierto por una demanda puesta en Madrid, San Sebastián o Barcelona. Ha saltado por los aires desde rincones de Europa que nada tienen que ver con los bancos españoles.
Hablamos de dos decisiones recientes de la justicia europea (los asuntos C-163/24 y C-293/24). El planteamiento es casi filosófico, pero toca la fibra de cualquiera: ¿qué pasa si el Tribunal Supremo de tu país pasa olímpicamente de las leyes europeas y te destroza el bolsillo?
La respuesta desde Luxemburgo ha sido un golpe en la mesa de los que hacen época. La soberanía de un Supremo no es una patente de corso. Si un alto tribunal comete un error garrafal e inexcusable violando el derecho europeo, el Estado tiene que pagar. Literalmente.
Miren lo que pasó con los trabajadores de la aerolínea portuguesa Air Atlantis. Allá por 2009 los despidieron, y su Supremo se negó a preguntar a Europa cómo interpretar la ley de traspasos de empresa. Les cerró la puerta en la cara. Años después, Luxemburgo ha dicho que aquello fue un desatino flagrante y que Portugal debe indemnizar a esos empleados.
Por contra, en el caso de un agricultor rumano al que le denegaron una ayuda, Luxemburgo aclaró la otra cara de la moneda: no basta con que el juez se haya olvidado de enviar una pregunta a Europa; hace falta que la norma violada estuviera pensada para proteger derechos concretos del ciudadano.
Son tres los requisitos que exige Europa para reclamar: que la ley proteja tus derechos, que el fallo del juez sea un error de bulto y que ese tropiezo te haya costado dinero contante y sonante. Si aplicamos esa plantilla a lo ocurrido en España con el IRPH, el panorama cambia por completo. Y da pavor.
Durante años, la cúpula judicial española se aferró a un argumento difícil de defender: que como el índice salía publicado en el Boletín Oficial del Estado, el cliente ya sabía perfectamente lo que firmaba. Una lógica de despacho frío que pasaba por alto lo que sabe cualquier persona de a pie: que nadie se lee el BOE para entender el cálculo de su hipoteca. Se ignoró la falta de transparencia, se ignoró la desigualdad y, sobre todo, se ignoró lo que venía diciendo Europa.
¿El resultado? Familias ahogadas pagando cuotas disparadas en lo peor de la crisis, viendo cómo sus recursos caían en saco roto.
Pero ojo a la carambola en la que nos encontramos ahora. Si el Supremo cometió una infracción grave al no alinearse con Europa para proteger los derechos de los consumidores, la diana ya no son solo los bancos. La diana pasa a ser el propio Estado español.
Es de una ironía sangrienta. Por la contumacia de una cúpula judicial que se negó a dar el brazo a torcer, la factura de los abusos hipotecarios puede acabar saliendo del bolsillo del contribuyente.
El camino que les queda a los afectados por el IRPH no va a ser un paseo por el campo. Reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado exige hilar muy fino en los juzgados. Pero hay algo fundamental que sí ha cambiado hoy: el dogma de que la alta magistratura es intocable ha saltado en mil pedazos.
Al final del día, las leyes no son literatura para solemnizar discursos en aperturas del año judicial. Son la última trinchera del ciudadano. Y cuando los de arriba se equivocan, por muy togados que vayan, el sistema tiene que responder.
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