Cada mes de septiembre se repite la misma escena. Un ejército de más de 260.000 profesores interinos prepara la mochila y vuelve a ponerse en marcha. Es la gran rueda de la precariedad de nuestro país, un bucle infinito que triplica con creces los límites de temporalidad permitidos por la Unión Europea. Y mientras tanto, las administraciones miran para otro lado..., como si la cosa no fuera con ellas. Incluso, algunas presumen de impunidad, como si fueran banqueros.
Llega el otoño y los telediarios nos venden el regreso a las aulas como un gran triunfo de la contratación pública. Mentira. Es un bulo en toda regla.
A esta marea de profesionales se la despide en junio, sin miramientos, para ahorrarse la nómina del verano y aliviar las cuentas de los gobiernos regionales. Luego, entre septiembre y octubre, se les vuelve a llamar con bombos y platillos. Un truco de ingeniería contable que tapa la sangría del desempleo cuando termina la temporada turística en las playas. Un trasvase directo de desempleados del chiringuito a la pizarra.
El resultado es demoledor: la temporalidad en las aulas roza el 25%, cuando en Europa permite un máximo del 8%. Mientras los distintos gobiernos exigen a las empresas privadas contratos fijos y rigor laboral, es el propio Estado quien practica el fraude de ley con total impunidad. Pasaron más de cinco años desde que la Moncloa prometió a Bruselas meter la tijera a este disparate, pero todo sigue exactamente igual.
Y claro, esta ruleta rusa acaba pasando factura en las aulas.
Lo dicen los expertos y lo refleja el informe PISA. Es absolutamente irreal construir un proyecto educativo sólido si el profesor no sabe en qué pueblo o en qué ciudad va a trabajar el curso siguiente. Es un nomadismo agotador. Maestros que cambian de colegio cada nueve meses, niños que pierden a su tutor de referencia y familias que tienen que empezar de cero cada septiembre. Imposible atender bien a los alumnos con necesidades especiales o bajar las ratios en estas condiciones.
Por si fuera poco, el trato cambia según el código postal donde te toque dar clase. En el País Vasco o Navarra basta con trabajar cinco meses y medio para cobrar los meses de verano. Pero ¡ah!, si te toca dar clase en Extremadura o Murcia, la exigencia sube a más de ocho meses. Si no llegas, a la calle y a hacer cola en la oficina del SEPE para pedir el subsidio. Es el propio Estado pagando paros estivales para encubrir su incapacidad para conceder la fijeza a esos interinos.
Pues bien, la paciencia en Bruselas se ha terminado.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lleva tiempo avisando y dando tirones de orejas que la burocracia española pretende ignorar. Las directivas comunitarias son claras: no se puede encadenar a un trabajador interino año tras año para cubrir un puesto que es estructural. Y hacer oposiciones a cuentagotas tampoco arregla el estropicio ni compensa el daño a los afectados.
España camina con los ojos cerrados hacia un choque frontal con la justicia europea. Un hachazo en forma de sanciones e indemnizaciones milmillonarias que, como de costumbre, pagarán todos los españoles. Porque hasta que Europa no rasque de verdad el bolsillo de las administraciones con multas históricas, la noria de la precariedad docente no dejará de girar. Y en esa rueda nos dejamos la dignidad de los profesores y el futuro de nuestros hijos.
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