No deja de tener mérito. Hay quien necesita nueve meses para traer una criatura al mundo. España necesita nueve meses para seguir no trayendo nada. La escena es conocida. La Comisión Europea aprieta. El TJUE sentencia. Bruselas amenaza. El Gobierno promete estudiar. Las comunidades autónomas piden coordinación. Los jueces interpretan a la baja. Los sindicatos administran la espera. Y los interinos, como siempre, ponen el cuerpo, la nómina, la ansiedad, la hipoteca imposible, la carrera profesional mutilada y la paciencia de los santos laicos.
España no ha respondido con una solución. Ha respondido con una prórroga. No es Derecho administrativo: es escapismo de salón.
La patada hacia adelante ya es política de Estado
El Gobierno Sánchez pide ahora tiempo hasta marzo de 2027 para adoptar medidas frente al abuso de temporalidad en el sector público y evitar que la Comisión Europea lleve a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Traducido: Bruselas dice “cumpla usted la Directiva 1999/70/CE” y España contesta “un momentito, que estamos mirando”.
Mirando llevan desde que algunos interinos hoy cercanos a la jubilación entraron jóvenes a cubrir plazas que eran “temporales” con la misma temporalidad con la que lo son la Sagrada Familia o las obras del AVE o las Rodalíes catalanas.
La Comisión Europea envió dictámenes motivados el 29 de abril de 2026. España tenía dos meses para responder o corregir. La respuesta ha sido pedir más tiempo. El plazo vencía el 29 de junio. La solución española consiste, una vez más, en transformar el incumplimiento en calendario.
España no ha creado un remedio efectivo. Ha creado una agenda. Y ahora anuncia una reunión con comunidades autónomas y FEMP para el 8 de julio en Santander. La imagen es perfecta: los responsables del problema se reunirán junto al mar para estudiar cómo se arregla lo que llevan décadas empeorando tierra adentro.
La indemnización de juguete
Mientras tanto, los juzgados continúan entregando, en demasiadas ocasiones, indemnizaciones que no reparan: decoran. Cantidades que parecen calculadas no para compensar una vida profesional en abuso, sino para no molestar demasiado al presupuesto.
El TJUE habla de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. Habla de eliminar las consecuencias del incumplimiento. Habla de que el indefinido no fijo no basta si mantiene la precariedad. Habla de que las indemnizaciones topadas no parecen adecuadas en todos los casos. Habla de que los procesos selectivos abiertos a cualquiera no reparan específicamente a quien ha sufrido el abuso.
Pero aquí algunos siguen creyendo que el daño moral de veinte años de provisionalidad se liquida como una maleta perdida: tantos días, tanto salario, gracias por participar.
El resultado es grotesco. La Administración abusa. El trabajador pleitea. El juez reconoce algo parecido al abuso. Y al final la víctima recibe una indemnización que no asusta ni al interventor de un ayuntamiento en crisis. Si una sanción no duele al infractor, no es sanción: es tasa de gestión.
España ha convertido el abuso de temporalidad en un modelo de negocio público. Contrata barato, mantiene precario, pleitea largo, indemniza corto y vuelve a empezar. La Administración ha descubierto el secreto de la explotación moderna: no hace falta látigo si tienes boletín oficial, bolsa de trabajo y silencio administrativo.
Los vasallos del expediente
Durante años se ha vendido al colectivo interino una fábula cuidadosamente envuelta: sois necesarios, pero no imprescindibles; estructurales, pero no fijos; profesionales, pero sospechosos; trabajadores públicos, pero no del todo; europeos para obedecer recortes, españoles para negar derechos.
Son los nuevos vasallos del expediente. No están atados a la gleba, sino al nombramiento. No dependen del señor feudal, sino del aplicativo, la bolsa, la convocatoria, el tribunal, la lista provisional, la lista definitiva, la subsanación, el mérito baremado y el BOE de madrugada. Antes el siervo miraba al castillo. Ahora mira al portal del empleado público.
Y lo más indignante es que muchos de estos trabajadores no han ocupado un puesto accesorio, coyuntural o accidental. Han sostenido escuelas, hospitales, juzgados, servicios sociales, ayuntamientos y universidades. Han hecho funcionar el Estado mientras el Estado fingía que no existían. Han sido columna vertebral tratada como material desechable.
Bruselas ya no compra el cuento
Durante años España ha jugado a una gimnasia verbal admirable. Donde había abuso, decía estabilización. Donde había sanción pendiente, decía proceso selectivo. Donde había daño, decía responsabilidad patrimonial. Donde había fraude estructural, decía casos individuales. Donde había Derecho de la Unión, decía Constitución, como si la Constitución fuera un biombo portátil para esconder directivas incumplidas.
Pero el truco se está gastando. La Comisión Europea ya no habla de anécdotas. Habla de infracción. El TJUE ya no se limita a repetir doctrina general. Aterriza en el modelo español y dice que las medidas existentes no parecen servir para sancionar adecuadamente ni para eliminar las consecuencias del abuso.
Y Bruselas, además, ha tocado donde más duele: el dinero. La suspensión de fondos europeos por el incumplimiento del hito relativo a la reducción de temporalidad ha demostrado que el problema interino ya no es solo laboral ni administrativo. Es presupuestario, europeo y político.
Cuando Europa congela dinero, en Madrid se oye mejor que cuando llora una enfermera interina, una profesora de secundaria o una auxiliar administrativa con veinte años de servicio.
Carne electoral
Y ahora llega la fase inevitable: los interinos se van a convertir en carne electoral. Todos los partidos lo saben. El colectivo es enorme. Está repartido por todo el territorio. Tiene familias, sindicatos, asociaciones, redes, plataformas y una memoria cada vez menos domesticable. Vota. Habla. Se organiza. Y, sobre todo, ha aprendido a desconfiar.
Los partidos empezarán a acercarse con su mejor sonrisa de campaña. Prometerán sensibilidad. Dirán que “entienden el problema”. Propondrán mesas. Firmarán compromisos. Harán fotos con pancartas. Alguno incluso descubrirá la Directiva 1999/70/CE con la emoción con la que un turista descubre la paella en agosto.
Pero el colectivo debería hacerse una pregunta incómoda: si durante años nadie ha querido representaros de verdad, ¿por qué no os representáis vosotros?
¿Y si los interinos se constituyen en partido político?
La idea suena provocadora solo porque durante demasiado tiempo se ha enseñado a los interinos a pedir permiso incluso para indignarse.
Constituirse en partido político no significa abandonar la vía judicial, sindical o asociativa. Significa añadir una herramienta. Una herramienta que todos entienden. Porque en España se puede perder un recurso, se puede ignorar una sentencia europea, se puede marear un expediente durante años, pero nadie ignora una bolsa de votos organizada en el momento adecuado.
Un partido político del colectivo interino —o una plataforma electoral con vocación instrumental— tendría varias funciones inmediatas.
Primera: obligar a todos los partidos a retratarse. No con frases bonitas, sino con compromisos escritos, fechas, medidas y consecuencias.
Segunda: convertir cada elección autonómica, municipal, estatal o europea en un examen sobre el abuso de temporalidad.
Tercera: condicionar mayorías donde el voto interino pueda ser decisivo.
Cuarta: llevar al debate público una verdad que muchos quieren esconder: el problema no es que falten oposiciones; el problema es que la Administración ha usado durante décadas a trabajadores temporales para cubrir necesidades permanentes y ahora pretende que la víctima compita para demostrar que merece no ser expulsada de su propia vida.
Quinta: hacer pedagogía social. Porque el relato oficial ha sido venenoso. Se ha intentado enfrentar al interino con el opositor, al trabajador abusado con el ciudadano, al mérito con la reparación, como si sancionar un fraude institucional fuera regalar plazas en una tómbola.
No. La cuestión no es regalar nada. La cuestión es impedir que el Estado se beneficie de su propio incumplimiento.
Un partido no para pedir favores, sino para pasar factura
El partido de los interinos no debería nacer como un club de nostalgia funcionarial ni como una ventanilla de quejas. Debería nacer como una herramienta de defensa democrática del cumplimiento del Derecho de la Unión, de la dignidad del empleo público y de la responsabilidad de las Administraciones.
Un partido así no tendría que prometer el paraíso. Bastaría con prometer algo revolucionario en España: que las sentencias se cumplan, que las directivas se transpongan, que el abuso se sancione, que el daño se repare y que la Administración no pueda seguir haciendo trampas con cargo al boletín oficial.
Y si alguien se escandaliza, conviene recordarle una obviedad: constituir un partido político es legal, democrático y bastante más higiénico que seguir mendigando humanidad a quienes llevan años calculando cuánto cuesta no tenerla.
El miedo cambia de lado
Durante décadas el miedo ha estado del mismo lado. Miedo a no ser llamado. Miedo a decaer en la bolsa. Miedo a perder el puesto. Miedo a reclamar. Miedo a denunciar. Miedo a que un tribunal convierta veinte años de servicio en una anécdota curricular. Pero el miedo también puede cambiar de lado.
Puede empezar a sentirlo quien firma nombramientos abusivos. Quien convoca procesos de estabilización que estabilizan plazas pero expulsan personas. Quien promete en campaña y olvida en el BOE. Quien usa Europa para pedir fondos y luego ignora Europa para cumplir derechos. Quien piensa que el colectivo interino es demasiado disperso, demasiado cansado o demasiado prudente para organizarse políticamente.
Ese cálculo puede salir mal. Porque una cosa es tener trabajadores precarios. Otra muy distinta es tener cientos de miles de trabajadores precarios, formados, distribuidos por todo el territorio, expertos en Administración, hartos de ser engañados y conscientes de que su problema ya no es un expediente individual, sino una cuestión de Estado.
España ha fabricado durante décadas su propio sujeto político. Ahora quizá descubra que los vasallos del expediente también votan.