Hay interinos que se han quedado fuera del sistema porque no consiguió la plaza o no le reconicieron suficientemente méritos y experiencia. Perfecto: el turno cambia de manos. El Tribunal Supremo ha fijado doctrina en el caso BOSCO (STS 11/09/2025, rec. 7878/2024) y ha roto la coartada de la opacidad: cuando un sistema informático decide o influye en el derecho de una persona, ésta tiene derecho a conocer cómo decide, y eso incluye (si es necesario para comprenderlo) el código fuente y toda la documentación histórica y complementaria. Ya no valen los “no” en bloque con excusas de propiedad intelectual o seguridad; si hay límites, deben motivarse y ofrecer condiciones de acceso (p. ej., visionado controlado).
Los interinos lo pueden traducir a sus procesos: si le han baremado méritos, ordenado en bolsa o corregido exámenes con software, se puede reclamar de inmediato por transparencia el algoritmo de decisión, la matriz de pesos, la versión usada el día del cálculo y las trazas de ejecución. Si hubo IA o aprendizaje automático, los intereinos que se quedaron fuera pueden reclamar, además, la documentación de entrenamiento/validación (anonimizada) y cambios de versión. La propia comunicación oficial del Poder Judicial lo deja claro: la cuestión con interés casacional era precisamente si procede facilitar el código de la aplicación que decide derechos; y el Supremo dijo sí.
Civio abrió camino con BOSCO y la prensa tech y generalista ha subrayado el alcance general del fallo. Si un algoritmo público decide o ayuda a decidir, debe poder auditarse. Punto. Esto no es una batalla retórica: es munición jurídica lista para usar en procesos selectivos.
Además, Europa cubre la espalda a los interinos: el AI Act clasifica como alto riesgo las inteligencias artificiales empleadas en reclutamiento y selección; exige documentación, trazabilidad y supervisión humana. Si una administración dice que “solo es una herramienta”, mejor: las herramientas de alto impacto se documentan y se explican, no se esconden.
Otra cosa es la general alergia del Tribunal Supremo a todo lo que viene del TJUE, que en dicha sentencia, aplica derecho comparado francés para evitar hablar de Directivas Europeas.
Y hay que recordar que los actos administrativos deben estar motivados (art. 35, Ley 39/2015). Un “resultado” sin explicar la regla que lo origina es motivación insuficiente. La transparencia (Ley 19/2013) te da además plazos: 1 mes para resolver tu solicitud (ampliable otro mes por complejidad) y 1 mes para reclamar ante el Consejo de Transparencia (o el autonómico) si hay silencio o negativa. Juega con el reloj a tu favor. En Diario Sabemos explicamos a continuación los pasos que los interinos pueden dar.
Qué pedir (lista mínima exigible)
- Reglas y pesos del baremo implementado; criterios de corrección y desempates.
- Versión exacta del sistema y fecha/hora de ejecución sobre tu expediente.
- Manual técnico/usuario, esquemas de datos, pruebas de aceptación y trazas/logs del cálculo.
- Matrices de puntuación generadas, incluidas tablas intermedias y justificantes de cada punto.
- Código fuente cuando sea necesario para comprender el funcionamiento (doctrina BOSCO).
- Si hay IA/ML: documentación de entrenamiento y validación (anonimizada), cambios de versión y registro de incidencias.
- Contrato con el proveedor y anexos técnicos (para ver qué compró realmente la Administración).
- Cualquier informe/auditoría interna que haya validado el sistema antes de usarlo.
Modelo express de solicitud
“Al amparo de la Ley 19/2013 y de la STS de 11/09/2025 (rec. 7878/2024), solicito el acceso a toda la información necesaria para comprender el sistema utilizado para la valoración de méritos/exámenes en la convocatoria [identificar], incluyendo reglas, pesos, versión empleada, manuales, trazas de ejecución, matrices de puntuación y, en su caso, el código fuente y la documentación de entrenamiento/validación si incorpora IA. De existir límites, motívenlos concretamente y propongan condiciones de acceso proporcionadas.”
Táctica inmediata si el interino quedó fuera
- PEdir por el Portal de Transparencia del órgano convocante (o su homólogo autonómico). Marcar la urgencia por plazos de impugnación.
- Controlar el calendario: si no contestan en un mes, reclama al Consejo de Transparencia (o al autonómico). Guardar acuses y pantallazos.
- Impugnar por falta de motivación si el acto se limita al numerito final sin explicar la regla. Apoyarse en el art. 35 de la Ley 39/2015 y en BOSCO. (BOE)
- Difundir y coordinar: cuanto más homogéneas sean las solicitudes, más difícil será “salir por la tangente”. APISCAM ya ha recogido la nota oficial que se puede utilizar en los escritos.
Si al interino se le expulsó del sistema por un algoritmo: ahora llega la hora de exigir su diccionario. Sin transparencia no hay mérito ni capacidad; hay superstición informática. Y las supersticiones, ya se sabe, se combaten con papeles, fechas y luz.