España se aproxima a 2026 con una anomalía jurídica y social que ha dejado de ser un problema sectorial para convertirse en un conflicto estructural entre el Estado y la Unión Europea. Tras más de veinte años sin trasponer la Directiva 1999/70/CE, que prohíbe el abuso de la temporalidad en el empleo público, el gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta ahora a un escenario cada vez más verosímil: una sanción económica severa de la Comisión Europea, una nueva reprimenda del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y, como corolario político, la posibilidad de que el Ejecutivo se vea obligado a impulsar una ley de punto final que reconozca la fijeza de todos los interinos en fraude de ley.
No se trata solo de dinero ni de estabilidad laboral. Lo que está en juego es algo más incómodo: la capacidad del Estado español para cumplir el derecho europeo y la voluntad de sus instituciones (judiciales y políticas) de hacerlo cuando entra en conflicto con inercias internas.
El problema es Madrid
La Comisión Europea ha sido clara: España sigue incumpliendo la directiva comunitaria sobre trabajo de duración determinada. El TJUE, por su parte, observa con creciente inquietud cómo los tribunales españoles, incluido el Supremo, aplican su doctrina de forma parcial, restrictiva o directamente la ignoran.
Según juristas especializados, el diagnóstico es severo: el problema no es interpretativo, sino de resistencia institucional. España parece que no tiene claro un principio fundamental: el derecho comunitario no se interpreta; se aplica. Sin embargo, tanto la Sala de lo Social como la Sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo han construido una doctrina propia que evita la consecuencia más incómoda del abuso: la fijeza automática o una sanción verdaderamente disuasoria, tal y como exige Europa.
La justificación recurrente para no dar la fijeza, el artículo 103.3 de la Constitución y los principios de mérito y capacidad, resulta frágil a ojos del derecho europeo. Si cada Estado pudiera invocar su Constitución para incumplir una directiva, la primacía del derecho de la UE sería una ficción. Precisamente para evitar ese escenario existen los principios de prevalencia, efecto útil y cooperación leal.
El Supremo ante el espejo europeo
El conflicto ha adquirido una dimensión inédita: el propio Tribunal Supremo español es, cuando aplica derecho de la UE, un tribunal europeo. Su negativa persistente a aplicar la doctrina del TJUE no es una diferencia académica, es una quiebra del sistema jurídico europeo desde dentro.
Este patrón no es nuevo. Ocurrió con las cláusulas suelo, con el IRPH y con diversos abusos hipotecarios. En todos los casos, España llegó tarde y mal, tras resistirse judicialmente a aplicar sentencias europeas que otros Estados asumieron sin dramatismo.
Con los interinos, la historia se repite, pero con un agravante: afecta a cerca de un millón de personas, muchas de ellas mujeres mayores de 50 años, insertas en servicios esenciales como sanidad, educación y justicia. No se trata de una anomalía marginal, sino del andamiaje cotidiano del Estado.
Política: inacción y cálculo
Frente a este panorama, la respuesta política ha sido evasiva. Siete ministros han pasado por la cartera de Función Pública, hoy diluida en el Ministerio de Transformación Digital, sin que ninguno haya afrontado el núcleo del problema. Ni PSOE ni PP, responsables alternantes del poder durante tres décadas, han querido asumir el coste político de reconocer un abuso sistémico.
Las reformas de estabilización aprobadas por el gobierno de Pedro Sánchez han sido insuficientes y, en muchos casos, contraproducentes, generando miles de ceses sin indemnización y una judicialización masiva que ha colapsado juzgados sociales y contenciosos. España ha optado por externalizar el conflicto a los tribunales, aun sabiendo que esos tribunales no están aplicando el derecho europeo.
Ley de punto final en 2026
Aquí emerge el escenario que hasta ahora parecía impensable. Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional revelada y analizada desde hace años por Diario Sabemos, existe margen constitucional para una solución legislativa extraordinaria, siempre que esté justificada por el interés general y se configure como una figura excepcional.
Una ley de punto final no sería una amnistía encubierta ni una ruptura del sistema de acceso al empleo público, sino una respuesta reparadora a un fraude masivo tolerado durante décadas por las administraciones. En términos europeos, sería la única sanción realmente disuasoria frente al abuso: convertir la temporalidad fraudulenta en estabilidad.
Para Pedro Sánchez, el dilema es político y reputacional. Resistirse implica asumir multas millonarias, nuevos recortes de fondos europeos y una erosión creciente de la credibilidad española en Bruselas. Actuar supone enfrentarse a sectores de la judicatura, a la oposición y a una parte de la administración, pero también cerrar un conflicto que amenaza con enquistarse durante otra década. Por esa razón, según fuentes cercanas al entorno del presidente consultadas, Sánchez ya no se opone frontalmente a aprobar un proyecto de ley en este sentido. Tal vez, la reunión de los interinos con Carles Puigdemont o las proposiciones de Junts tengan que ver.
Castigo al que reclama
Mientras tanto Sánchez se aclara y asume que la fijeza es el único camino (que, además, está amparado por la doctrina del Tribunal Constitucional), los interinos pagan el precio. Procesos judiciales interminables, costas cuando pierden, ceses sin indemnización tras 15 o 20 años de servicio. Paradójicamente, el sector público actúa como el empleador más agresivo, muy por debajo de los estándares exigidos al sector privado.
La reforma de la justicia avanza lentamente, pero no aborda el núcleo del problema: una judicatura que, en este ámbito, está en rebeldía contra el derecho europeo. La consecuencia es un círculo vicioso de litigios, colapso judicial y frustración social.
Un problema absurdo
El conflicto de los interinos es tan grave como absurdo. El Estado depende de trabajadores a los que desprecia porque los considera prescindibles. La administración exige legalidad mientras incumple sistemáticamente la ley europea. Un sistema que castiga a quien reclama derechos y protege a quien los vulnera.
En 2026, España no decidirá solo sobre la situación de sus interinos. Decidirá si es un socio fiable en la Unión Europea, si su Constitución es compatible con el derecho común y si la política es capaz de corregir abusos que la justicia no ha querido resolver.
La ley de punto final ya no es una hipótesis radical. Es, cada vez más, la salida menos costosa a un fracaso colectivo. Y Sánchez parece estar convenciéndose de ello.