La intervención de la Unión Europea rara vez llega con estridencias. No hay tanques ni ultimátums solemnes, sino cartas formales, expedientes de infracción y, finalmente, sanciones económicas. España avanza desde hace años por ese sendero discreto pero persistente, empujada no por una crisis puntual, sino por algo más corrosivo: la normalización del incumplimiento del Derecho de la Unión Europea por parte de sus principales partidos de gobierno, el PP y el PSOE.
El caso más ilustrativo es también el más incómodo. La Directiva 1999/70/CE, destinada a prevenir el abuso de la contratación temporal en el sector público, debía haberse transpuesto antes del 10 de julio de 2001. Veinticuatro años después, sigue sin incorporarse plenamente al ordenamiento jurídico español. No se trata de un vacío técnico ni de una dificultad interpretativa, sino de una omisión política sostenida en el tiempo, atravesando gobiernos de ambos signos y mayorías parlamentarias de distinto color.
Primacía del Derecho europeo
La arquitectura jurídica de la UE descansa sobre un principio esencial: la primacía del Derecho comunitario. Cuando los parlamentos nacionales incumplen de forma reiterada las obligaciones de transposición, ese principio deja de ser operativo y se convierte en retórico. España ofrece hoy un ejemplo casi de manual de cómo esa erosión puede producirse sin ruptura formal, pero con efectos estructurales.
La directiva de 1999 no pretendía revolucionar el empleo público, sino evitar que la temporalidad se convirtiera en un mecanismo permanente. El resultado ha sido exactamente el contrario en España. La precariedad se ha institucionalizado, afectando a cientos de miles de trabajadores interinos, mientras legisladores, gobiernos y administraciones miraban hacia otro lado. Incluso parte del poder judicial ha contribuido a sostener ese equilibrio inestable, aplicando soluciones parciales allí donde el legislador se negaba a actuar.
Bipartidismo y responsabilidad compartida
Durante este cuarto de siglo, PP y PSOE se han alternado en La Moncloa y han controlado, en distintos momentos, mayorías suficientes en el Congreso y el Senado. El resultado ha sido idéntico en ambos casos: ausencia total de una transposición efectiva. Ninguno ha querido asumir el coste político y presupuestario de cerrar una brecha que afecta al núcleo del empleo público.
Los intentos de los grupos minoritarios por forzar la incorporación de la directiva han sido constantes, pero insuficientes. En el Parlamento, la aritmética pesa más que la legalidad europea. Y cuando la legalidad europea pierde peso político, la Comisión Europea acaba ocupando el vacío.
Bruselas como árbitro
España es hoy uno de los Estados miembros con más expedientes de infracción abiertos. Inició 2025 con más de ochenta directivas pendientes de transposición y acumula alrededor de noventa procedimientos activos, situándose a la cabeza de la UE en incumplimientos, por delante de Polonia, Grecia o Bulgaria. No es una anomalía puntual, sino un patrón.
Este volumen de infracciones convierte a la Comisión Europea en un supervisor de facto del legislador español. Cada carta de emplazamiento y cada dictamen motivado es una forma de intervención indirecta, pero acumulativa. Cuando el incumplimiento se cronifica, el margen de discrecionalidad nacional se reduce y el control externo se intensifica.
El riesgo más real de una intervención más dura
En estos momentos, una enmienda parlamentaria busca dar respuesta al colectivo de interinos que ha sufrido abuso y fraude en la contratación temporal. Su objetivo es convertir en ley lo que durante décadas se ha eludido. Sin embargo, ni el PP ni el PSOE parecen dispuestos a respaldarla, ni han presentado una alternativa creíble.
Ese bloqueo eleva el riesgo de una intervención europea más contundente: sanciones económicas recurrentes, condenas del Tribunal de Justicia de la UE e incluso una presión política directa para reformar el sistema. Paradójicamente, lo que los grandes partidos evitan por razones internas puede imponerse desde fuera en condiciones menos favorables.
¿Prevaricación política de hecho?
Desde un punto de vista estrictamente penal, la acusación de prevaricación es compleja. Pero en términos institucionales, el fenómeno se asemeja a una prevaricación estructural: el uso del poder legislativo para no legislar, sabiendo que esa omisión vulnera obligaciones jurídicas claras y produce un daño prolongado a un colectivo identificable.
No es una conspiración, sino algo más banal y más grave: la impunidad que nace de la rutina, de la certeza de que el coste del incumplimiento será diferido, repartido o asumido por otros. En este caso, por los trabajadores precarios y, finalmente, por el conjunto del Estado.
Aniversario incómodo
En 2026 se cumplirán 25 años de retraso en la transposición de la Directiva 1999/70/CE. Si para entonces no hay una solución legislativa, España no solo celebrará un récord poco honorable, sino que consolidará su imagen como un país donde el Derecho europeo es opcional mientras no duela demasiado.
La intervención europea no llegará porque Bruselas lo desee, sino porque Madrid la ha hecho inevitable. Y cuando llegue, será presentada como una injerencia externa, aunque en realidad sea la consecuencia lógica de una renuncia interna: la de gobernar conforme a las reglas que España aceptó voluntariamente al entrar en la Unión.