Durante años, a miles de interinos se les ha administrado el mismo brebaje institucional: abuso de temporalidad, cese, incertidumbre y, al final, una propina presentada como si fuera justicia. La doctrina era conocida: usted ha trabajado como estructural, ha sostenido servicios públicos durante años, pero cuando llega la hora de reparar el abuso, le ofrecen un consuelo de saldo o, directamente, le invitan a demostrar daños como si hubiera tenido el capricho de ser precario.
La sentencia Obadal del TJUE no hace milagros. No dice que todo interino cesado deba cobrar automáticamente todos los salarios, haberes dejados de percibir y los perjuicios sufridos. No convierte el BOE en un maná retroactivo. Pero sí dice algo mucho más incómodo para las administraciones españolas: que, si la respuesta frente al abuso va a ser económica, esa reparación debe ser íntegra, no simbólica, y debe tener en cuenta las circunstancias reales del caso, incluidas las ventajas económicas perdidas y la incertidumbre sufrida.
La sentencia afecta retroactivamente, también a quienes han regularizado su situación o la hayan perdido.
Traducido al castellano de la calle: si a un interino abusado lo cesan y deja de cobrar, ya no resulta tan fácil despacharlo con la indemnización de oferta de supermercado. El TJUE recuerda además que las fórmulas tasadas de 20 o 33 días, con sus topes, no bastan por sí solas para cumplir la exigencia europea de una sanción efectiva, proporcionada y disuasoria.
Aquí está la clave. No estamos ante una lotería judicial ni ante una paga caida del cielo. Estamos ante una puerta jurídica seria para reclamar que el daño real incluya, cuando proceda, los salarios dejados de percibir, las cotizaciones perdidas, la carrera profesional truncada y el perjuicio derivado de años de abuso rematados con un cese. Lo que Europa dice no es “cobre todo sin discutir”; lo que dice es algo peor para el viejo sistema español: “si ha habido abuso, no me venga usted con calderilla”, aunque, al final, le haya regularizado.
Eso obliga a cambiar de actitud. El interino no puede seguir esperando a que un tribunal, una consejería o un ministerio despierten de su cómodo sueño burocrático. Hay que reclamar. Hay que impugnar el cese en plazo cuando todavía sea posible. Hay que plantear la responsabilidad patrimonial cuando el daño se haya consolidado. Hay que cuantificar lo perdido. Y hay que hacerlo con papeles, fechas y números, porque la administración lleva años viviendo de una esperanza: que el perjudicado se canse antes que ella.
La ironía es perfecta. El mismo sistema que encadena nombramientos durante años para cubrir necesidades permanentes luego pone cara de sorpresa cuando alguien pide una reparación seria. Como si el abuso fuera una travesura administrativa y no una forma estable de gestionar plantillas públicas a costa de trabajadores convertidos en material fungible.
Conviene decirlo claro: Obadal no garantiza la victoria, pero sí debilita mucho la estrategia oficial del “no hay nada que ver”. Y eso, en el asunto de los interinos, ya es bastante más de lo que muchos querían admitir hace solo unos meses.
El mensaje para quien ha sufrido abuso y cese es simple: no se conforme con la limosna jurídica, no compre el discurso de que reclamar es inútil y no acepte que lo perdido desapareció por arte de magia. Europa no le ha regalado la solución. Le ha dado munición. Ahora toca usarla.