Agosto agonizaba entre el calor y las terrazas abarrotadas cuando, de pronto, las pantallas corporativas de cientos de trabajadores públicos en toda España empezaron a parpadear. No venía un aviso de mantenimiento ni una circular de rutina. Era un correo helado, seco, que en tres líneas les decía que recogieran sus cosas: el 31 de agosto estaban en la calle.
Así, mientras medio país intentaba desconectar del peso cotidiano, la Administración de Pedro Sánchez ejecutaba un despido masivo a espaldas de los sindicatos y mediante un mensaje en la intranet. Los afectados eran la columna vertebral que sostenía el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la gran apuesta económica de la legislatura.
La escena tiene un toque amargo de vodevil burocrático, pero la tragedia que esconde detrás es absoluta. Esto no es un simple ajuste de plantilla ni un imprevisto técnico. Es la prueba más dolorosa de cómo se trata a los trabajadores interinos en abuso de temporalidad dentro del sector público español. Una maniobra improvisada que deja al descubierto la incapacidad del Gobierno Sánchez para solucionar la precariedad de su propia casa y que, para colmo, llega salpicada por un fiasco enorme: la pérdida irrecuperable de más de 600 millones de euros en recursos europeos.
Para entender el desconcierto que se vivió hay que mirar el calendario. El 20 de agosto, la Abogacía del Estado emitía un informe exprés recordando que la ejecución técnica de los fondos comunitarios expiraba a fin de mes. La conclusión jurídica era que todo el personal contratado para ese plan debía cesar de inmediato.
Al día siguiente, la orden ya volaba hacia los departamentos de personal. En cuestión de horas, entre 300 y 2.000 profesionales, según a quién se le pregunte, si a los fuentes ministeriales o a las centrales sindicales, descubrían que les quedaban diez días contados de trabajo.
Muchos de ellos habían sido contratados tras la ampliación del plan en otoño de 2023. Tenían contratos firmados que hablaban de tres años de margen y documentos donde se barajaba su continuidad hasta 2027. La misma Administración que exige al ciudadano cumplir el último punto de cada trámite decidió, de la noche a la mañana, romper sus propios compromisos. Otro ejemplo más de cómo funciona el Estado sanchista: igual que la mente de su líder.
Estado a ciegas
Mientras los discursos oficiales presumían de un despliegue modélico, la realidad en las oficinas era muy distinta. La falta de un cuerpo técnico estable y la prisa constante han pasado una factura astronómica. La no solución del problema de los interinos por parte del Gobierno Sánchez ya le ha costado a España más de 600 millones de euros tras la sanción de la Comisión Europea. Todo ello en espera de que se ejecute la sanción por incumplimiento que elevará esa cifra a más de 1.000 millones si se aplicara la fijeza de manera inminente. De no ser así, de seguir Sánchez y su gobierno dando largas a Bruselas, entonces la cifra de la sanción sería astronómica.
Pero el verdadero problema empieza ahora. Aunque la fase de gasto haya cerrado sus puertas, la normativa de Bruselas exige al menos cinco años de auditoría, control y conservación de datos. Al echar a la calle a la gente que conocía cada expediente, el Estado se queda literalmente sin memoria.
En los equipos y los ordenadores de cada interino está registrada la trazabilidad de años de autorizaciones por lo que es posible que, una vez abandonen sus puestos estos interinos despedidos, cuando los auditores europeos pidan papeles no habrá nadie que sepa dónde buscar.
El parche de última hora, una vez más
El ensañamiento con este colectivo roza el absurdo. Por una norma interna que data de 2014, los interinos que hayan trabajado más de seis meses caen automáticamente al fondo de las bolsas de empleo al ser cesados. Es decir: los profesionales que acudieron a apagar el fuego con los fondos europeos son castigados ahora perdiendo puestos para futuras contrataciones.
La presión de sindicatos como CSIF, CCOO y UGT obligó al Ministerio de Función Pública, liderado por el sanchista converso Óscar López, a dar un paso atrás en el último minuto. Mediante un segundo informe de la Abogacía, se abrió la puerta a que algunos ministerios puedan prorrogar a parte del personal hasta septiembre o diciembre, siempre que justifiquen que hay labores de cierre pendientes. Un parche de meses que no arregla nada y que solo estira la agonía de familias enteras.
Colapso
En organismos como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la salida de más de un centenar de técnicos deja la estructura tiritando. Estos trabajadores no se limitaban a tramitar papeles: salían a la calle a verificar que las empresas destinaban las subvenciones a formación real.
Ahora, con las plantillas ordinarias bajo mínimos y sobrecargadas, esa carga de trabajo acumulada caerá sobre los hombros de quienes se quedan. La burocracia no desaparece por decreto; simplemente se amontona sobre mesas que ya no dan más de sí.
El episodio de los fondos de recuperación deja al descubierto las vergüenzas de un modelo de empleo público agotado. Un Gobierno que hace bandera de los derechos laborales no puede sostener sus grandes proyectos sobre el "usar y tirar" de miles de profesionales. La factura de esta mala gestión no solo la pagan los interinos con su incertidumbre; la paga el país entero cada vez que un recurso público se pierde por el camino.
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