A pocos días de que el TJUE haga pública la sentencia del caso Obadal, el conflicto de los interinos sigue activo. El pasado miércoles, en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el diputado de Junts, Josep Pagès, hizo la siguiente pregunta al ministro Félix Bolaños: "Pasemos ahora a otro colectivo, que su gobierno, quizá no de palabra pero sí por los hechos, ustedes maltratan desde hace años. Me refiero a los interinos. En primer lugar, la ley 20/21 ha sido un fracaso, no intenten tirar pelotas fuera. Se ha producido una perversión absoluta, fraude de ley de manual: los procesos que debían servir para estabilizar a los trabajadores públicos temporales abusados han servido de promoción interna encubierta para los que ya eran funcionarios y para facilitar la entrada a personas de fuera de la administración. Esto es especialmente grave en Cataluña, y en la administración de justicia catalana. ¿Piensa hacer algo para solucionarlo, señor Bolaños? Señor Bolaños, hace ahora un mes Junts presentó unas preguntas sobre qué había pasado con los 626 millones de euros que la Comisión Europea dejará de entregar a España para no resolver la temporalidad al servicio público. La Comisión ha decidido Decisión de Ejecución C(2025) 4643 final declarar "revertida" la del Plan de Recuperación que obligaba a adoptar medidas efectivas para sancionar el abuso de temporalidad en el sector público, de acuerdo con la interpretación del TJUE del Acuerdo Marco de la Directiva 99/70 de prevención y sanción del abuso mediante medidas efectivas y disuasorias.626 millones de Euros tirados. ¿Le suena todo esto? Tenemos las preguntas presentadas, cuando le vaya viene ya las responderá".
La respuesta de Félix Bolaños pretendía transmitir una imagen de éxito reformista. Sin embargo, leída en clave política y jurídica, su intervención revela más bien las contradicciones, dilaciones y déficits estructurales de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en uno de los problemas más persistentes del Estado: la precariedad en el empleo público.
Sin embargo, el principal argumento del Ejecutivo (la reducción de la temporalidad hasta un supuesto 4% en la Administración General del Estado) funciona más como un recurso retórico que como un indicador sólido de éxito. La precariedad no desaparece porque se redistribuya estadísticamente, y el propio reconocimiento de Bolaños de que en las comunidades autónomas los niveles de temporalidad se multiplican por dos, tres o incluso cuatro desmonta la narrativa de una solución estructural. En términos políticos, esto implica que el problema no solo persiste, sino que ha sido desplazado territorialmente, generando una desigualdad institucional que el Gobierno central elude abordar con claridad.
El núcleo del discurso ministerial se apoya en la Ley de estabilización del empleo público de 2021, presentada como un “paso definitivo”. Sin embargo, cinco años después de su aprobación, el propio Ejecutivo admite que el proceso “todavía se está terminando de materializar”. Esta dilación no es menor: en términos jurídicos, evidencia un desfase entre la norma y su ejecución, lo que erosiona la seguridad jurídica de cientos de miles de trabajadores que han permanecido durante años, e incluso décadas, en una situación de interinidad.
La afirmación de que “son millones de personas las afectadas” no refuerza la tesis del éxito, sino que agrava el diagnóstico: la magnitud del problema es precisamente la prueba de la insuficiencia de las soluciones adoptadas. Más aún cuando el propio ministro reconoce casos extremos como el de juezas interinas con más de 25 años en situación precaria. Este dato, lejos de ser anecdótico, constituye un síntoma de fallo estructural del sistema de acceso y consolidación en la función pública.
En este contexto, el argumento de que los retrasos obedecen a acuerdos con sindicatos introduce otro elemento problemático. Desde el punto de vista político, supone una externalización de la responsabilidad: el Gobierno se presenta como ejecutor de consensos previos, diluyendo su capacidad de decisión. Pero desde el punto de vista jurídico, plantea una cuestión de fondo: los pactos sindicales no pueden justificar la vulneración de las directivas europeas.
El intento del ministro de equilibrar su discurso con el anuncio de una futura reforma sigue un patrón recurrente en la acción del Gobierno: proyectar soluciones hacia el futuro para justificar carencias del presente. Sin embargo, la reiteración de este enfoque ha terminado por desgastar su credibilidad.
Desde un enfoque de análisis político, la intervención de Bolaños revela un problema más profundo: la dificultad del Ejecutivo para reconocer los fracasos de su propia gestión. En lugar de asumir que la estabilización del empleo público sigue siendo una tarea inconclusa, el discurso oficial insiste en presentar parches como logros definitivos. Esta disonancia entre relato y realidad alimenta la percepción de desconexión entre el Gobierno y los afectados, un factor que tiene consecuencias directas en términos de desgaste político.
En el plano jurídico, la situación de los interinos en España ha sido objeto de reiteradas advertencias por parte de instancias europeas, que han cuestionado el abuso de la temporalidad en el sector público. En este sentido, la lentitud en la ejecución de las medidas de estabilización no solo es un problema interno, sino también un potencial foco de conflicto con el marco normativo de la Unión Europea.
La respuesta del ministro no logra disipar las dudas, sino que las amplifica. La gestión de los interinos se ha convertido en un espejo de las debilidades del gobierno Sánchez, donde la acumulación de soluciones parciales y retrasos crónicos termina generando problemas de mayor envergadura.