La concesión de la fijeza a todos los interinos en España suele presentarse en términos de coste presupuestario o de encaje jurídico. Sin embargo, si se analiza desde una perspectiva de política económica y de fortalecimiento institucional, la estabilización generalizada del empleo público temporal es una oportunidad estratégica para el Estado español que el gobierno de Pedro Sánchez no quiere ver. No se trata únicamente de regularizar situaciones individuales, sino de corregir una anomalía estructural que ha condicionado durante años el funcionamiento de la Administración.
Durante décadas, cientos de miles de profesionales han ocupado plazas estructurales bajo figuras temporales. Han sostenido hospitales, centros educativos, juzgados y oficinas administrativas sin disfrutar de la estabilidad que corresponde a funciones permanentes. La interinidad dejó de ser un mecanismo excepcional para convertirse en un pilar silencioso del sistema. Conceder la fijeza supondría, ante todo, reconocer una realidad consolidada y transformar la provisionalidad crónica en estabilidad institucional.
Desde el punto de vista económico, la medida tendría un impacto positivo inmediato y otro de mayor alcance. En el corto plazo, permitiría reducir drásticamente la litigiosidad asociada al abuso de temporalidad, con el consiguiente ahorro en indemnizaciones, costas y recursos administrativos dedicados a la gestión del conflicto. Pero el efecto más relevante sería el estructural: la estabilidad laboral incrementa la productividad, fomenta la inversión en formación y fortalece el compromiso organizativo. Un empleado público con horizonte profesional definido tiende a implicarse más en la mejora continua de los servicios que presta.
La estabilización masiva del personal interino también tendría un efecto dinamizador sobre la economía real. La seguridad en el empleo impulsa el consumo, facilita el acceso al crédito y mejora la planificación financiera de los hogares. Miles de familias ganarían previsibilidad, lo que se traduciría en mayor actividad económica y, por extensión, en mayor recaudación fiscal. La medida, lejos de ser un simple incremento de gasto, actuaría como palanca de consolidación del tejido económico interno.
En el plano político e institucional, la fijeza reforzaría la calidad democrática. Una administración pública sólida requiere independencia técnica y continuidad. La interinidad prolongada puede generar vulnerabilidad frente a cambios coyunturales o presiones jerárquicas. Convertir esas plazas en estables fortalecería la neutralidad del aparato estatal y consolidaría un modelo profesionalizado alineado con los estándares europeos. La confianza ciudadana en las instituciones no depende solo de las leyes, sino de la percepción de que quienes las aplican lo hacen con autonomía y estabilidad.
Existe además una dimensión social innegable. Buena parte del personal interino pertenece a sectores altamente feminizados, como sanidad y educación, y ha soportado durante años una precariedad incompatible con la responsabilidad que asume. La fijeza de los interinos contribuiría a reducir brechas económicas, mejorar futuras pensiones y reforzar la cohesión social. En un contexto marcado por incertidumbres globales, fortalecer la estabilidad interna es un activo estratégico.
La medida también tendría un valor simbólico: el Estado enviaría el mensaje de que no puede sostener su funcionamiento ordinario sobre la excepcionalidad permanente. Corregir la temporalidad estructural no sería una concesión, sino una actualización del contrato institucional entre Administración y empleados públicos. Implicaría asumir que la eficiencia no se construye sobre la precariedad, sino sobre la profesionalización.
Naturalmente, la estabilización debe acompañarse de una planificación rigurosa que evite la reproducción futura del problema. Pero ese requisito no desvirtúa la oportunidad presente. Más bien la refuerza: la concesión de la fijeza puede ser el punto de partida para un rediseño más racional de la gestión de recursos humanos en el sector público.
Es un hecho demostrado que los Estados que han apostado por administraciones estables y profesionalizadas han ganado en resiliencia y capacidad de adaptación. El gobierno Sánchez tiene ante sí la posibilidad de transformar una debilidad, la interinidad crónica, en una fortaleza estructural. La consolidación del empleo público no solo beneficiaría a quienes hoy ocupan esas plazas; consolidaría la arquitectura institucional del país y fortalecería su base económica.