Interinos: el Gobierno está desactivando la sentencia Obadal

España no está aplicando la sentencia Obadal. La está cortando en rodajas. Finas, manejables, administrativamente digeribles. Como un fuet en la mesa de una comida familiar incómoda: nadie se atreve a tirar la pieza entera a la basura, pero todos intentan que, loncha a loncha, desaparezca sin escándalo.

Esa es la gran técnica institucional española ante el abuso de temporalidad en el empleo público. No resolver el problema. Filetearlo. Separarlo. Clasificarlo. Trocearlo hasta que deje de parecer un conflicto estructural de Estado y se convierta en una suma de pequeños supuestos jurídicos, cada uno con su puerta cerrada, su ventanilla propia y su funcionario diciendo: “lo suyo no va por aquí”.

Obadal fue un golpe seco. Luxemburgo dijo, con la cortesía propia de quien lleva años explicando lo mismo a un alumno que mira por la ventana, que las medidas españolas no sirven para sancionar debidamente el abuso ni para eliminar sus consecuencias. El indefinido no fijo es una chapuza. Las indemnizaciones tasadas, pero pequeñas, no bastan. Los procesos selectivos tardíos son un fraude. La responsabilidad abstracta de la Administración tampoco es suficiente. Dicho en lenguaje no europeo: el truco ya huele.

Pero España tiene una especialidad histórica: cuando no puede negar una realidad, la trocea.

Primera loncha: laborales por un lado, funcionarios interinos por otro, estatutarios un poco más allá, docentes en otra bandeja y sanitarios esperando turno en cámara frigorífica. Para Luxemburgo, un trabajador abusado es un trabajador abusado. Para el sistema español, en cambio, cada categoría permite abrir una nueva caja de excusas. Si eres laboral, quizá. Si eres funcionario interino, cuidado. Si eres estatutario, ya veremos. Si eres docente, depende. Si eres de una administración autonómica, pregunte en otra planta.

Segunda loncha: los que superaron proceso selectivo y los que no. Esta es la rodaja estrella tras la reacción del Supremo. La Sala Social ha encontrado una salida elegante: fijeza sí, pero solo para quienes puedan enseñar una especie de certificado de pureza selectiva. Si aprobaste un proceso para plaza fija, aunque no obtuvieras plaza, y después la Administración te tuvo años en temporalidad abusiva, puedes entrar en la zona templada del sistema. Si no, pase usted al pasillo de las indemnizaciones, daños morales, prueba del perjuicio, paciencia procesal y demás deportes extremos.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de junio encaja perfectamente en esa lógica. Trabajadora municipal, contratos temporales desde 1995, proceso selectivo superado en 2022 sin plaza y, finalmente, fijeza. En apariencia, avance. En realidad, loncha cuidadosamente calibrada. No se reconoce el problema entero; se reconoce una porción: la del temporal abusado que además puede demostrar que ya pasó por el rito selectivo correcto. Como si el abuso solo fuese jurídicamente visible cuando viene con sello, compulsa y boletín.

Tercera loncha: lo social frente a lo contencioso. Aquí el fuet se corta con navaja de Albacete. La Sala Social se permite abrir una rendija para el personal laboral. La Sala Tercera mantiene el portón con candado constitucional. Resultado: el mismo abuso puede tener tratamientos distintos según la jurisdicción que toque. El trabajador no solo debe probar que fue abusado; debe tener la suerte procesal de haber sido abusado en la categoría adecuada.

Cuarta loncha: fijeza o indemnización. El Derecho de la Unión exige medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias. España traduce eso como: vamos a ver cuánto cuesta que el problema se calle. La indemnización aparece así como el precio administrativo de haber usado personas durante años para cubrir necesidades estructurales sin reconocerles estabilidad. No es sanción; es contabilidad emocional. Una especie de “disculpe las molestias” con membrete público.

Quinta loncha: estabilización contra abuso. Esta es especialmente fina, casi transparente. Se vende la estabilización como remedio, aunque muchas veces estabiliza plazas, no personas; reduce estadísticas, no necesariamente daños; ordena plantillas, no sanciona a quien abusó. La Administración crea el incendio, convoca un simulacro de evacuación y luego presume de haber comprado extintores.

Sexta loncha: Bruselas. La Comisión Europea ha dado a España dos meses para responder a los dictámenes motivados sobre temporalidad pública. Traducido: Europa vuelve a preguntar por qué el jamón sigue colgado en la misma despensa después de tantos informes diciendo que estaba caducado. España, previsiblemente, contestará con su repertorio habitual: reformas, porcentajes, procesos, estabilizaciones, mejoras, compromisos, grupos de trabajo y alguna tabla Excel que reduzca el abuso por columnas.

El problema es que Bruselas ya no mira solo la etiqueta. Mira el contenido. Y el contenido sigue siendo el mismo: cientos de miles de personas sosteniendo servicios públicos durante años en situación precaria, mientras el Estado convierte su propio incumplimiento en una oposición permanente para la víctima.

Séptima loncha: la jubilación parcial y los relevos. Mientras Europa pregunta cómo se corta el abuso anterior, España ya prepara cuchillo para el siguiente. Las nuevas reglas sobre jubilación flexible y parcial pueden generar necesidades de cobertura, relevos y sustituciones. Nada de eso es ilícito por sí mismo. Pero en un país con la trayectoria española en temporalidad pública, cada mecanismo de cobertura temporal debería venir con luces de emergencia. Porque aquí todo contrato temporal nace inocente y algunos envejecen hasta tener derecho a nietos.

La teoría del fuet explica mejor que muchas notas jurídicas lo que está ocurriendo. El Estado no niega frontalmente Obadal. Sería demasiado burdo incluso para nuestros estándares. Hace algo más sofisticado: lo absorbe por porciones. A unos les dice que sí, pero solo si aprobaron. A otros que no, porque son funcionarios. A otros que esperen a Bruselas. A otros que pidan indemnización. A otros que acrediten el daño. A otros que ya hubo estabilización. A otros que su plaza salió. A otros que su caso es distinto. Siempre distinto. Siempre individual. Nunca estructural.

Y ahí está la clave política y jurídica: el abuso fue masivo, pero la reparación se administra en monodosis. El incumplimiento fue sistémico, pero la respuesta se sirve en lonchas. La Administración convirtió la temporalidad en modelo de gestión; ahora pretende convertir la reparación en trámite artesanal.

Obadal no rompió el sistema. Lo obligó a enseñar la máquina cortadora.

Y la máquina funciona con precisión admirable. Corta derechos en lonchas, distribuye expectativas por bandejas, envasa el conflicto al vacío y lo etiqueta con palabras tranquilizadoras: mérito, capacidad, seguridad jurídica, planificación, sostenibilidad, estabilidad presupuestaria. Todo muy higiénico. Todo muy institucional. Todo muy español.

El problema es que el fuet, por muy fino que se corte, sigue siendo fuet. Y el abuso, por mucho que se lonchee, sigue siendo abuso.