Hay una cifra que lo resume todo: 999.738 empleados públicos en España trabajan hoy en régimen de temporalidad. Son casi un millón de personas que sostienen hospitales, colegios y administraciones con contratos que no les garantizan la continuidad, en un país que lleva años prometiendo a Bruselas que va a resolver este problema y que llega al límite del plazo europeo sin haberlo hecho. El 29 de junio vence la última oportunidad que la Comisión Europea ha concedido a España para corregir una anomalía que ya no admite más dilaciones, y el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene respuesta preparada.
La magnitud del fracaso es difícil de disimular con tecnicismos. La tasa de temporalidad en las Administraciones Públicas se sitúa en el 32,2%, según los datos de la última Encuesta de Población Activa de 2025, lo que significa que casi una de cada tres personas que trabajan en el sector público lo hace sin estabilidad real. El compromiso adquirido por España ante la Unión Europea, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, era reducir esa tasa por debajo del 8% antes del 31 de diciembre de 2024. Han pasado más de seis meses desde ese vencimiento y el indicador apenas se ha movido. La distancia entre la promesa y la realidad es de más de cuatro veces el objetivo comprometido.
Una estabilización que estabilizó plazas pero no personas
Javier Araúz, uno de los abogados que está litigando en España y Europa, lo ha dejado muy claro: los procesos de estabilización impulsados por el Gobierno Sánchez al amparo de la Ley 20/2021 estabilizaron plazas, pero no a las personas que las venían ocupando durante años. La diferencia no es semántica. Es la diferencia entre resolver un problema estructural y maquillarlo con una convocatoria que abre las puertas a otros aspirantes mientras deja en la calle a quienes habían sostenido esos puestos durante lustros.
Según datos oficiales, se estima que entre 67.000 y 90.000 empleados públicos temporales pudieron perder su empleo como consecuencia directa de estos procesos de estabilización, sin contar los ceses derivados de ofertas anteriores. Son cifras que el propio Gobierno Sánchez no puede desmentir con precisión porque, y esto resulta especialmente revelador, nunca ha publicado un registro oficial de interinos cesados por estos procedimientos. La opacidad sobre el alcance real del problema es, en sí misma, parte del problema.
Detrás de cada número hay una historia concreta: la enfermera que llevaba doce años cubriendo una plaza estructural en urgencias y que no superó la oposición abierta a todos los candidatos, el administrativo municipal que dedicó dos décadas a un servicio público y que vio cómo su puesto era ocupado por alguien sin su experiencia pero con mejor nota en un examen puntual. La Administración absorbió durante años su trabajo sin ofrecerles la estabilidad que merecían, y después los cesó sin una reparación equivalente al daño causado.
Amenaza sobre los fondos europeos
La Comisión Europea no ha llegado a este punto sin haber advertido antes. España ha recibido requerimientos explícitos para que adopte medidas efectivas contra el uso abusivo de relaciones temporales sucesivas en el sector público y contra la discriminación que sufren los empleados interinos frente a los funcionarios de carrera. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha cuestionado en reiteradas ocasiones la suficiencia de las medidas adoptadas por España, y Bruselas ha dejado claro que si el Estado no corrige la situación antes del 29 de junio, el expediente puede volver al TJUE con consecuencias más severas.
A esa amenaza jurídica se suma una consecuencia económica directa y tangible: más de 625 millones de euros de fondos europeos están en riesgo si España no acredita un cumplimiento real de los compromisos asumidos. Son recursos que podrían destinarse a reforzar precisamente los servicios públicos que estos trabajadores temporales han estado sosteniendo durante años. La paradoja es perfecta y devastadora: el incumplimiento de las obligaciones con los propios empleados públicos puede costarle al país los fondos pensados para mejorar los servicios que esos empleados prestan.
Araúz no esconde su valoración política del momento: "El Gobierno que dice ser el más social de la historia debe decidir si quiere cumplir con Europa o seguir acumulando reproches del TJUE", señaló. La frase condensa una contradicción que el Ejecutivo no ha logrado resolver: un gobierno que ha hecho de la defensa de los trabajadores su principal argumento de legitimidad lleva años administrando la precariedad de casi un millón de empleados públicos sin abordar el fondo del problema.
La anomalía estructural que ninguna reforma ha corregido
Lo que hace especialmente grave esta situación es que no se trata de un problema nuevo ni de una crisis sobrevenida. La temporalidad abusiva en el sector público español es una práctica estructural que las sucesivas administraciones han tolerado, perpetuado y, en algunos casos, agravado. Las Administraciones han recurrido sistemáticamente a contratos temporales para cubrir necesidades que por su naturaleza deberían generar empleo estable, y cuando la presión europea y judicial ha obligado a actuar, la respuesta ha sido diseñar procesos que resuelven el problema estadístico sin resolver el problema humano.
Parte de los ceses más antiguos quedaron además fuera del régimen indemnizatorio previsto por la Ley 20/2021, al proceder de convocatorias de estabilización anteriores. Esto ha dejado a muchos afectados en una situación de doble agravio: fueron víctimas del abuso de temporalidad durante años y luego fueron excluidos de la compensación cuando el sistema intentó, tardíamente, corregir sus propias disfunciones.
El diagnóstico está hecho. Las advertencias están sobre la mesa. Los plazos se han agotado. Lo que falta, según Araúz de Robles, no es información sino voluntad política para transformar en fijos a los empleados públicos que han demostrado su valía durante años y que merecen la estabilidad que el Estado nunca les garantizó. Acabar con esta lacra, subraya el despacho, no es una opción política sino una obligación jurídica, social, moral y democrática.
El 29 de junio no es solo una fecha en el calendario europeo. Es el momento en que España debe elegir entre seguir administrando el problema o, por fin, afrontarlo.