Juan Tamariz falleció el 18 de agosto y se ha reunido con todos los magos celestiales. Convirtió la cartomagia en arte, humor y asombro compartido. Prefería hablar de «juegos» y no de «trucos», porque el truco le sonaba a engaño. La distinción resulta oportuna: lo que hace el Gobierno de Pedro Sánchez con los interinos no parece un juego. Aquí alguien puede perder el empleo, la indemnización y veinte años de vida profesional. Tatatachán.
Función Pública sostiene que las víctimas del abuso de temporalidad son menos de 200.000. Sin embargo, hay alrededor de 900.000 empleados públicos temporales y las asociaciones aproximan los afectados a ese total. Seamos rigurosos: no todo temporal es una víctima; existen sustituciones legítimas. Pero entre ambas cifras faltan unas 700.000 cartas y nadie ha explicado en qué manga han terminado.
Solo caben dos posibilidades. La primera es que el Gobierno no controle la Administración pública: ignore cuántos temporales encadenan nombramientos, han sido cesados, rotan por plazas realizando las mismas funciones o cubren necesidades estructurales. Sería una confesión formidable: el Estado legisla, recauda y promete inteligencia artificial, pero desconoce quién trabaja para él y en qué condiciones.
España es un Estado descentralizado y el ministro no firma cada nombramiento autonómico o municipal. Pero el Estado dicta la legislación básica, coordina el empleo público y negocia con Bruselas. Además, la disposición adicional segunda de la Ley 20/2021 ordena al Ministerio elaborar un informe anual, con detalle funcional, autonómico y local, sobre todas las situaciones de temporalidad. Si en su quinto año de vigencia «estamos recabando datos», quizá el informe anual practique absentismo administrativo.
La segunda posibilidad es más vistosa: el Gobierno conoce la dimensión, pero ha decidido sustituir a Tamariz. Toma la baraja de los 900.000, aplica, según la información publicada, un filtro como el del de “misma plaza y más de tres (o sea cuatro) años ininterrumpidos” y aparecen menos de 200.000 abusados. Desaparecen cesados, jubilados, interrupciones artificiales y cambios de nombramiento con idénticas funciones. El público no sabe cómo, pero Hacienda conserva la cartera.
El número mágico es tres. La Ley 20/2021 fijó, con carácter general, en más de tres años para la interinidad por vacante. El Gobierno parece tentado de convertir ese plazo en definición universal del abuso. Sin embargo, la propia ley limita el nuevo régimen a nombramientos o contratos posteriores a su entrada en vigor. Y el Derecho de la Unión no pregunta únicamente cuántos años lleva alguien sentado en una silla concreta: examina la sucesión de relaciones, sus causas reales y si se utilizan para atender necesidades permanentes. Cambiar la silla o levantar al trabajador durante quince días no convierte una ilegalidad estructural en una sustitución navideña.
Tampoco puede confundirse el objetivo político de reducir la temporalidad estructural al 8% con el número de víctimas. El porcentaje fotografía puestos ocupados temporalmente en una fecha; el abuso exige reconstruir la historia de cada relación y eliminar sus consecuencias. Una tasa satisface una hoja de cálculo. Una sanción repara personas.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo recordó el 14 de abril en el asunto Obadal. El indefinido no fijo perpetúa la precariedad; las indemnizaciones tasadas no parecen reparar todos los abusos; la responsabilidad administrativa, si es abstracta e imprevisible, no disuade; y los procesos selectivos abiertos a personas que no padecieron el abuso no lo sancionan ni eliminan sus consecuencias. Luxemburgo no hizo un número de mentalismo. Escribió una sentencia.
La respuesta anuncia alertas al acercarse los tres años, responsabilidades y procesos más rápidos. Puede prevenir. Para reparar el abuso pasado sirve como instalar un detector de humo tras arder el edificio. Y si la alarma permite cesar antes del plazo y contratar a otro, habremos digitalizado la puerta giratoria: la Administración será igual de abusiva, pero enviará notificaciones automáticas.
También se exhiben 419.000 o 440.000 plazas estabilizadas, según el portavoz. Se cuentan plazas para acreditar cumplimiento y personas para reducir víctimas. Pero estabilizar una plaza no repara al abusado: puede obtenerla otra persona mientras quien soportó quince años regresa a la bolsa. La plaza se estabiliza; el ser humano se descataloga.
Todo ocurre con 626,6 millones europeos retenidos y una prórroga solicitada hasta marzo de 2027. La Directiva debía cumplirse hace veinticinco años, el procedimiento se arrastra desde 2014 y el Gobierno necesita nueve meses para descubrir el censo. Ni Tamariz habría sostenido tanto la tensión. Él mostraba finalmente la carta.
Para salir del número hace falta algo bastante menos mágico: publicar la metodología, auditar persona por persona la sucesión de vínculos, incluir a cesados y jubilados, distinguir temporalidad lícita de abuso y separar las medidas preventivas de la reparación debida. Después habrá que aplicar una respuesta efectiva, proporcionada y disuasoria, respetando los principios constitucionales sin convertirlos en salvoconducto para la impunidad.
Tamariz hacía posible lo imposible sin perjudicar a nadie. El Gobierno, en cambio, parece empeñado en hacer invisible lo evidente. Si realmente desconoce qué ocurre en el empleo público, no gobierna la Administración. Si lo conoce y reduce el colectivo mediante un filtro secreto, practica ilusionismo contable. En ambos casos sobran chisteras y faltan datos. Y ese violín imaginario que se oye al fondo no celebra el truco: acompaña a 700.000 interinos que acaban de desaparecer del escenario oficial.
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