La Comunitat Valenciana afronta una tormenta que amenaza con convertirse en un caso de estudio sobre mala gestión pública, precariedad laboral y deterioro del sistema educativo. Cerca de 600 docentes interinos de Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial siguen sin cobrar la nómina desde el inicio de curso, una anomalía que golpea con especial intensidad a la provincia de Castellón, convertida ya en el epicentro de un malestar que crece semana a semana. Algunos profesionales arrastran más de 8.000 euros pendientes, una cifra que, en muchos casos, supera su capacidad de ahorro anual.
El impacto no es solo económico. Los afectados describen una creciente angustia emocional, derivada de meses trabajando sin ingresos, gestionando alquileres, desplazamientos y gastos cotidianos que la administración, en la práctica, ha decidido ignorar. “La situación nos está destrozando psicológicamente”, repiten. Y no es una exageración: la combinación de incertidumbre, silencio institucional y dificultades materiales erosiona la salud mental de un colectivo ya de por sí vulnerable.
Movilización en marcha
Ante el bloqueo administrativo, los sindicatos educativos —entre ellos CSIF, STEPV y otras organizaciones del sector— han puesto en marcha una ofensiva institucional. Han elevado escritos al Síndic de Greuges, han distribuido formularios de reclamación y solicitan una reunión urgente con la Dirección General de Personal Docente. Su objetivo: activar un mecanismo extraordinario de pagos que evite que diciembre llegue con cientos de docentes sin un euro en el banco.
La contestación en la calle también crece. Este lunes se ha convocado una concentración en Castellón, a la que seguirá una participación masiva en la huelga general educativa del 11 de diciembre, llamada a denunciar la combinación explosiva de impagos, recortes y falta de inversión.
Castellón, la zona cero
Según una encuesta publicada por STEPV el 28 de noviembre, el 52,3% de los docentes afectados dependen de la Dirección Territorial de Castellón. De las 300 respuestas recogidas, emergen tres realidades igualmente preocupantes: interinos que solo han cobrado atrasos; otros que no reciben la nómina desde septiembre; y quienes no han cobrado absolutamente nada desde el inicio de curso.
El sindicato califica la situación de “inaceptable” y denuncia la falta de transparencia de la Conselleria de Educación. No es un episodio aislado: aseguran que es la segunda vez en dos años que el problema se repite.
La gota que colma el vaso
Para cientos de interinos, esta crisis ha sido la gota que colma el vaso. La educación pública valenciana lleva años sosteniéndose sobre un pilar frágil: el abuso de temporalidad. Miles de docentes encadenan sustituciones, ceses obligatorios en verano, desplazamientos forzosos y nombramientos tardíos que complican cualquier proyecto de vida. Ahora, a esa precariedad histórica se suma un elemento devastador: trabajar sin cobrar.
Europa ha advertido repetidamente sobre el problema estructural de la temporalidad en España, pero las administraciones autonómicas han optado por parchear, no por reformar. En este contexto, el impago se convierte en un síntoma de algo más profundo: un sistema incapaz de garantizar lo mínimo a quienes sostienen el aula. El Estado exige disponibilidad absoluta, pero no cumple su obligación básica de pagar en tiempo y forma.
Precariedad insostenible
La indignación no nace solo del impago; nace del contraste. Los interinos aceptan destinos difíciles, pagan alquileres temporales, asumen kilómetros diarios de desplazamiento y trabajan en condiciones que exigirían una compensación adicional. Pero nunca habían tenido que asumir que la administración —su empleador— pudiera fallar de manera tan fundamental.
El mensaje es corrosivo: si el sistema público no es capaz de garantizar el pago de salarios durante tres meses consecutivos, ¿qué garantías quedan? La brecha de confianza entre docentes y administración no es coyuntural; puede tardar años en repararse.
El conflicto ha puesto sobre la mesa una tensión generacional evidente. La mayoría de los afectados son docentes jóvenes, quienes más sufren la temporalidad y quienes ahora ven en este episodio un aviso inquietante: la educación pública puede convertirse en un terreno laboral hostil, donde la vocación choca con la precariedad y la incertidumbre material.
En un momento en que las administraciones deberían competir con el sector privado para atraer y retener talento, la imagen de maestros sin cobrar durante meses constituye un daño reputacional incalculable. No es solo un problema laboral; es un problema estratégico para el futuro del sistema educativo.
Síntoma de algo mayor
Más allá del impago, la crisis revela una realidad incómoda: la educación pública valenciana se apoya en un modelo administrativo frágil, lento y capaz de colapsar ante un volumen relativamente pequeño de incidencias. Si 600 docentes sin nómina ya generan este nivel de disrupción, ¿qué ocurrirá cuando el sistema tenga que afrontar desafíos más profundos, como la jubilación masiva de profesores o la incorporación de nuevas necesidades educativas?
Mientras tanto, los interinos esperan, protestan y sobreviven como pueden. Pero la pregunta ya no es cuándo cobrarán. La pregunta es si este episodio marcará un punto de inflexión en la gestión educativa valenciana, o si quedará enterrado bajo la misma lógica burocrática que lo hizo posible.