Interinos: exigen que sienten al Gobierno ante un tribunal europeo

La paciencia tiene un límite biológico, y el colectivo de interinos ha decidido cruzar el Rubicón. Tras décadas de promesas incumplidas, reformas cosméticas y un evidente desprecio por los dictámenes que llegan desde Luxemburgo, el tejido de los trabajadores en situación de interinidad ha roto definitivamente la baraja. Ya no hay espacio para la diplomacia de pasillo ni para la condescendencia institucional. Un bloque monolítico de más de cincuenta organizaciones que aglutinan a los interinos de todo el Estado ha lanzado una ofensiva directa y sin piedad contra el Ejecutivo central, exigiendo a la Comisión Europea que ejecute de inmediato el pase a la vía judicial del expediente de infracción abierto contra España. Es el golpe de gracia de unos trabajadores precarios que se niegan a seguir siendo el felpudo legal de una administración que abusa sistemáticamente de sus contratos.

El origen de este cisma se encuentra en el histórico expediente INFR(2014)4334, un proceso de investigación que Bruselas inició hace ya doce años por el flagrante incumplimiento de la directiva comunitaria 1999/70. La legislación europea es nítida: prohíbe el encadenamiento crónico de contratos temporales en el sector público sin causas objetivas que lo justifiquen. Sin embargo, la respuesta de los sucesivos gobiernos españoles, sobre todo el de Pedro Sánchez, ha sido una huida hacia adelante caracterizada por la parálisis legislativa. Ante la inminencia de una sanción millonaria, el Ejecutivo ha solicitado una prórroga desesperada para estirar los plazos hasta marzo de 2027. Una maniobra de distracción que los colectivos de interinos exigen que sea denegada de plano, interpretándola como un burdo intento de ganar tiempo mientras miles de profesionales esenciales siguen atrapados en un limbo contractual carente de indemnizaciones por cese.

La radiografía del desastre que maneja el propio Ministerio de Función Pública dibuja un escenario de colapso moral en los pilares fundamentales del Estado del bienestar. Mientras el sector privado ha logrado embridar la inestabilidad contractual situándola en el entorno del doce por ciento, el abuso de temporalidad en las administraciones públicas se ha disparado hasta niveles alarmantes. La tasa de interinidad en la educación pública alcanza ya el cuarenta por ciento, una cifra que se recrudece en el sector de la sanidad pública hasta rozar un insostenible cuarenta y tres por ciento. La paradoja es desgarradora: el mismo Estado que inspecciona, sanciona y persigue el fraude laboral en las empresas privadas es, al mismo tiempo, el mayor empleador fraudulento del país, sosteniendo sus hospitales y colegios sobre las espaldas de un ejército de interinos de larga duración a los que se les niega la fijeza.

Las costuras del modelo saltaron definitivamente por los aires cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) enmendó la plana a las tímidas reformas estructurales acometidas a través de la Ley 20/2021. Aquel proceso de estabilización extraordinaria, que prometía regularizar unas 440.000 plazas, ha sido considerado por la justicia europea como un mecanismo insuficiente y carente de fuerza reparadora. Europa ha dejado claro que convocar oposiciones libres donde el interino maltratado puede perder su puesto de trabajo a manos de un aspirante externo no es una sanción disuasoria para la administración infractora. La complacencia del Gobierno, atrapado entre la soberbia legislativa y el miedo al coste presupuestario, ha terminado por agotar la paciencia de las autoridades europeas, que observan con estupor cómo España ignora los pronunciamientos del alto tribunal de Luxemburgo.

El pulso se ha trasladado al terreno de la presión geopolítica directa. En la carta formal remitida a las autoridades comunitarias, los colectivos de interinos advierten a la Comisión de que conceder una nueva prórroga a España no sería un mero trámite administrativo, sino una complicidad objetiva con la prolongación de una situación ilegal. El hartazgo en los despachos de Bruselas es un secreto a voces en los círculos jurídicos. Expertos en la defensa del sector público como el letrado Javier Araúz confirman que las excusas de Madrid ya no cotizan en Europa, especialmente cuando la persistencia de este fraude limita derechos fundamentales como la libre circulación de trabajadores europeos, quienes se encuentran con un mercado laboral público español desprovisto de las garantías de estabilidad que sí disfrutan en otros Estados miembros de la Unión.

Mientras la presión en los tribunales internacionales se intensifica, el panorama doméstico se hunde en la confusión jurídica. Un reciente dictamen del Tribunal Supremo ha venido a enredar aún más el laberinto normativo al dictaminar que la fijeza automática colisiona con los principios constitucionales de acceso al empleo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Como contrapartida, el alto tribunal español abre la puerta a una indemnización de hasta 10.000 euros para los damnificados por contratos abusivos. Esta solución, sin embargo, es percibida por los afectados como una limosna judicial lenta y costosa, una vía que obliga a las víctimas a afrontar años de litigios y gastos económicos sin que exista una garantía real de reparación integral.

Frente a este escenario de bloqueo, el Gobierno se ha visto obligado a convocar de urgencia un grupo de trabajo con comunidades autónomas y ayuntamientos para intentar diseñar a contrarreloj medidas disuasorias que frenen la sangría. Pero los interinos ya no creen en las comisiones de estudio ni en las promesas de enmienda. Con las líneas rojas entregadas en el Congreso y la conexión directa con Bruselas plenamente activa, el colectivo ha dejado claro que la batalla actual no entiende de treguas políticas. Los interinos van a por todas, decididos a forzar una reforma legislativa profunda que castigue a las administraciones infractoras y devuelva la dignidad laboral a los miles de profesionales que sostienen los servicios públicos del país.