España convive desde hace más de una década con un problema que todos reconocen y que nadie parece capaz de resolver: el uso abusivo, sistémico y persistente de contratos temporales en el sector público para cubrir necesidades que son, en la práctica, estructurales. Lo que durante años se percibió como una anomalía administrativa ha terminado convirtiéndose en un riesgo jurídico, político y financiero. Y ahora, además, en una amenaza inmediata para la recepción de fondos europeos.
El gobierno tiene apenas unos meses para ofrecer una solución “real y efectiva” si quiere evitar la pérdida de 626 millones de euros comprometidos en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El calendario, como acostumbra a suceder en España, pesa más que la convicción reformista. Pero esta vez el margen de maniobra es estrecho, y el nivel de escrutinio europeo, mucho mayor.
Un conflicto viejo que Europa reabre
El quid de la cuestión se encuentra en la Directiva 1999/70, que busca evitar el abuso de la contratación temporal. España decidió aplicarla a su manera: cubrir vacantes permanentes mediante encadenamientos contractuales que pueden prolongarse durante lustros.
El Tribunal Supremo, consciente de la contradicción entre la estabilidad que reivindica el personal en abuso y los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, decidió en mayo de 2024 plantear dos preguntas prejudiciales al TJUE. Su intención era obtener una respuesta clara: ¿obliga el derecho europeo a convertir en personal fijo a quienes encadenan contratos temporales? Y si no, ¿basta con ofrecer una indemnización para compensar el abuso?
La publicación, el pasado 9 de octubre, del dictamen del Abogado General del Tribunal de Justicia ha elevado el tono y la complejidad del debate. Su opinión no solo cuestiona la adecuación del marco español, sino que sugiere que las soluciones implementadas hasta ahora por España ni previenen ni sancionan de forma efectiva las prácticas abusivas.
Europa dice “no”
El análisis del Abogado General es preciso y jurídicamente frío. Admite que la normativa europea no obliga a convertir en fijos a los trabajadores temporales abusados. Reconoce la legitimidad del sistema de acceso español, basado en los principios constitucionales mencionados. El TJUE, recuerda, nunca ha exigido abrir la puerta de la función pública a quien no ha superado un proceso selectivo competitivo.
Pero esa constatación abre automáticamente otra exigencia: si España no fija a estos trabajadores, debe aplicar otra medida igual o más efectiva para castigar el abuso y reparar a la víctima. No una medida formal, sino una realmente disuasoria.
El veredicto técnico es incómodo: las indemnizaciones previstas actualmente no cumplen ese estándar. Tienen límites máximos, no varían según la gravedad del abuso, y no reparan íntegramente los daños acumulados durante años de precariedad institucional. Ni siquiera el mecanismo de responsabilidad patrimonial del Estado se considera adecuado, pues exige probar un perjuicio específico en un contexto donde la carga de la prueba recae sobre el trabajador, en clara desventaja frente a la Administración.
Por otro lado, ninguna de las vías abiertas por los gobiernos españoles en la última década satisface las exigencias del derecho europeo. No sirven los procesos de estabilización previstos en la Ley 20/2021, aun reconociendo experiencia previa, están abiertos a aspirantes que no han sufrido abuso. Por tanto, no sancionan la conducta administrativa que la Directiva quiere erradicar.
A Europa tampoco le convence la figura del indefinido no fijo porque es, a ojos del Abogado General, un parche conceptual: transforma un abuso en otro tipo de temporalidad sin resolver la raíz del problema. Además, las sanciones internas a autoridades o empleados que propician estos abusos apenas existen sobre el papel. En la práctica, no hay procedimientos disciplinarios. Son mecanismos, en palabras del dictamen, “abstractos y teóricos”.
Europa pide algo concreto, previsible y aplicable. España ofrece principios generales y una cultura administrativa marcada por el “esto siempre ha funcionado así”.
Tic, tac. Tic, tac
España afronta ahora una doble presión: la de los tribunales y la de Bruselas. La amenaza de perder fondos presiona a corto plazo, la sentencia del TJUE, a medio. La política española, sin embargo, tiende a enfrentar los problemas estructurales solo cuando se convierten en emergencias financieras.
Resolver este dilema exige algo poco habitual: una reforma que respete los principios constitucionales, satisfaga a Europa, compense adecuadamente a los trabajadores afectados y disuada futuras irregularidades. Nada en el historial reciente del país sugiere que será sencillo.
Pero el tiempo se agota. Y una década de aplazamientos legislativos ha dejado claro que, en España, lo urgente siempre llega mucho antes que lo importante.