Ha llegado el momento de dejar de mirar el dedo cuando Europa señala la luna. La semana pasada, dos fogonazos desde Luxemburgo y Bruselas han iluminado lo obvio: en España no existe hoy una sanción eficaz frente al abuso de temporalidad en el sector público, y cuando la UE se cansa, pasa factura. El Abogado General Norkus lo ha puesto negro sobre blanco en Obadal (C-418/24): la UE no impone la fijeza automática, pero sí exige una sanción real, disuasoria y proporcionada; y los procesos selectivos sirven para el mañana, no para reparar el abuso de ayer. ¿El “indefinido no fijo” con la indemnización vigente? Tampoco alcanza. Dicho finamente… no cuela.
¿Cuál es el precio de seguir mareando la perdiz? Dinero y reputación. Bruselas recortó en torno a 1.100 millones de euros en el quinto pago del Plan de Recuperación a España (desembolso aprobado el 07-07-2025 y pagado el 08-08-2025), por hitos no cumplidos. Entre ellos, el de la compensación/sanción a los interinos. Se estima una cifra de 626 millones en la parte ligada a temporalidad. Si alguien quería una señal, aquí la tiene, con sello oficial de la Comisión para el pago, y el detalle económico explicado por la prensa especializada.
Por si faltaba poco, el TJUE ha recordado en Grecia que las sentencias se cumplen… o se pagan. Multa a tanto alzado de 5,5 millones y 12.500 euros diarios por no ejecutar un fallo de 2014 sobre el vertedero de Zakynthos. Traducción simultánea: la UE tiene dientes y no le tiembla el pulso. ¿Hace falta más pedagogía para entender qué viene después si el gobierno español sigue de perfil?
En España, el Ejecutivo de Pedro Sánchez defiende que la arquitectura actual (“indefinido no fijo” + indemnización low-cost + convocatorias) es suficiente. El dictamen del Abogado General explica, con paciencia de santo, por qué no: la sanción debe reparar, disuadir y garantizar estabilidad, y los concursos no son castigo del abuso, son gestión ordinaria. Si de verdad se pretende evitar la fijeza automática (que la UE no exige), hay que ofrecer una alternativa equivalente y eficaz: estabilización sancionadora individual (con garantías ad hoc de mérito y capacidad, sin competición abierta con terceros) o indemnización reforzada que duela al infractor, más un régimen de responsabilidad para quien incumpla plazos y cause el abuso. Parece complicado pero más difícil será explicar a los contribuyentes por qué llegan más recortes para pagar las multas millonarias que se avecinan desde Europa.
“Pero esto es un tema técnico”, dicen los defensores del aquello del mérito y capacidad y de la igualdad mal entendidos. Técnico es también un pagaré: los números siempre llegan. El propio acto de la Comisión sobre el quinto pago discute el “esquema de compensación para personal temporal” como elemento a valorar, y Bruselas ya descontó. Quien crea que esto es “una pelea jurídica” que se resuelve con titulares, no ha leído la letra pequeña del RRF. Los hitos son contrato, no literatura.
Y la moraleja europea del caso griego es devastadoramente simple: cuando un Estado no ejecuta, paga. ¿De verdad se pretende esperar a que Luxemburgo dicte la sentencia en Obadal para correr? El calendario no perdona, y la exposición financiera y litigiosa crecerá si España llega a 2026 sin sanción efectiva. Luego no digan que nadie avisó.
Mientras tanto, los afectados siguen oyendo la campanilla de los tribunales españoles (no la maza) que piden “prudencia” y “equilibrio”. Prudencia sí; autocomplacencia, no. Hay margen para una ley exprés que cierre el agujero con dos vías claras: estabilización sancionadora o indemnización realmente disuasoria, más responsabilidad del gestor. Si se hace ya, España puede recuperar lo recortado y, sobre todo, cumplir con los trabajadores a quienes se les prometió que la temporalidad dejaría de ser eterna. Si se deja para mañana, pagarán todos los españoles. Y no será una metáfora.