El problema de la temporalidad en el sector público español ha dejado de ser una cuestión meramente laboral para convertirse en un desafío que afecta al corazón de la estabilidad presupuestaria de España. El uso prolongado de empleados públicos interinos (calificado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como abuso estructural) amenaza con generar una crisis jurídica, económica y financiera de enormes proporciones. Este fenómeno, arraigado durante décadas en la administración española, comporta ahora riesgos que pueden alterar la senda fiscal del país durante años.
La reciente concentración de interinos frente al Congreso revela la dimensión social del conflicto, pero es solo la superficie visible de un problema mucho más profundo. Bajo esa protesta se esconde un entramado de obligaciones jurídicas incumplidas, pasivos contingentes no reconocidos y una acumulación de decisiones administrativas que han derivado en un riesgo sistémico. Si España continúa sin aplicar soluciones efectivas, el coste podría traducirse en una gigantesca factura para el Estado.
La estimación más repetida en los análisis económicos sitúa en 33.000 millones de euros el impacto potencial de indemnizar a los trabajadores afectados, una cifra equivalente al 2,5% del PIB. En términos del mercado, esto implicaría un aumento súbito del déficit público, un deterioro de la credibilidad fiscal y la necesidad de emitir deuda pública extraordinaria, precisamente en un momento en el que los tipos de interés continúan en niveles elevados. La comparación con crisis anteriores en países del sur de Europa resulta inevitable: los inversores penalizan con dureza a los Estados que, como España, mantienen riesgos ocultos o obligaciones no provisionadas.
A este escenario se suma la amenaza de multas coercitivas de la Unión Europea, que podrían alcanzar los 100.000 euros diarios si España continúa ignorando las sentencias del TJUE. Más allá del impacto simbólico, la continuidad de estas sanciones supondría un drenaje constante de recursos públicos y enviaría un mensaje devastador a los mercados: el de un Estado miembro incapaz de cumplir con el derecho europeo y atrapado en su propia inercia administrativa.
El problema adquiere una dimensión adicional cuando se observa su impacto en las comunidades autónomas, que concentran más del 60% del empleo público. Regiones como Andalucía, Cataluña o Madrid se enfrentan a potenciales indemnizaciones de entre 2.700 y 3.900 millones de euros cada una. Para unas administraciones ya lastradas por déficits estructurales y elevados niveles de deuda, la llegada de un coste extraordinario de esta magnitud pondría en riesgo la prestación de servicios esenciales y abriría la puerta a tensiones financieras inéditas. En un escenario extremo, no puede descartarse la necesidad de rescates autonómicos, un escenario que tendría implicaciones profundamente negativas para la imagen financiera del país.
Este riesgo se ve agravado por el hecho de que el Estado no reconoce formalmente estas posibles indemnizaciones como deuda contingente, algo que las agencias de calificación y los inversores internacionales sí tienen en cuenta. Basta mirar los precedentes de Grecia o Portugal para entender cómo este tipo de pasivos latentes pueden desencadenar revisiones a la baja en la calificación crediticia, encareciendo todavía más el coste de financiación de la deuda pública. El dato es especialmente sensible si se considera que España ya dedica más de 33.000 millones de euros anuales al pago de intereses.
El Gobierno ha intentado presentar la eliminación progresiva de la tasa de reposición como una medida modernizadora de la función pública. Sin embargo, desde la perspectiva jurídica y económica la reforma resulta insuficiente. La reducción de la temporalidad no elimina el núcleo del conflicto, ya que no corrige el abuso señalado por Europa ni resuelve las demandas acumuladas en los tribunales españoles. Es una respuesta estadística, no estructural, y por tanto incapaz de evitar el impacto económico que se cierne sobre las administraciones.
España se encuentra así atrapada entre tres alternativas, todas costosas: indemnizar conforme al criterio europeo, arriesgándose a un desequilibrio fiscal severo; regularizar a los afectados, lo cual abriría un intenso debate jurídico y político; o continuar aplazando la solución hasta que la Unión Europea imponga sanciones más severas. Ninguno de los tres caminos es inocuo, pero uno de ellos, la inacción, podría ser el más destructivo desde el punto de vista económico.
La factura del abuso no solo será jurídica o laboral. Será, ante todo, económica. Y cuanto más se retrase una solución efectiva, mayor será su coste para el Estado, las autonomías y los ciudadanos.