Interinos y elecciones: antes de prometer, enseñen el expediente

Se han convocado elecciones generales para el 29 de noviembre y, con la puntualidad de las aves migratorias, empieza esa época del año en que la política española redescubre determinados colectivos. Los autónomos vuelven a ser «el motor de la economía», los jóvenes recuperan durante unas semanas su condición de «futuro del país», los pensionistas se convierten en sagrados y los empleados públicos temporales salen del cajón donde habían pasado discretamente los últimos meses. El Real Decreto 806/2026 ha puesto fecha a las urnas y también, inevitablemente, al comienzo de la temporada de promesas. A los interinos les esperan fotografías, reuniones, comunicados y esa frase maravillosa que no compromete absolutamente a nada: «Hay que encontrar una solución definitiva». Después del 29 de noviembre, como tantas veces, el adjetivo «definitiva» corre el riesgo de volver a significar «ya veremos». Quizá por eso esta campaña debería desarrollarse al revés. En lugar de preguntar a los interinos a quién van a votar, habría que preguntar a quienes quieren sus votos qué están dispuestos a hacer. Y esta vez no bastaría con preguntarles por el futuro.

Porque antes de escuchar lo que cada partido promete hacer desde la Moncloa convendría mirar qué ha hecho cuando ya ha tenido el BOE, el DOGC, el boletín autonómico, la diputación o el ayuntamiento a su alcance. Ese es probablemente el examen más incómodo y, al mismo tiempo, el más útil. La mayor parte del empleo público español ni siquiera está en los ministerios de Madrid: la Estadística oficial del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas contabilizaba en enero de 2026 1.930.273 efectivos en el sector público de las comunidades autónomas, frente a 546.554 en el sector público estatal, y otros 594.898 en la Administración local, entre ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares. Es decir, la discusión sobre la temporalidad no vive únicamente en el Consejo de Ministros. Vive en hospitales, escuelas, servicios sociales, universidades, ayuntamientos, organismos autónomos y administraciones territoriales gestionadas desde hace años por partidos de prácticamente todos los colores. Y ahí aparece una pregunta bastante más interesante que «¿qué harán ustedes si gobiernan España?»: ¿qué están haciendo ustedes donde ya gobiernan?

La cuestión cambia por completo el debate. Un partido puede redactar para estas elecciones un programa magnífico sobre temporalidad y, al mismo tiempo, tener una comunidad autónoma donde encadena nombramientos, una diputación con plazas ocupadas durante años por temporales o un ayuntamiento que lleva varias legislaturas descubriendo, con admirable capacidad de sorpresa, que determinados servicios públicos son estructurales. Por eso, el cuestionario que deberían remitir las plataformas de interinos a todas las fuerzas políticas tendría dos columnas. En la primera, futuro: qué solución legislativa proponen, qué harán con quienes ya han sufrido abuso, qué indemnización consideran adecuada, qué régimen de estabilidad defienden y en qué plazo piensan aplicarlo. En la segunda, pasado y presente: en qué administraciones gobiernan, qué tasa de temporalidad tienen, cuántos empleados llevan más de tres, cinco, diez o quince años en situación temporal, qué procesos han impulsado, cuántos afectados han sido realmente estabilizados, cuántos han sido cesados y qué medidas han adoptado para sancionar el abuso ya producido. Sería una innovación política fascinante: comparar el programa electoral con la gestión real.

Además, a estas alturas ya resulta difícil sostener que todo esto sea únicamente una reivindicación gremial. El problema ha ido acumulando capas jurídicas hasta resultar bastante indigesto. El 29 de abril de 2026, la Comisión Europea decidió enviar a España un dictamen motivado en el procedimiento INFR(2014)4334 por considerar insuficiente la protección contra el uso abusivo de contratos sucesivos de duración determinada en el sector público; según la propia Comisión, las explicaciones españolas seguían siendo insatisfactorias y España debía adoptar las medidas necesarias. Dictámenes motivados de Abril 26. Antes, la Comisión ya había considerado revertido el hito 144 del Plan de Recuperación relativo a la reducción de la temporalidad, teniendo en cuenta, entre otros elementos, la jurisprudencia del TJUE, y había vinculado esa conclusión a la suspensión de desembolsos posteriores. También el Tribunal Supremo ha tenido que modificar posiciones en la jurisdicción social: la sentencia 475/2026 declaró la fijeza en el caso de una trabajadora que había superado un proceso para personal laboral fijo aunque no hubiera obtenido plaza, en aplicación del escenario abierto por Obadal. Sentencia abuso temporalidad Después de todo eso, responder «estudiaremos el problema» empieza a tener el encanto de quien llega al incendio cuando los bomberos ya están recogiendo las mangueras.

Pero hay una pregunta que debería repetirse hasta resultar incómoda. Si un partido considera que la fijeza no puede aplicarse por los principios de igualdad, mérito y capacidad, perfecto: que explique entonces cuál es la sanción efectiva que propone. No sirve afirmar simultáneamente que el abuso está prohibido, que convertir al trabajador en estable tampoco puede hacerse y que indemnizarlo depende de acreditar un daño casi microscópicamente individualizado. Una prohibición que no produce una consecuencia suficiente corre el riesgo de convertirse en algo bastante menos solemne que una institución jurídica: una recomendación. De ahí que el debate electoral no deba quedar atrapado en el simplismo de «fijeza sí o no». La pregunta es más profunda: ¿qué medida concreta, efectiva, proporcionada y disuasoria se aplicará a la Administración que ha abusado y qué reparación recibirá la persona que lo ha sufrido? Y, de nuevo, la prueba del algodón no estará sólo en el programa estatal. Si una formación lleva años gobernando una comunidad autónoma, una diputación o una gran ciudad, debería poder enseñar resultados antes de ofrecer intenciones.

La propuesta sería, por tanto, sencilla: enviar a todas las candidaturas el mismo documento y publicar íntegramente sus respuestas. Sin recomendar el voto para nadie y sin fabricar clasificaciones ideológicas. Que cada partido explique qué reconoce, qué ha hecho donde gobierna, qué piensa cambiar, qué norma modificará, qué reparación plantea y en qué plazo. Y junto a la respuesta, los datos de sus propias administraciones. Si gobierna una comunidad autónoma, que explique su situación en sanidad, educación y administración general. Si gobierna diputaciones o ayuntamientos, que detalle allí también la temporalidad. Si ha promovido procesos de estabilización, que diga cuál ha sido el resultado real y no únicamente cuántas plazas aparecieron en una convocatoria. Y si considera que todo está ya solucionado, mejor todavía: que aporte las cifras. Hasta ahora los interinos han tenido que acreditar contratos, nombramientos, antigüedad, méritos, cursos, servicios prestados, vida laboral y prácticamente hasta la existencia física de la silla donde llevan quince años sentándose. No parece excesivo pedir a los partidos una documentación parecida.

Después bastaría con publicar un cuadro muy poco espectacular y tremendamente informativo: lo que cada formación promete para después del 29 de noviembre y lo que ya ha hecho antes del 29 de noviembre. Sin adjetivos. Sin consignas. Sin el tradicional «la reunión se desarrolló en un clima de cordialidad». Porque ahí está quizá la gran oportunidad electoral del colectivo: no convertirse en hinchada de ningún partido, sino convertir a todos los partidos en examinados. Durante décadas han sido los interinos quienes han tenido que demostrar mérito, capacidad, experiencia y paciencia. Ahora que llegan las elecciones, podrían cambiarse las tornas por unos días. Que sean los candidatos quienes aporten méritos. Que enseñen la gestión realizada. Que acrediten resultados. Que expliquen el programa. Y que firmen debajo. Antes de pedir el voto a los interinos, que enseñen el expediente.