Interinos: la bomba judicial estalla en Bruselas y amenaza con sacudir a la Administración española

Con demandas admitidas en el Tribunal General y un dictamen demoledor del Abogado General, el abuso de los interinos pasa de problema nacional a escándalo europeo.

17 de Octubre de 2025
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Interinos: CGT

Durante décadas, los interinos han sido la cara invisible de la Administración pública española: ejecutores silenciosos de funciones estructurales sin recibir la estabilidad que un empleo público dignifica. Ahora, dos movimientos convergen para cambiar ese statu quo: el dictamen del Abogado General de la UE, que analiza la conversión automática de interinos a fijos frente al abuso de la temporalidad, y la admisión masiva por el Tribunal General de demandas de responsabilidad extrapatrimonial contra la Comisión Europea. Ambos activan una tensión jurídica, política y social que puede condensar una transformación histórica del empleo público en España.

Abogado General, un réquiem confuso

El pasado 9 de octubre quedó marcado como una fecha clave para los interinos españoles. El Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE, Rimvydas Norkus, emitió conclusiones respecto de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español: si la normativa española es compatible con el derecho comunitario al negar la conversión automática de interinos (o personal laboral temporal) que han encadenado contratos por abusos de temporalidad.

Norkus sostiene un principio fundamental: el Derecho de la Unión no exige convertir automáticamente al interino en funcionario si no ha superado los procesos selectivos pertinentes (oposiciones, concursos, concursos-oposiciones). Esa exigencia está en consonancia con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, enraizados en el Derecho español.

Sin embargo, el dictamen no se limita a confirmar lo ya admitido en la práctica española. Agrega una advertencia nítida. España está obligada, según Norkus, a adoptar “medidas efectivas, disuasorias y proporcionales” que eviten el abuso de contratos sucesivos e indefinidos no fijos.

En su análisis, los mecanismos legales actuales (como la indemnización al cese de 21 o 30 días por año trabajado con un límite) no son suficientes para reparar de forma adecuada ese daño cuando la duración del abuso es prolongada.

En otras palabras, Norkus no obliga a España a hacer fijos a los interinos de forma automática, pero exige que quienes han sido víctimas del abuso de la temporalidad tengan una indemnización real, y que ese remedio no sea un mero paliativo legal sin efectos prácticos. Si no hay medidas eficaces, el dictamen sugiere que la única sanción legítima podría ser la conversión o compensaciones plenamente adecuadas.

Este matiz es esencial. Aunque el dictamen no es vinculante  la jurisprudencia del Tribunal de Justicia suele seguir las conclusiones del Abogado General en buena medida.

Demandas ante el Tribunal General: ofensiva extraterritorial

Mientras tanto, los interinos no solo esperan la decisión europea: ya actúan. Desde abril de 2025, se han presentado múltiples demandas de responsabilidad extrapatrimonial contra la Comisión Europea, y según hemos publicado en exclusiva en Diario Sabemos, todas han sido admitidas a trámite por el Tribunal General de la UE (TGUE).

Una demanda emblemática es la presentada por la plataforma PINDOC y el abogado Josep Jover para una maestra de educación infantil que acumuló 18 años de interinidad sin estabilización ni indemnización justa. La reclamación apunta a que la Comisión Europea incurrió en una “omisión institucional” al no sancionar suficientemente el abuso de temporalidad en España, pese a sus competencias de supervisión del Derecho de la Unión.

La admisión de estas demandas no es solo simbólica: echa luz sobre una vía jurídica poco explorada, que sitúa a la propia Unión Europea como responsable indirecta del escenario de precariedad. Si el TGUE dictamina que la Comisión incumplió obligaciones comunitarias al no imponer medidas coercitivas al Estado español, podría abrir un frente de responsabilidad directa que complemente las reclamaciones nacionales.

No obstante, el camino será arduo, pero el mero hecho de que la UE acepte ese debate judicial forja un nuevo punto de presión en la política española del empleo público.

Tensiones políticas, sociales y administrativas

Estos avances jurídicos no ocurren en un vacío. En España, más de 700.000 personas son interinas en la Administración pública, y otros tantos ocupan plazas temporales o “indefinidas no fijas” dentro del empleo público. La crítica es que muchas de esas plazas estructurales nunca se han licitado, mientras el Estado mantiene una ficción legal de temporalidad perpetua.

El dictamen del Abogado General llega en un momento de tensión política para el gobierno de Pedro Sánchez. El riesgo es que la estabilización ambicionada de los interinos choque con los principios constitucionales de igualdad y concurrencia en la Función Pública. Además, el gobierno tendrá presión para actuar (o quedar expuesto a demandas masivas) si no se adoptan medidas sancionadoras y compensatorias devolutivas.

Por su parte, sindicatos como CGT y plataformas de interinos han celebrado el avance judicial como una victoria parcial: la combinación de doctrina europea y litigio ante el TGUE les ofrece un balón de oxígeno frente a la inacción estatal. Pero también saben que los desafíos técnicos y políticos son inmensos: una ley de estabilización robusta, procesos selectivos que valoren la experiencia acumulada, compensaciones proporcionales, mecanismos de vigilancia administrativa... todo ello forma un rompecabezas complejo.

Tres escenarios posibles

En primer lugar, está el escenario moderado por el que España legisla medidas sancionadoras reales (mayores indemnizaciones, criterios de consolidación especializados, límites a la temporalidad) sin reconocer la fijeza automática. Esta vía respetaría el dictamen del Abogado General, al tiempo que evita rupturas del sistema público de empleo.

En segunto término, se encontraría un escenario maximalista por el que, ante una sentencia firme del TJUE que imponga la conversión automática para los casos de abuso, España se enfrenta a la necesidad de estabilizar a cientos de miles de interinos de golpe. Eso generará presiones presupuestarias y administrativas y reabrir debates sobre mérito, capacidad y desigualdades entre generaciones de funcionarios.

Finalmente, está mantener la parálisis por la que el gobierno postergue las reformas, intentando salir del paso con gestos parciales mientras la litigación europea avanza lentamente. Es decir, lo que se viene haciendo desde hace décadas. Este escenario prolonga la inseguridad jurídica y alimenta la frustración social, pero puede evitar enfrentamientos anticipados.

Nuevo contrato social público

Lo que está en juego va más allá de los intereses de los interinos. Se trata de cómo la sociedad española articula la legitimidad de su Administración: con reglas claras, estabilidad del empleo y control del abuso. El dictamen del Abogado General y la admisión de demandas ante el TGUE abren una etapa de rendición de cuentas.

El éxito del cambio dependerá de la capacidad de España para traducir obligaciones jurídicas en políticas practicables: una ley que sancione la temporalidad, mecanismos de conversión respetando las normas constitucionales, y un sistema de recursos humanos que reconozca la experiencia acumulada. Sin ello, la justicia europea corre el riesgo de chocar con la realidad institucional española.

En los próximos meses, el Tribunal de Justicia dictará sentencia definitiva sobre la cuestión prejudicial. Los interinos, mientras tanto, observan con expectativa: lo que parecía una reivindicación legal marginal podría convertirse en una revolución silenciosa de la función pública española.

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